Libia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Árabe Libia Popular y Socialista

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Libia is now live »

Jefe del Estado: Muamar al Gadafi
Jefe del gobierno: Al Baghdadi Ali al Mahmudi (sustituyó a Shukri Ghanem en marzo)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, haciendo uso de fuerza excesiva, mataron al menos a 12 personas al disolver una manifestación y dieron muerte a un preso durante unos disturbios penitenciarios. Más de 150 personas recluidas por motivos políticos quedaron en libertad en virtud de indultos. La libertad de expresión y asociación siguió sometida a severas restricciones. Varias personas de nacionalidad libia sospechosas de activismo político en el extranjero fueron detenidas u hostigadas por otros medios al volver al país. Por segunda vez se condenó a muerte por fusilamiento a cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino. Continuó preocupando el trato que recibían las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. No se avanzó en el esclarecimiento de la suerte o el paradero de las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en años anteriores.

Información general

Siguieron mejorando las relaciones con Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Estados Unidos restableció relaciones diplomáticas plenas con Libia en mayo y, más tarde, eliminó a este país de una lista de Estados a los que consideraba patrocinadores del terrorismo.

En marzo, Shukri Ghanem fue sustituido por Al Baghdadi Ali al Mahmudi como primer ministro. Shukri Ghanem había promovido un amplio programa de reformas a las que se habían opuesto otras personalidades influyentes.

Las autoridades anunciaron la creación de nuevos mecanismos encargados de abordar cuestiones de derechos humanos e investigar denuncias de la ciudadanía sobre violaciones de estos derechos, pero proporcionaron escasa información sobre dichos órganos y su funcionamiento.

Uso de fuerza excesiva: Homicidios de manifestantes en Bengasi

Al menos 12 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en febrero, cuando la policía de Bengasi abrió fuego contra manifestantes que protestaban por la publicación, en varios periódicos europeos, de unas viñetas que representaban al profeta Mahoma, y por la actitud de un ministro del gobierno de Italia que había aparecido en la televisión de ese país con una camiseta en la que se reproducía una de las viñetas. Según declaraciones oficiales, la manifestación, en la que participaron varios cientos de personas, había empezado pacíficamente, pero la violencia estalló cuando un grupo de manifestantes apedreó el consulado italiano en Bengasi y se enfrentó a la policía que protegía el edificio, que, en respuesta, disparó fuego real. Durante los días siguientes se celebraron más manifestaciones en Bengasi y en otras ciudades del este, como Tobruk y Darna, que las fuerzas de seguridad también disolvieron haciendo uso excesivo de la fuerza y que, según informes, se saldaron con, al menos, cinco muertes más.

Las autoridades denunciaron públicamente el uso de fuerza excesiva y destituyeron al Secretario del Comité General del Pueblo para la Seguridad Pública, equivalente al cargo de ministro del Interior. En junio, las autoridades manifestaron que la Fiscalía General había iniciado las investigaciones necesarias inmediatamente después de haber sido informada sobre el incidente y había acusado a 10 altos cargos de delitos como dar órdenes de utilizar armas de fuego ilegalmente. Sin embargo, al concluir el año no se tenía conocimiento de que se los hubiera procesado.

Homicidios en la prisión de Abu Salim

En octubre murió un preso, Hafed Mansur al-Zwai, y varios más resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron a reclusos en la prisión de Abu Salim, en Trípoli. Una semana después, la Fiscalía General anunció que había abierto una investigación, pero los resultados aún no se habían dado a conocer al finalizar el año. Según los informes iniciales, la muerte había ocurrido por impacto de bala, pero en el informe de la autopsia oficial se indicaba que la causa había sido un golpe en la cabeza. La Fiscalía General declaró que otros tres presos y ocho agentes de policía habían necesitado tratamiento hospitalario, pero fuentes no oficiales aseguraron que se había trasladado al hospital a nueve reclusos para que los trataran por heridas de bala y de otro tipo. El incidente se produjo cuando se devolvió a prisión a decenas de presos tras el aplazamiento de una vista judicial en un tribunal penal especializado en delitos relacionados con el terrorismo. Contra ellos pesaban cargos de pertenencia a una organización prohibida (según informes, el Grupo de Combate Islámico de Libia) y delitos relacionados con el terrorismo.

En julio, las autoridades informaron de que se había puesto en marcha una investigación sobre el homicidio hasta de 1.200 detenidos tras los disturbios ocurridos en la prisión de Abu Salim en 1996. No se facilitó información detallada al respecto.

Excarcelaciones de presos políticos

En enero, seis presos políticos -Muftah al-Mezeini, Awad al-Urfi, Ahmed Zaed, Musa al-Shaeri, Salah Khazzam y Ahmed al-Khafifi- quedaron en libertad por motivos de salud. El Tribunal Popular había declarado culpable a Ahmed al-Khafifi de apoyar a una organización proscrita y lo había condenado a cadena perpetua. El Tribunal Popular, abolido en 2005, era un tribunal especial para causas políticas en el que se violaban sistemáticamente los derechos de los acusados.

En marzo, unos 130 presos políticos, incluidas varias decenas de presos de conciencia, quedaron en libertad en virtud de un indulto. Entre ellos se encontraban unos 85 miembros del Grupo Islámico Libio (también conocido como Hermandad Musulmana), muchos de los cuales llevaban recluidos desde 1998. La Fundación Gadafi para el Desarrollo (antes conocida como Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas), presidida por Saif al Islam al Gadafi, hijo de Muamar al Gadafi, había concluido que dichos presos no habían utilizado ni promovido la violencia. Las condenas que el Tribunal Popular les había impuesto en 2002 habían sido anuladas por el Tribunal Supremo en septiembre de 2005, pero un tribunal inferior las había vuelto a imponer en febrero. Dos de ellos habían sido condenados a muerte y otros a prolongados periodos de prisión. Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia, mientras que las autoridades mantenían que sus condenas habían sido justas e impuestas por un tribunal penal ordinario, por cargos relativos al establecimiento de una organización secreta prohibida con el propósito de derrocar el sistema político.

También salió en libertad Abdurrazig al-Mansouri, escritor y periodista que había sido condenado a 18 meses de prisión en 2005 por posesión de una pistola sin licencia aunque, al parecer, la verdadera razón de su encarcelamiento había sido una serie de artículos críticos sobre política y derechos humanos en Libia que había publicado en un sitio web de noticias poco antes de su detención.

Al parecer, en algunos casos la libertad se había concedido bajo ciertas condiciones; en particular, a los miembros de la Hermandad Musulmana se los obligó, según informes, a firmar un documento por el que se comprometían a no emprender ninguna actividad política.

En noviembre quedaron en libertad unos 20 presos políticos de nacionalidad jordana, libanesa, libia y siria. Formaban parte de un grupo de 52 personas detenidas en Bengasi en 1990, acusadas de intentar derrocar al gobierno y de propagar ideas subversivas procedentes del extranjero. Algunos afirmaron que los habían torturado durante su reclusión en régimen de incomunicación. Todos ellos se encontraban entre las 23 personas condenadas a cadena perpetua en 1991 por el Tribunal Popular.

Restricciones a la libertad de expresión y asociación

Los derechos a la libertad de expresión y asociación continuaron sometidos a severas restricciones. En agosto, Saif al Islam al Gadafi criticó las restricciones en vigor, incluida la falta de libertad de prensa y el control de ésta por cuatro periódicos de propiedad estatal, y abogó públicamente por una reforma política, afirmando que había personas encarceladas sin razón. Sin embargo, posteriormente ese mismo mes, Muamar al Gadafi instó a sus simpatizantes a «matar a los enemigos» si pedían cambios políticos.

Fathi el-Jahmi siguió privado de libertad en un lugar desconocido, probablemente un centro especial de la Agencia de Seguridad Interna, y, según informes, sólo podía recibir visitas de familiares cada varios meses. Había sido recluido en marzo de 2004 tras criticar al jefe del Estado libio y pedir una reforma política en entrevistas con medios internacionales, por lo que Amnistía Internacional lo consideraba preso de conciencia. Según las autoridades, se lo estaba juzgando por cargos relativos al intercambio de información perjudicial para el interés nacional con un Estado extranjero, y tenía acceso a asistencia letrada. Sin embargo, no comunicaron dónde se lo estaba enjuiciando.

Varias personas de nacionalidad libia sospechosas de activismo político en el extranjero fueron detenidas o intimidadas por otros medios al volver al país, al parecer después de haber recibido en algunos casos garantías oficiales de que no se las detendría.

Idriss Boufayed, crítico con el gobierno desde tiempo atrás, fue aprehendido y recluido en régimen de incomunicación a principios de noviembre. Las autoridades no informaron a su familia de las razones de su detención ni del lugar donde se lo había recluido. Según informes no confirmados, podría haber estado bajo custodia en un hospital psiquiátrico de Trípoli. Idriss Boufayed había sido reconocido como refugiado en Suiza, pero volvió a Libia en septiembre tras haber recibido, según informes, garantías de la embajada libia de que no correría ningún peligro. Quedó en libertad a finales de diciembre.

En julio, las autoridades facilitaron información sobre Mahmoud Boushima y Kamel el-Kailani, aprehendidos y recluidos al volver a Libia procedentes de Reino Unido en julio de 2005. Según dijeron, se los acusaba de pertenencia al Grupo de Combate Islámico de Libia, y Mahmoud Boushima permanecía recluido en espera de que se investigase su caso. Kamel el-Kailani quedó en libertad en abril. Según informes, las autoridades habían garantizado a ambos que no serían detenidos cuando volvieran al país.

Pena de muerte

No se recibieron informes de ejecuciones durante el año, pero siguieron dictándose condenas de muerte.

En diciembre, cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino fueron condenados a muerte por fusilamiento tras ser declarados culpables de haber infectado deliberadamente de VIH a cientos de menores libios en un hospital de Bengasi en 1998. En su contra se utilizaron como prueba confesiones que, según los acusados, habían sido obtenidas mediante tortura, mientras que a los abogados de la defensa se les impidió solicitar la comparecencia de peritos médicos internacionales. Estos seis profesionales de la salud estaban recluidos desde 1999. En 2005, el Tribunal Supremo había anulado otras condenas de muerte dictadas contra ellos.

Derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas

Seguía preocupando el trato que recibían las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Según informes, los extranjeros detenidos por sospecharse que eran migrantes irregulares eran sometidos a palizas y otros abusos en los centros de detención, y se los expulsaba colectivamente sin permitirles acceder a asistencia letrada ni al examen de sus casos. En noviembre, con ocasión de una conferencia euroafricana sobre migración y desarrollo celebrada en Trípoli, las autoridades libias anunciaron que las expulsiones de migrantes habían aumentado de forma significativa. Desde el comienzo del año hasta el 6 de noviembre habían expulsado a unas 50.000 personas, en comparación con las menos de 5.000 expulsadas en 2004.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaraciones

  Libia: Amnistía Internacional expresa su satisfacción por la puesta en libertad de presos políticos (Índice AI: MDE 19/002/2006)

  Libia: Es preciso investigar las muertes en prisión (Índice AI: MDE 19/006/2006)

  Libia: Se deben anular las condenas de muerte impuestas a los profesionales de la salud extranjeros (Índice AI: MDE 19/007/2006)

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