Muchas personas acusadas de delitos relacionados con la seguridad fueron sometidas a juicios sin garantías, en los que se impuso a algunas la pena de muerte. Se conocieron casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía judicial. Se procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos por informar sobre presuntas torturas. La población palestina refugiada continuaba sufriendo discriminación, lo que dificultaba el disfrute de su derecho al trabajo, la salud, la educación y una vivienda adecuada. Otras personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron detenidas y, en algunos casos, devueltas a sus países de origen a pesar de que corrían peligro de sufrir graves abusos allí. Las mujeres seguían siendo objeto de discriminación, aunque se derogó una ley que establecía penas poco severas para los responsables de homicidios en nombre del “honor”. Los trabajadores y trabajadoras migrantes, especialmente las empleadas domésticas, no gozaban de protección suficiente frente a los abusos y la explotación. Ocho personas fueron condenadas a muerte, pero no hubo ejecuciones.
El gobierno de coalición del primer ministro Saad Hariri cayó en enero. La situación política entró entonces en un punto muerto que no se resolvió hasta junio, cuando asumió el poder un nuevo gobierno encabezado por Nayib Mikati y respaldado por Hezbolá.
Continuaron las tensiones a lo largo de la frontera sur con Israel. El 15 de mayo, según la ONU, 7 refugiados palestinos murieron y 111 personas resultaron heridas cuando tropas israelíes dispararon contra refugiados palestinos y otras personas que se habían concentrado en la frontera para conmemorar el día de la Nakba y que, en algunos casos, intentaron entrar en Israel.
Al menos tres personas murieron y otras resultaron heridas por bombas de racimo y minas terrestres israelíes abandonadas en el sur de Líbano en años anteriores.
En junio, el Tribunal Especial para el Líbano, creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar a las personas acusadas de asesinar al ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005 y de otros delitos conexos, dictó sus primeras actas de acusación formal. Los acusados eran cuatro miembros de Hezbolá, que continuaron en libertad. Hezbolá expresó su desacuerdo y aseguró que no ofrecería su colaboración.
Se detuvo a personas sospechosas de delitos relacionados con la seguridad, y al menos 50 de ellas fueron juzgadas ante tribunales militares. Algunas estaban acusadas de colaborar con Israel o espiar para ese país, y al menos 9 de éstas fueron condenadas a muerte. Sus juicios, celebrados ante tribunales militares, fueron injustos: entre los jueces había militares en activo y no existían garantías de independencia e imparcialidad. Algunos acusados denunciaron haber sido sometidos a tortura u otros malos tratos durante su detención preventiva a fin de que “confesaran”, pero, en general, los tribunales no investigaron adecuadamente estas denuncias ni rechazaron las “confesiones” impugnadas.
El 3 de septiembre, Fayez Karam, alto cargo del partido político Movimiento Patriótico Libre, fue declarado culpable de proporcionar información al Mossad (la agencia de inteligencia de Israel) a cambio de dinero y condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados. Según declaró ante el tribunal militar que lo condenó, miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna lo habían torturado tras su detención, en agosto de 2010, para obligarlo a hacer una “confesión”, de la que se retractó posteriormente. Presentó un recurso de apelación.
El 11 de octubre, miembros de las fuerzas de seguridad sirias detuvieron a Shekh Hassan Mchaymech, clérigo chií, y lo entregaron a las Fuerzas de Seguridad Interna. Había sido detenido y, según informes, torturado en Siria como sospechoso de proporcionar información al Mossad. Tras quedar en libertad fue entregado a las autoridades libanesas, que lo recluyeron en régimen de incomunicación, primero en el centro de detención de las Fuerzas de Seguridad Interna en Beirut y posteriormente en la prisión de Rumieh, hasta que a principios de diciembre su familia obtuvo autorización para visitarlo por primera vez.
Se denunciaron casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía judicial.
El gobierno aún no había creado un órgano de vigilancia independiente para realizar visitas a prisiones y centros de detención, lo que suponía incumplir una de las exigencias del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ratificado por Líbano en 2008.
En abril, cuatro internos de la prisión de Rumieh, en Beirut, murieron en circunstancias poco claras cuando las fuerzas de seguridad reprimieron una protesta de los reclusos contra el hacinamiento y la prolongada detención preventiva. El ministro del Interior encomendó al jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna que llevase a cabo una investigación, pero los resultados no se hicieron públicos.
Varios activistas de los derechos humanos sufrieron hostigamiento por denunciar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y por partidos políticos.
Saadeddine Shatila, activista de los derechos humanos que trabajaba para la ONG Alkarama, fue acusado de “publicar información lesiva para la reputación de las fuerzas armadas libanesas” por haber remitido al relator especial de la ONU sobre la tortura y a otras personas información sobre casos de presunta tortura. Al finalizar el año, el juez militar encargado de la instrucción continuaba examinando el caso.
El 22 de marzo, el fiscal general interrogó a Marie Daunay y Wadih al Asmar, miembros del personal del Centro Libanés para los Derechos Humanos, tras haber presentado el partido político Amal, encabezado por Nabih Berri el presidente del Parlamento, una querella contra el Centro por haber informado sobre presuntas torturas a manos de personas afiliadas al partido. La causa seguía abierta al finalizar el año.
En torno a 300.000 refugiados palestinos, residentes en Líbano desde hacía mucho tiempo, continuaban sufriendo discriminación y se veían privados de una serie de derechos de los que sí disfrutaba la ciudadanía libanesa. No se les permitía ejercer determinadas profesiones ni heredar bienes. Un número indeterminado de ellos continuaban viviendo en Líbano sin documentos de identidad oficiales, lo que les privaba aún de más derechos. Por ejemplo, continuaban sin poder registrar matrimonios, nacimientos y defunciones.
En 2011 regresaron al campo de refugiados de Nahr al Bared, cerca de Trípoli, en el norte de Líbano, más de 1.400 palestinos que habían huido de los enfrentamientos registrados allí en 2007, pero más de 25.000 continuaron desplazados.
Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la ley y en la práctica y siendo víctimas de violencia de género, incluida la ejercida por familiares varones. No obstante, el gobierno derogó en agosto el artículo 562 del Código Penal, que permitía la reducción de la condena impuesta a una persona declarada culpable de matar o lesionar a familiares si se consideraba que el delito se había cometido para defender el “honor” de la familia. Ese mismo mes se modificó el Código Penal para definir el delito de trata de personas y establecer penas para quienes lo cometiesen.
Las mujeres libanesas seguían sin poder transmitir su nacionalidad a su esposo e hijos, pero en septiembre se modificaron las leyes laborales para eliminar las restricciones impuestas en materia de empleo a los cónyuges no libaneses y a los hijos de mujeres libanesas. Al concluir 2011 no estaba claro qué impacto habían tenido estas reformas. Por otra parte, el Parlamento debatió, pero no aprobó, un anteproyecto de ley que penalizaba la violencia intrafamiliar, incluida la violación conyugal.
Las empleadas domésticas extranjeras continuaban sufriendo explotación y abusos, incluidos abusos sexuales, por parte de sus empleadores, y la ley no les ofrecía la protección adecuada. No obstante, en el Parlamento se estaba debatiendo un anteproyecto de ley que establecía los derechos de las personas que trabajaban en el servicio doméstico.
Decenas de personas refugiadas y solicitantes de asilo, en su mayoría iraquíes y sudaneses, continuaban encarceladas tras haber cumplido su condena, impuesta por entrada irregular en Líbano, o haber sido absueltas. Muchas estaban recluidas en condiciones deplorables en un centro subterráneo de los servicios de Seguridad General en Adliyeh, Beirut, o en la prisión de Rumieh, y se las obligaba a escoger entre continuar recluidas de forma indefinida o volver “voluntariamente” a sus países de origen.
Se expulsó al menos a 59 solicitantes de asilo o refugiados reconocidos, en contravención del derecho internacional sobre refugiados.
El refugiado sudanés Muhammad Babikir Abd al Aziz Muhammad Adam, que había sido detenido en enero de 2010 y condenado en marzo de ese año a un mes de prisión por violar una orden de expulsión, permaneció recluido hasta enero de 2011, cuando lo trasladaron en avión a Noruega para reasentarlo allí. Afirmó que, entre septiembre y noviembre de 2010, fue sometido a malos tratos y a periodos prolongados de reclusión en régimen de aislamiento, y que en numerosas ocasiones intentaron devolverlo a Sudán, donde estaba expuesto a sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos.
El 1 de julio, el gobierno se comprometió a solicitar a las autoridades sirias información sobre la suerte que habían corrido los “libaneses detenidos y en paradero desconocido” y a adoptar otras medidas para abordar el legado de graves abusos cometidos en el pasado, entre ellas la creación de un comité nacional de seguimiento de las desapariciones forzadas. Sin embargo, el gobierno no tomó apenas medidas para abordar los miles de casos de personas que continuaban en paradero desconocido desde la guerra civil de 1975-1990, entre las que había víctimas de desaparición forzada.
Ocho personas fueron condenadas a muerte, incluidas cinco juzgadas in absentia, pero no hubo ejecuciones. La última ejecución había tenido lugar en 2004.
En enero de 2011, un tribunal penal condenó a muerte a Radwan Khalaf Najm, ciudadano sirio, por asesinato.
