Liberia
Jefa del Estado y del gobierno
Ellen Johnson Sirleaf
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
4,1 millones
Esperanza de vida
56,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
112 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
59,1 por ciento

Las prolongadas demoras en el sistema judicial daban lugar a un atroz hacinamiento en las cárceles, ya que la mayoría de los reclusos estaban en espera de juicio, sufriendo unas condiciones inhumanas. Los abusos contra los derechos humanos de las mujeres y niñas, incluidas la violación y otras formas de violencia sexual, seguían siendo generalizados. La policía usó fuerza excesiva durante manifestaciones.

Información general

El 11 de octubre se celebraron elecciones presidenciales y legislativas. Ningún candidato presidencial obtuvo una mayoría clara, y el 8 de noviembre se celebró una segunda vuelta de los comicios. El principal partido opositor, Congreso por el Cambio Democrático (CDC), boicoteó la segunda vuelta, y la presidenta en ejercicio, Ellen Johnson Sirleaf, fue declarada vencedora con el 90,7 por ciento de los votos.

Más de 173.000 personas refugiadas de nacionalidad marfilense entraron en Liberia entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 a raíz de la violencia postelectoral en la vecina Costa de Marfil. Al terminar 2011, la entrada de personas refugiadas casi se había detenido, y algunas comenzaron a regresar a Costa de Marfil.

En noviembre, la presidenta, Ellen Johnson Sirleaf, y la defensora de los derechos humanos Leymah Gbowee fueron dos de las tres mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz “por su lucha no violenta por la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente en la labor de construcción de la paz”.

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Impunidad

No se registraron avances en lo relativo a poner a disposición de la justicia a las personas responsables de las graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en los años de conflicto armado y violencia. No se aplicó la recomendación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación relativa a establecer un tribunal penal para enjuiciar a las personas identificadas como responsables de delitos de derecho internacional; tampoco se aplicaron la mayoría de las recomendaciones relativas a reformas legales y otras reformas institucionales, rendición de cuentas e indemnizaciones.

En marzo, el Tribunal Especial para Sierra Leona, con sede en La Haya, concluyó las vistas de presentación de pruebas en el juicio del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, que se enfrentaba a cargos por su responsabilidad penal individual en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los 11 años de conflicto armado en Sierra Leona. No se presentaron cargos en su contra por delitos cometidos en Liberia, ya que la competencia del Tribunal se circunscribía a los delitos cometidos en Sierra Leona. Al terminar el año continuaban las deliberaciones de los jueces.

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Pena de muerte

En marzo, en respuesta a las recomendaciones formuladas durante el examen periódico universal de la ONU, Liberia reconoció sus obligaciones internacionales contraídas en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que se adhirió en 2005, y afirmó que se estaban celebrando consultas con vistas a revocar la ley de 2008 que imponía la pena de muerte por los delitos de robo a mano armada, terrorismo y secuestro de vehículos, si daban lugar a muertes. Sin embargo, no se tomaron medidas adicionales para abolir la pena capital.

El Tribunal de Distrito de Voinjama, condado de Lofa, condenó a muerte a una persona por asesinato.

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Sistema de justicia

Las investigaciones policiales inadecuadas, la escasez de defensores públicos, la deficiente tramitación de las causas, la corrupción y una judicatura que carecía de capacidad para resolver los casos de manera oportuna contribuían a la acumulación de trabajo atrasado en el sistema de justicia penal. Aproximadamente el 80 por ciento de los reclusos estaban en espera de juicio; algunos permanecían encarcelados durante años antes de que se celebrara su juicio.

La prolongada reclusión de personas en espera de juicio impidió que el establecimiento de un programa piloto de libertad condicional y libertad a prueba en Monrovia y Gbarnga y de un programa de presencia personal de magistrados redujera de modo significativo el número de presos preventivos.

A menudo, a la gente se le exigía un pago por servicios supuestamente gratuitos, por ejemplo para que la policía llevase a cabo investigaciones. Los magistrados denegaban de manera casi sistemática la libertad bajo fianza. La judicatura carecía de independencia.

Era frecuente que los tribunales consuetudinarios no funcionaran con arreglo a las normas del debido proceso. Continuaba llevándose a cabo la práctica de la ordalía, en la que la inocencia o culpabilidad de la persona acusada se decidía de manera arbitraria, en ocasiones mediante tortura u otros malos tratos.

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Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión eran extremadamente deficientes. En varias prisiones, los reclusos estaban hacinados en celdas oscuras y sucias, con servicios de salud absolutamente inadecuados y falta de ventilación y de tiempo al aire libre. La higiene y el saneamiento eran deficientes, y los reclusos no disponían en grado suficiente de alimentos, agua potable y elementos indispensables, como ropa de cama limpia y artículos de aseo.

En julio, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf lanzó la Política y Plan Nacionales de Salud para 10 años. Como piedra angular de esta política se incorporaban los servicios de salud en las prisiones: el nuevo Conjunto de Medidas Esenciales de Servicios de Salud. Sin embargo, al terminar el año no se había implementado.

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Policía y fuerzas de seguridad

Pese a algunas mejoras, la inadecuada protección policial impulsó a algunas comunidades a formar grupos parapoliciales.

Según informes, la policía usó reiteradamente fuerza excesiva durante operaciones de orden público.

  • El 11 de marzo, la policía golpeó a estudiantes que se manifestaban, 17 de los cuales necesitaron tratamiento médico. La presidenta estableció un comité de investigación que presentó su informe en junio. El comité concluyó que la policía había usado fuerza excesiva y recomendó la suspensión del inspector general de la Policía Nacional de Liberia y la destitución del vicedirector de Operaciones. Este último fue suspendido sin sueldo por un periodo de dos meses. No se tomaron medidas contra el inspector general.
  • El 7 de noviembre, la policía abrió fuego contra partidarios del CDC durante una manifestación: mató al menos a una persona y causó heridas a muchas más. La presidenta estableció una comisión encargada de investigar la violencia, que presentó sus conclusiones el 25 de noviembre. La comisión concluyó que la policía había usado fuerza excesiva y, de conformidad con sus recomendaciones, el inspector general de la Policía Nacional de Liberia fue destituido.
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Libertad de expresión

Los periodistas seguían haciendo frente a hostigamiento, y en algunos casos a amenazas y agresiones.

  • El 22 de enero, el Tribunal Supremo condenó a Rodney Sieh, redactor jefe del periódico de titularidad privada Front Page Africa, a 30 días de cárcel por desacato. Rodney Sieh había publicado una carta en la que se criticaba a un juez del Tribunal Supremo. Quedó en libertad dos días después, tras la intervención de la presidenta Sirleaf.
  • El 7 de noviembre, tras la petición formulada por los ministerios de Justicia e Información, el juez de distrito del Tribunal Penal A dictó una orden por la que se cerraban temporalmente tres medios de comunicación; la orden fue ejecutada por policías armados de la Unidad de Respuesta Urgente. Se acusó a los medios de difundir mensajes de odio en relación con la concentración del CDC y la posterior violencia. El 15 de noviembre, los directivos de esas empresas fueron declarados culpables. Sin embargo, el tribunal decidió que “en esta ocasión” no habría castigo y ordenó la reapertura de los medios de comunicación.
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Derechos de la infancia

Había un solo tribunal de menores, con sede en Monrovia, y el sistema de justicia de menores seguía siendo débil y careciendo de centros de rehabilitación y detención para niños y niñas en conflicto con la ley. A los menores se los encerraba habitualmente en calabozos policiales junto con adultos.

La mutilación genital femenina seguía siendo una práctica generalizada y se le realizaba de manera habitual a niñas de entre 8 y 18 años de edad, y en algunos casos a niñas de tan sólo 3 años. La legislación liberiana no la prohibía explícitamente.

  • En julio, dos mujeres acusadas de llevar a cabo actos de mutilación genital femenina forzosa fueron declaradas culpables de secuestro, retención dolosa y robo, y fueron condenadas a tres años de cárcel.
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Derechos de las mujeres

La violación y otras formas de violencia sexual, la violencia intrafamiliar y los matrimonios forzados y precoces seguían siendo prácticas generalizadas. La mayoría de los casos de violación denunciados afectaban a niñas menores de 18 años. Las unidades asignadas a delitos de violencia sexual y de género de las comisarías de policía carecían de personal y recursos suficientes, y se esforzaban por sacar adelante su trabajo.

No había refugios en funcionamiento para supervivientes de violencia de género. El Ministerio de Género y Desarrollo se hizo cargo de la gestión de dos refugios, antes regentados por ONG, en los condados de Bong y Lofa, y los cerró temporalmente. Sin embargo, al terminar el año aún no se habían reabierto.

La mortalidad materna seguía siendo elevada. El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) atribuía este hecho a la grave escasez de personal médico cualificado, la inadecuada atención obstétrica de urgencia, los débiles sistemas de derivación de pacientes, el deficiente estado nutricional de las mujeres embarazadas y el número extremadamente elevado de embarazos de adolescentes. En marzo, la presidenta lanzó un plan quinquenal para reducir las muertes maternas y de recién nacidos en el país.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Liberia en julio, septiembre y noviembre.