Libia
Jefe del Estado
Muamar al Gadafi
Jefe del gobierno
Al Baghdadi Ali al Mahmudi
Pena de muerte
retencionista
Población
6,5 millones
Esperanza de vida
74,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
20/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
88,4 por ciento

Las autoridades restringían el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y reprimían prácticamente cualquier disidencia. Centenares de personas seguían recluidas de forma arbitraria por motivos de seguridad, incluidas algunas a las que habían absuelto los tribunales o que habían cumplido ya su condena, aunque se tuvo noticia de algunas excarcelaciones. Las personas de otros países sospechosas de haber entrado en Libia de forma irregular, incluidas las refugiadas y solicitantes de asilo, eran objeto de detención indefinida y malos tratos. Según los informes, se llevaron a cabo al menos 18 ejecuciones. El gobierno no hizo públicas las conclusiones de una investigación sobre un incidente ocurrido en la prisión de Abu Salim en 1996, cuando las fuerzas de seguridad mataron al parecer a centenares de reclusos; tampoco adoptó ninguna medida para hacer justicia a las víctimas de las flagrantes violaciones de derechos humanos perpetradas entre las décadas de 1970 y 1990.

Información general

En mayo y noviembre, respectivamente, Libia fue elegida miembro de dos consejos de la ONU: el Consejo de Derechos Humanos y el de un nuevo organismo creado para promocionar los derechos de las mujeres. En noviembre se procedió también a evaluar el historial de Libia en derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU; el gobierno rechazó recomendaciones en las que se le pedía no castigar con la pena capital los “delitos” relacionados con la libertad de expresión y revelar los nombres de las personas muertas en la prisión de Abu Salim, en Trípoli. No se llevó a cabo finalmente la visita que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria tenía previsto realizar a Libia, y el gobierno no accedió a una petición formulada por el relator especial de la ONU sobre la tortura para visitar el país.

Continuaron las negociaciones entre Libia y la Unión Europea (UE) sobre la firma de un acuerdo marco. A raíz de una visita, en octubre, de comisarios de la UE, Libia y la Unión Europea acordaron un programa conjunto de cooperación sobre control de la migración.

Se permitió salir del país a los hombres de negocios suizos Rachid Hamdani y Max Goeldi después de que quedaran en libertad en febrero y junio, respectivamente. Se los había recluido por cargos de motivación política y prohibido viajar a raíz de un enfrentamiento diplomático entre Libia y Suiza por la detención en Ginebra, en 2008, de un hijo del líder libio Muamar al Gadafi.

En diciembre, la Fundación Gadafi para el Desarrollo, dirigida por Saif al Islam al Gadafi, hijo del líder libio, anunció que ya no se ocuparía de cuestiones de derechos humanos.

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Represión de la disidencia

El gobierno siguió restringiendo de manera estricta la libertad de expresión, asociación y reunión, y sus detractores eran detenidos y corrían el riesgo de ser procesados en virtud de leyes que penalizaban la disidencia pacífica, como el Código Penal y la Ley 71 de 1972. Estos instrumentos legales prescribían castigos severos –incluida la pena de muerte– para actividades que no eran más que el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y asociación. Se puso en libertad a algunas personas.

  • El 8 de marzo se puso en libertad a Abdelnasser al Rabbasi antes de que cumpliera la pena de 15 años de cárcel que se le había impuesto por “menoscabar el prestigio del líder de la revolución” en un correo electrónico enviado al periódico Arab Times en el que criticaba al líder libio. Estaba recluido desde enero de 2003.
  • Jamal el Haji quedó en libertad el 14 de abril después de que el Tribunal de Seguridad del Estado lo absolviera del cargo de criticar al poder judicial. Había sido detenido en diciembre de 2009 tras haber presentado oficialmente una denuncia por los malos tratos que había sufrido bajo custodia entre febrero de 2007 y marzo de 2009.

Los medios de comunicación, controlados en gran medida por el Estado, eran objeto de grandes restricciones, si bien algunos periódicos privados vinculados a Saif al Islam al Gadafi siguieron formulando ciertas críticas al Estado por corrupción e ineficacia.

El 21 de enero, los diarios privados Oea y Cyrene anunciaron que sólo estarían disponibles en Internet. Oea indicó más tarde que la suspensión de su versión impresa se había debido a la publicación de una “noticia que después resultó cierta”. El suplemento semanal del periódico volvió a imprimirse en julio, pero en noviembre, tras la publicación de un artículo de opinión en el que se acusaba al gobierno de incompetencia y corrupción, el secretario del Comité General del Pueblo (el primer ministro) ordenó de nuevo su suspensión.

  • El 16 de febrero, un día después de que se suspendiera la emisión del programa de radio “Buenas Noches, Bengasi”, fueron detenidos cuatro de sus colaboradores: Muftah al Kibaili, Suleiman al Kibaili, Khaled Ali y Ahmed al Maksabi. Los dejaron en libertad al día siguiente. El programa era conocido por informar sobre cuestiones políticas “delicadas”.

En septiembre, las autoridades anunciaron que se clausurarían las asociaciones que no cumplieran los requisitos establecidos en la Ley 19 de 1369 (año del calendario islámico). La Ley daba a las autoridades amplias facultades para determinar la creación, las actividades y la disolución de cualquier asociación.

  • El 6 de noviembre, pocos días después de que las autoridades suspendieran el suplemento semanal de Oea, se detuvo a 22 periodistas de la Agencia de Prensa Libia, vinculada a Saif al Islam al Gadafi. Tras la intervención del líder libio, los detenidos quedaron en libertad rápidamente.

En diciembre, la Agencia de Prensa Libia anunció su decisión de cerrar sus oficinas en el país debido al “acoso de la seguridad”.

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Seguridad y medidas antiterroristas

En enero, el secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia señaló ante el Congreso General del Pueblo que más de 300 hombres seguían en prisión sin ninguna base legal. Muamar al Gadafi reaccionó tildándolos de “terroristas” e indicó que no serían puestos en libertad, pero dos meses después se excarceló a más de 200 en el contexto de una “reconciliación” entre el Estado y los sospechosos de delitos contra la seguridad. Entre ellos figuraban al parecer 80 que habían sido absueltos por los tribunales o terminado de cumplir sus penas. El 31 de agosto quedaron en libertad otros 37, entre ellos varios miembros del Grupo de Combate Islámico de Libia, así como Abu Sufian Ibrahim Ahmed Hamuda, ex detenido de Guantánamo devuelto a Libia por las autoridades estadounidenses en 2007. El gobierno señaló que indemnizaría económicamente a los que habían permanecido recluidos sin base legal, pero no ofreció otras formas de reparación.

  • En agosto, las autoridades pusieron en libertad a Mahmoud Mohamed Aboushima, que llevaba más de cinco años recluido, a pesar de que en julio de 2007 el Tribunal Superior lo había absuelto de pertenecer al Grupo de Combate Islámico de Libia.

Más de 200 hombres seguían recluidos de forma arbitraria, entre ellos presuntos miembros de grupos armados islamistas y otros sospechosos de haber perpetrado “delitos contra el Estado”. Algunos habían sido absueltos por los tribunales o cumplido ya su condena, mientras que otros cumplían penas de prisión impuestas en juicios injustos.

  • Mahmud Hamed Matar siguió cumpliendo la pena de cadena perpetua que se le había impuesto en un juicio sin las debidas garantías. En el momento de su juicio y condena, en febrero de 2002, por presuntos delitos contra la seguridad, llevaba ya 12 años privado de libertad. A pesar de su condición de civil, había sido juzgado por un tribunal militar.
  • Jalal al Din Uthman Bashir seguía en la prisión de Abu Salim. Tras ser detenido en septiembre de 1995, había permanecido recluido en régimen de incomunicación hasta 1999, cuando fue declarado culpable de apoyar al Grupo de Combate Islámico de Libia y condenado a cadena perpetua por el Tribunal del Pueblo. En 2006, tras la supresión de este tribunal, conocido por su falta de imparcialidad, se había revisado su causa y se le había reducido la pena a 10 años de cárcel. En 2010 llevaba ya 15 años recluido.
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Impunidad

El gobierno no hizo público ningún dato de la investigación oficial efectuada al parecer sobre los homicidios perpetrados en la prisión de Abu Salim en junio de 1996, cuando, según los informes, las fuerzas de seguridad mataron hasta 1.200 reclusos. En Bengasi, las autoridades continuaron presionando a los familiares de las víctimas para que aceptaran una indemnización y renunciaran a su derecho a saber la verdad y obtener reparación judicial. En octubre, el Comité Organizador de Familias de Víctimas de Abu Salim de Bengasi suspendió las manifestaciones de protesta que venía realizando todas las semanas, después de que agentes de seguridad prometieran ocuparse de las necesidades de las familias en materia de salud, vivienda y bienestar socioeconómico.

Las autoridades no adoptaron ninguna medida para investigar las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado ni para llevar ante la justicia a los responsables.

  • No se llevó a cabo ninguna investigación sobre la desaparición forzada de Jaballah Hamed Matar (hermano de Mahmud Hamed Matar) y Ezzat Youssef al Maqrif, destacados miembros del grupo político de oposición prohibido Frente Nacional para la Salvación de Libia, detenidos, al parecer, por agentes de seguridad egipcios en El Cairo y entregados a las autoridades libias en marzo de 1990.
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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

En junio se aprobó la Ley para Combatir la Migración Irregular (Ley 19 de 2010). En ella se preveía la detención indefinida y la posterior expulsión de los presuntos migrantes irregulares y no se reconocía a éstos el derecho a apelar.

El ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, comunicó el 8 de junio que el gobierno libio había ordenado el cese de sus actividades. Posteriormente se le permitió continuar parte de su trabajo, pero sin que pudiera ya tramitar nuevos casos de refugiados ni visitar los centros de detención.

Millares de presuntos migrantes irregulares, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, permanecían recluidos en los centros de detención en condiciones extremas de hacinamiento. Esta situación se prolongó hasta julio, cuando las autoridades liberaron a más de 4.000 y les concedieron tres meses de residencia temporal.

Mientras estaban detenidos, los presuntos migrantes irregulares solían ser objeto de insultos, palizas y otros malos tratos, que en ocasiones equivalían a torturas. A principios de julio, el líder libio exigió que se investigaran unas denuncias según las cuales los agentes de seguridad habían golpeado a 200 ciudadanos eritreos en el centro de detención de Misratah el 30 de junio y durante su traslado al centro de detención de Al Birak. Al finalizar el año no se había dado a conocer todavía el resultado de la investigación.

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Derechos de las mujeres

La ley continuaba discriminando a las mujeres, sobre todo en lo tocante al matrimonio, el divorcio y la herencia, y seguía estando permitida la poligamia.

En enero se aprobó una nueva ley de ciudadanía para permitir a las mujeres libias casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad libia a sus hijos, como se permitía a los libios casados con extranjeras.

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Discriminación: comunidad tabu

Los miembros de la comunidad tabu, afincada en el sureste de Libia, eran objeto de medidas discriminatorias. Las autoridades se negaban a expedirles o renovarles los pasaportes, partidas de nacimiento y otros documentos de identificación, y las escuelas del municipio de Kufra se negaban a admitir a alumnos de esa comunidad.

Hasta principios de abril persistieron en Kufa los desalojos forzosos de miembros de la comunidad tabu. Algunas familias señalaron a Amnistía Internacional que a los afectados no se les había consultado antes de llevar a cabo los desalojos ni se les había proporcionado otra vivienda.

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Pena de muerte

Según informes, al menos 18 personas –tal vez más– muchas de ellas de nacionalidad extranjera, fueron ejecutadas. En mayo, un periódico próximo a Saif al Islam al Gadafi informó de que más de 200 personas se encontraban condenadas a muerte.

Libia fue uno de los pocos Estados que en diciembre votaron en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria en el uso de la pena de muerte.

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Visitas

  • En respuesta a un informe publicado en junio por Amnistía Internacional, las autoridades invitaron públicamente a la organización a visitar Libia, pero no permitieron que la visita se efectuara en 2010.