Libia
Jefe del Estado
Mohamed Magarief (sustituyó a Mustafá Abdelyalil en agosto)
Jefe del gobierno
Ali Zeidan (sustituyó a Abdurrahim al Keib en noviembre)

Las milicias continuaban cometiendo con impunidad abusos graves contra los derechos humanos, como detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y homicidios ilegítimos. Miles de personas sospechosas de haber apoyado al gobierno de Gadafi, derrocado en 2011, o de haber combatido a su lado continuaban recluidas sin cargos, juicio o posibilidad de interponer recursos. La mayoría sufrían palizas u otros malos tratos, y decenas de ellas murieron a causa de torturas. Decenas de miles de personas que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en zonas consideradas favorables a Gadafi en 2011 continuaban internamente desplazadas y estaban expuestas a sufrir agresiones y otros abusos como represalia. Las personas extranjeras indocumentadas se enfrentaban a detención arbitraria, reclusión indefinida, explotación y tortura u otros malos tratos. Cientos de personas murieron a causa de enfrentamientos armados esporádicos entre milicias en todo el país; entre las víctimas había niños y niñas y civiles no participantes en los combates. La impunidad seguía arraigada, tanto en el caso de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado como en el de los abusos contra los derechos humanos que seguían perpetrando las milicias. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. La pena de muerte continuaba en vigor. No hubo ejecuciones.

Información general

El 7 de julio, la población libia eligió un Congreso Nacional General, de 200 miembros, encargado de aprobar leyes, preparar las siguientes elecciones parlamentarias, designar un gobierno y, posiblemente, supervisar el proceso de redacción de la primera Constitución del país en más de 40 años. El 8 de agosto, el Consejo Nacional de Transición, establecido el 2 de marzo de 2011 para liderar la oposición a Gadafi, traspasó oficialmente el poder al Congreso Nacional General.

Los sucesivos gobiernos se mostraron incapaces de refrenar a los cientos de milicias que habían ocupado el vacío creado en materia de seguridad con la caída del gobierno de Gadafi en 2011. Muchas milicias continuaron actuando al margen de la ley, y se negaron a desarmarse y a ingresar en el cuerpo de policía o en el ejército. A la hora de integrar a excombatientes de la oposición a Gadafi en el Comité Supremo de Seguridad del Ministerio del Interior, por ejemplo, no se investigaban sistemáticamente sus antecedentes para excluir a los responsables de tortura u otros delitos de derecho internacional, con lo que se dejaba la puerta abierta a nuevos abusos.

En marzo, la comisión de investigación de la ONU sobre Libia informó ante el Consejo de Derechos Humanos de que tanto las fuerzas de oposición como las de Gadafi habían cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos durante el conflicto de 2011. Añadió que, tras el fin de las hostilidades, las milicias habían perpetrado graves abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas. Sin embargo, el gobierno libio rechazó la inclusión de un componente de supervisión de la situación de derechos humanos, así como de toda referencia a la persistencia de los abusos, en una resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre “Asistencia a Libia en la esfera de los derechos humanos”.

Las milicias destruyeron lugares de culto sufíes, por ejemplo en Trípoli y en Zlitan en el mes de agosto. No se tuvo constancia de ninguna detención ni enjuiciamiento en relación con esos ataques. Sobre todo en Bengasi se perpetraron atentados con explosivos y otros ataques, dirigidos específicamente contra edificios oficiales, incluidos tribunales y comisarías de policía, así como sedes diplomáticas y de organizaciones internacionales.

El 11 de septiembre, el embajador de Estados Unidos, J. Christopher Stevens, y otros tres ciudadanos estadounidenses murieron en un atentado contra la sede de la representación diplomática de Estados Unidos en Bengasi. El gobierno libio condenó el atentado y anunció detenciones, pero al concluir el año no había comparecido nadie ante la justicia.

Arriba

Detención y reclusión arbitrarias

En mayo, el Consejo Nacional de Transición aprobó la Ley 38 sobre Procedimientos Relativos al Periodo de Transición, que concedía a los ministerios del Interior y de Defensa un plazo de 60 días para remitir a fiscales civiles o militares los casos de personas recluidas en poder de milicias. Pese a ello, miles de personas que presuntamente habían apoyado al gobierno de Gadafi o habían combatido a su lado, siguieron bajo custodia de milicias y de cuerpos de seguridad semioficiales. Aunque se transfirieron oficialmente al Departamento de la Policía Judicial más de 30 prisiones y en diciembre el Ministerio de Justicia concibió una estrategia para retomar el control efectivo de las cárceles, en muchas de ellas siguió habiendo miembros de milicias con funciones de vigilancia o administrativas. Al concluir 2012, la mayoría de las personas detenidas en el contexto del conflicto armado de 2011 seguían sin haber sido acusadas formalmente o juzgadas. En algunos casos se les prohibían las visitas de familiares, y eran muy pocas las que tenían acceso a abogados.

Las milicias seguían capturando o secuestrando a personas que consideraban sospechosas de haber apoyado al gobierno de Gadafi o de haber combatido a su lado; se las llevaban de sus casas o su trabajo o las capturaban en la calle o en puestos de control. En muchos casos, las golpeaban al llevárselas y saqueaban y destrozaban sus viviendas. Los miembros de las comunidades consideradas favorables a Gadafi, en particular las de la zona de Tauarga, eran particularmente vulnerables. A menudo se trasladaba a los detenidos de un improvisado centro de detención a otro, hasta llevarlos a prisiones o centros de detención oficiales o semioficiales. Era sólo llegado ese momento cuando sus familiares podían localizarlos. No obstante, se ignoraban la suerte y el paradero de varias personas secuestradas por las milicias.

  • El 13 de abril, unos milicianos secuestraron a Bashir Abdallah Badaoui, ex director del Departamento de Investigación Criminal de Trípoli, y a su hijo Hossam Bashir Abdallah, de 19 años, en las proximidades de su casa, en Trípoli. Hossam Bashir Abdallah quedó en libertad cinco días más tarde, pero no volvieron a tenerse noticias del paradero de su padre, pese a los esfuerzos de la familia por encontrarlo.
Arriba

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados, sobre todo en los centros de detención controlados por las milicias, y se empleaban para castigar a los detenidos y para hacerlos “confesar”. Las personas detenidas se encontraban especialmente expuestas a sufrir abusos en el momento de su detención, durante los primeros días de reclusión y durante los interrogatorios. Muchas firmaban “confesiones” bajo tortura o coacción. El artículo 2 de la Ley 38 de 2012 dejaba al arbitrio de los jueces conceder peso legal a las actas de interrogatorios de las milicias.

Muchas personas detenidas sufrían prolongadas palizas con mangueras, culatas de fusiles, cables eléctricos, tuberías o cinturones, con frecuencia mientras permanecían suspendidas en posturas forzadas. Algunas eran torturadas con descargas eléctricas, quemadas con cigarrillos o metales candentes, escaldadas con agua hirviendo, amenazadas con ser asesinadas o violadas o sometidas a simulacros de ejecución. Decenas de detenidos murieron bajo custodia de milicias y del Comité Supremo de Seguridad o en prisiones oficiales, en circunstancias que apuntaban a la tortura como causa o factor determinante de la muerte.

  • Tarek Milad Youssef al Rifai, ex agente de policía de Tauarga, murió el 19 de agosto, tras haber sido trasladado de la prisión de Wahda a la sede del Comité Supremo de Seguridad en Misrata para ser interrogado. Unos milicianos de Misrata lo habían capturado en su casa, en Trípoli, en octubre de 2011. Sus familiares encontraron su cadáver, con múltiples contusiones, en un depósito de cadáveres de Misrata. El informe forense certificó que la muerte se había debido a golpes. La familia presentó una denuncia ante las autoridades, pero no se emprendió ninguna investigación adecuada.
  • La familia de Ahmed Ali Juma encontró su cadáver en un depósito de cadáveres de Trípoli varios días después de que la junta militar de Abu Salim lo hubiera citado para interrogarlo en julio. El informe forense identificó “múltiples contusiones en el cuerpo, la cabeza, el torso, las extremidades y los genitales” y concluyó que lo habían “matado a golpes”. Nadie rindió cuentas por su muerte.
Arriba

Enfrentamientos armados

Los enfrentamientos esporádicos entre diferentes milicias se saldaron con lesiones y muertes de transeúntes y residentes, además de combatientes. Estos enfrentamientos estaban muy extendidos: en febrero, abril y junio se produjeron en Kufra; en marzo, en Sabha; en junio, en la zona de las montañas de Nafusa o Montaña Occidental; en septiembre, en Barak al Shat; y en octubre, en Bani Ulid. Los milicianos dispararon armas como cohetes Grad, morteros y ametralladoras antiaéreas en zonas residenciales, lo que provocó víctimas y causó daños y destrucción de bienes. En junio se tuvo noticia de que las milicias habían utilizado fósforo blanco en Sgeiga, pese a la amenaza que ello suponía para la población.

El 24 de octubre, tras semanas de asedio y del asalto del ejército y las milicias a la localidad de Bani Ulid, las autoridades afirmaron que había habido 22 víctimas mortales, aunque se creía que el total era, en realidad, superior. Entre dichas víctimas figuraban habitantes de Bani Ulid que no habían participado en los enfrentamientos, incluidos niños. Por ejemplo, Mohamed Mustafa Mohamed Fathallah, de nueve años, murió por heridas de metralla tras haber sido bombardeada su casa el 10 de octubre. El 30 de octubre, el entonces ministro de Defensa, Ossama Jweili, afirmó que el ejército no controlaba la situación y culpó a las milicias de abusos generalizados.

Las autoridades designaron comités de investigación sobre algunos enfrentamientos armados, pero al terminar el año no se había dado a conocer ningún resultado ni se había enjuiciado a ningún responsable, y las víctimas seguían sin recibir reparaciones.

Arriba

Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Pese a que la Declaración Constitucional de Libia, promulgada en agosto de 2011, garantizaba el reconocimiento del derecho a solicitar y obtener asilo, el gobierno no ratificó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni firmó ningún memorando de entendimiento con el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y tampoco promulgó leyes de asilo.

Las milicias y la policía siguieron deteniendo de forma arbitraria a ciudadanos extranjeros indocumentados, algunos de ellos necesitados de protección internacional, y acusándolos de “delitos” relacionados con la migración, como haber entrado en el país de forma “irregular”. Al concluir el año, miles de ellos permanecían recluidos de forma indefinida en centros de detención masificados e insalubres, en espera de ser expulsados del país. Además, no tenían ningún medio de impugnar la legalidad de su detención, el trato que recibían o las condiciones de reclusión. Las personas sospechosas de ser migrantes irregulares que eran detenidas soportaban habitualmente insultos, palizas y otros malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura. Al menos dos personas extranjeras murieron bajo custodia de milicias.

  • El 13 de septiembre, un grupo de mujeres nigerianas recluidas en el centro de detención de Tweisha, en Trípoli, fueron golpeadas reiteradamente con mangueras y otros objetos por unos 11 hombres vestidos de civil. Algunas recibieron descargas eléctricas. Las autoridades no tomaron medidas contra los responsables.
Arriba

Personas internamente desplazadas

Las autoridades no tomaron medidas reales para facilitar el regreso a sus hogares, en condiciones de seguridad, de comunidades enteras que se habían visto desplazadas durante el conflicto de 2011, entre ellas residentes de Tauarga, Mashashiya, Gawalish y otras zonas consideradas favorables a Gadafi. Las milicias causaron aún más destrucción en estas áreas con el fin de hacerlas inhabitables, y detuvieron de forma arbitraria y sometieron a abusos a personas de estas comunidades, sobre todo en Tauarga.

  • El 6 de mayo, cuatro hombres de Tauarga fueron detenidos en el aeropuerto de Trípoli a su llegada en un vuelo procedente de Bengasi. Aunque se comunicó a un familiar que los acompañaba que se los dejaría pronto en libertad, al terminar el año continuaban recluidos sin juicio en Misrata.

Según la información recibida, al concluir el año había unas 58.000 personas internamente desplazadas, miles de ellas alojadas en precarios campamentos de Trípoli y Bengasi.

Arriba

Impunidad

Las autoridades prometieron investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Gadafi, y emprendieron investigaciones sobre varios ex altos cargos y presuntos partidarios de Gadafi, pero no tomaron medidas para investigar las violaciones de derechos humanos que seguían perpetrando las milicias y enjuiciar a los responsables.

En mayo, el Consejo Nacional de Transición aprobó la Ley 17, por la que se establecía la Comisión de Determinación de los Hechos y Reconciliación. No quedaba claro si el mandato de la Comisión abarcaba sólo los delitos cometidos por el anterior gobierno o incluía también otros. Al terminar el año no se tenía constancia de que la Comisión hubiera llevado a cabo ninguna investigación efectiva.

La Ley 35 de Amnistía, aprobada en mayo por el Consejo Nacional de Transición, no se ajustaba a la obligación, contraída por Libia en virtud del derecho internacional, de investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y de enjuiciar a los responsables.

La Ley 38 de 2012 concedía inmunidad total a los miembros de las milicias por actos cometidos con el fin de “proteger la Revolución del 17 de Febrero”.

Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones significativas sobre los presuntos crímenes de guerra y abusos graves contra los derechos humanos, incluidos torturas y homicidios ilegítimos, cometidos por las milicias durante el conflicto y después de él. No se dio a conocer ninguna conclusión oficial sobre las aparentes ejecuciones extrajudiciales de Gadafi, su hijo Mutasim y otros presuntos partidarios y soldados suyos, después de su captura en 2011.

Tras su extradición de Mauritania a Libia el 5 de septiembre, las autoridades libias se negaron a entregar a Saif al Islam al Gadafi y a Abdalá al Sanussi a la Corte Penal Internacional (CPI), que había formulado contra ellos dos cargos de crímenes de lesa humanidad. En junio, milicias de Zintan mantuvieron recluidos durante más de tres semanas a cuatro delegados de la CPI, a quienes acusaban de haber violado la seguridad nacional. Al concluir el año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI no había fallado aún con respecto a un recurso interpuesto el 1 de mayo por el gobierno libio para impugnar la admisibilidad de la causa contra Saif al Islam al Gadafi, por considerar que éste debía ser juzgado por Libia y no por la Corte.

Arriba

Libertad de expresión y de reunión

Proliferaron los medios de comunicación y los grupos de la sociedad civil, pero quienes criticaban a las milicias, incluidos los periodistas –tanto extranjeros como libios–, se exponían a sufrir amenazas, intimidación, hostigamiento y detención. La respuesta a esta situación era la autocensura.

  • El 25 de agosto, el Comité Supremo de Seguridad interrogó durante varias horas en Trípoli a Nabil Shebani, director de la cadena de televisión Al Assema, por la información ofrecida en ésta sobre la destrucción de lugares de culto sufíes en Trípoli. Lo dejó en libertad sin cargos.
  • El 19 de julio, unos milicianos detuvieron brevemente en Trípoli a la periodista independiente Sharron Ward, de nacionalidad británica, a raíz de que grabara imágenes en la base militar de la Academia Naval de Janzur, donde se refugiaban habitantes de Tauarga internamente desplazados. El 21 de julio volvieron a detenerla y el 24 de julio la obligaron a abandonar el país. Asimismo, le confiscaron parte de su material de trabajo.

En junio, el Tribunal Supremo resolvió que la Ley 37 de 2012, que penalizaba la “glorificación de Gadafi” y restringía indebidamente la libertad de expresión, era inconstitucional.

En noviembre, el Congreso Nacional General aprobó la Ley 65 de 2012 sobre el control de las manifestaciones, que imponía limitaciones indebidas al derecho de reunión pacífica.

Arriba

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica.

En el gobierno provisional de Ali Zeidan había 2 mujeres, mientras que entre los 200 miembros del Congreso Nacional General resultaron elegidas 33 mujeres: 32 presentadas en listas de partidos y una candidata independiente de Bani Ulid. Durante la ceremonia de traspaso de poderes al Congreso Nacional General, el 8 de agosto, obligaron a una presentadora a abandonar el escenario por no llevar velo.

En febrero se celebraron en Trípoli y Bengasi pequeñas protestas en favor de la igualdad y contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres, que fueron criticadas públicamente por líderes de milicias y otras figuras poderosas. Algunas de las personas organizadoras de las protestas recibieron amenazas y abandonaron sus labores públicas de activismo.

Arriba

Sistema de justicia

El sistema de justicia seguía prácticamente paralizado y era incapaz de tramitar los miles de casos pendientes, ya que en algunas partes del país continuaban cerrados los tribunales y las comisarías de policía. Se iniciaron y aplazaron las vistas de algunos casos notorios, como el de Abuzeid Dorda, ex director de la Agencia de Seguridad Externa (organismo de inteligencia), lo que hizo temer por el respeto a las garantías procesales.

Los fiscales, investigadores criminales, miembros de la policía judicial y abogados que defendían a personas acusadas de haber luchado en favor de Gadafi o de haberlo apoyado se enfrentaban a la intimidación, las amenazas y la violencia de las milicias armadas.

  • En agosto apareció un cartel por toda Misrata con los nombres de 34 abogados que representaban a presuntos partidarios de Gadafi. En él se los acusaba de “tratar de obtener réditos económicos y garantizar la libertad a la escoria [como se solía llamar a los partidarios de Gadafi] a costa de la sangre de los mártires, los heridos y los desaparecidos”. El cartel fue retirado tras las protestas del Sindicato de Abogados y otras personas, pero algunos de los abogados mencionados en él recibieron amenazas anónimas.

No se tomaron medidas para reformar el poder judicial ni para implantar un mecanismo de investigación de antecedentes destinado a retirar a los jueces implicados en juicios injustos, detenciones arbitrarias y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en época de Gadafi.

Arriba

Pena de muerte

Continuaba vigente la pena de muerte para una amplia variedad de delitos. Al menos cinco personas fueron condenadas a muerte in absentia en noviembre. No hubo ejecuciones en 2012.

Arriba

Homicidios ilegítimos

Decenas de agentes de seguridad, muchos de ellos del gobierno de Gadafi, murieron abatidos por disparos o explosivos en el este de Libia, sobre todo en Bengasi y Derna, en lo que parecían ser homicidios políticos. No se tuvo noticia de ninguna investigación significativa.

  • El 30 de octubre, Khaled al Safi al Adli, miembro del Comité Revolucionario de Gadafi, murió abatido por disparos de unos desconocidos en Derna.
Arriba

OTAN

No se publicó información sobre las víctimas civiles de la campaña aérea de la OTAN contra las fuerzas de Gadafi en 2011. La OTAN sostenía que eran las autoridades libias quienes debían encargarse de ofrecer reparaciones a las víctimas.

Arriba

Ir al apartado de países

África

La crisis que azotaba Malí con creciente crudeza en 2012 reflejaba muchos de los problemas firmemente arraigados de l ...

América

Las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en el pasado y la falta de rendición de cuentas de sus r ...

Asia y Oceanía

En países de toda Asia y Oceanía, el simple acto de expresar públicamente la propia opinión, en la calle o ...

Europa y Asia Central

Las elecciones parlamentarias de Georgia fueron un raro ejemplo de transición democrática del poder en ...

Oriente Medio y Norte de África

Los levantamientos populares que se propagaron por el Norte de África y Oriente Medio desde ...

Amnistía Internacional en las redes sociales