Lituania
Jefa del Estado
Dalia Grybauskaitė
Jefe del gobierno
Andrius Kubilius
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
3,3 millones
Esperanza de vida
72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
6,2 por cada 1.000

El gobierno no llevó a cabo una investigación efectiva sobre el papel de Lituania en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos. La discriminación de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero era generalizada.

Seguridad y medidas antiterroristas

En enero, el fiscal general de Lituania cerró una investigación criminal sobre la presunta implicación de funcionarios del Estado en la existencia de dos lugares secretos de detención de la CIA. Los motivos que adujo para ello fueron la necesidad de proteger secretos de Estado y la prescripción del plazo establecido para la investigación de los funcionarios por abuso de autoridad.

En mayo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura publicó un informe sobre Lituania en el que figuraba su inspección de los lugares de detención de la CIA. En septiembre, las ONG presentaron nuevos datos sobre vuelos de entrega realizados a Lituania. A pesar de la nueva información, en octubre el fiscal general rehusó volver a abrir la investigación.

  • El 27 de octubre, los abogados de Abu Zubaydah, palestino detenido en Guantánamo, presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que afirmaban que había sido transferido ilegalmente a Lituania en 2005, donde había sufrido torturas en un centro de detención secreta.
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Discriminación: lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En junio, tras la presión de la opinión pública, entró en vigor una reforma de la Ley de Provisión de Información Pública que revocaba otra de 2010 y prohibía la discriminación basada en la orientación sexual en publicidad y en emisiones de radio y televisión públicas, conforme al derecho internacional.

Pero otras disposiciones o propuestas seguían siendo discriminatorias. La agenda parlamentaria publicada en septiembre contenía reformas del Código de Infracciones Administrativas, referidas a la imposición de multas por “denigrar los valores morales constitucionales y los principios de la familia” y por “organizar actos contrarios a la moral social”. En esa misma agenda se proponían reformas del Código Civil para prohibir la cirugía de reasignación de sexo.

Continuó en vigor la Ley de Protección de Menores contra el Efecto Perjudicial de la Información Pública. Estaba prohibido difundir información “denigrante para los valores familiares”, o que promoviera el matrimonio entre personas que no fueran un hombre y una mujer, en lugares públicos accesibles para los niños.

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