Macedonia

Human Rights in Ex República Yugoslava de Macedonia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Macedonia is now live »

Jefe del Estado Branko Crvenkovski
Jefe del gobierno Nikola Gruevski
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 2 millones
Esperanza de vida 73,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 17/16 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 96,1 por ciento

Algunas causas por crímenes de guerra relacionadas con el conflicto interno de 2001 fueron devueltas a Macedonia para su enjuiciamiento. En las elecciones generales celebradas en junio se produjeron enfrentamientos violentos entre miembros de distintos partidos políticos. Organizaciones internacionales expresaron su profunda preocupación por las condiciones penitenciarias y por la impunidad con que la policía infligía malos tratos. Apenas se avanzó en la lucha contra la discriminación de la comunidad romaní.

Información general

En las elecciones celebradas en junio, la Organización Revolucionaria Nacional Macedonia-Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DMNE), que ya ocupaba el gobierno, se hizo de nuevo con el poder, y en julio pactó una coalición con el partido de la minoría albanesa Unión Democrática para la Integración (DUI).

El periodo anterior a las elecciones del 1 de junio se caracterizó por la rivalidad entre los dos partidos de etnia albanesa, una rivalidad que a menudo desembocó en episodios de violencia. En mayo, un miembro del Partido Democrático de los Albaneses (DPA) resultó muerto, mientras que miembros del DUI afirmaron que ellos, sus oficinas y sus domicilios habían sido objeto de ataques perpetrados por miembros del DPA, incluido un intento de asesinar a su líder, Ali Ahmeti, el 13 de "mayo.

"Aproximadamente 164 personas fueron detenidas en relación con irregularidades en las elecciones..." 

El día de las elecciones, Naser Ajvazi resultó muerto por disparos en la localidad de Aračinovo cuando la unidad especial de la policía «Alfa» repelió un ataque de personas armadas no identificadas. La votación se suspendió en varias ciudades y posteriormente se anularon los resultados de las elecciones en 187 mesas electorales. En varias ciudades importantes fue necesario repetir la votación.

Aproximadamente 164 personas fueron detenidas en relación con irregularidades en las elecciones, como por ejemplo fraude e intimidación. Un total de 28 agentes de policía fueron suspendidos de sus funciones, y 11 de ellos, acusados de fraude electoral.

  • En octubre, Agim Krasniqi y otros ocho más fueron declarados culpables de posesión de armas de fuego, pertenencia a banda criminal y alteración del orden público. Los condenaron a penas de entre cinco y seis años de prisión.

En noviembre, la Comisión Europea afirmó que Macedonia aún no cumplía los criterios para la adhesión a la Unión Europea. No terminaron de implementarse las reformas establecidas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE, que afectaban a los procedimientos electorales, la independencia del poder judicial, la rendición de cuentas de la policía y las condiciones penitenciarias. En consecuencia, no se fijó una fecha para las negociaciones sobre la adhesión.

Justicia internacional: crímenes de guerra

  • En julio, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia declaró culpable de tres cargos de crímenes de guerra a Johan Tarčulovski, inspector del servicio de escolta de la Unidad de Seguridad de la Presidencia, y lo condenó a 12 años de prisión. Johan Tarčulovski era responsable de la muerte de siete personas de etnia albanesa y de la detención y el trato cruel de más de un centenar en el pueblo de Ljuboten en agosto de 2001. El ex ministro del Interior Ljube Boškovski, imputado por su responsabilidad como superior de Tarčulovski en los crímenes cometidos por éste, fue absuelto.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

En septiembre se inició el proceso en la causa de los trabajadores de la empresa de construcción de carreteras Mavrovo, una de las cuatro causas devueltas a Macedonia en febrero por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Los trabajadores habían sido secuestrados en agosto de 2001, y al parecer fueron víctimas de malos tratos, abusos sexuales y amenazas de muerte antes de ser liberados horas más tarde.

Personas de etnia albanesa habían defendido que a las causas devueltas por el Tribunal debía aplicárseles la ley de amnistía adoptada en marzo de 2002, que afectaba a todas las personas que habían participado en el conflicto armado de 2001, salvo a las acusadas de crímenes de guerra que estuvieran bajo la jurisdicción del Tribunal. Sin embargo, el Tribunal Penal de Skopie solicitó que se retirase la inmunidad procesal a Hisen Xhemaili, parlamentario del DUI, para que pudiera ser juzgado.

No hubo progresos en relación con la investigación sobre la suerte que corrieron 3 personas de etnia albanesa y 13 macedonias que habían sido víctimas de desaparición forzada y secuestro en 2001.

Tortura y otros malos tratos

En ausencia de un mecanismo de vigilancia independiente, las denuncias de tortura y otros malos tratos eran objeto de investigaciones internas llevadas a cabo por el Ministerio del Interior, que no cumplían los requisitos de independencia o imparcialidad. En febrero, por ejemplo, la televisión nacional mostró unas imágenes grabadas con un teléfono móvil, al parecer por un agente de policía, del rostro magullado y ensangrentado de un hombre detenido en el pueblo de Brodec en noviembre de 2007, durante la operación Tormenta de la Montaña. Aunque los agentes de policía responsables de la filmación fueron suspendidos de sus funciones durante la investigación, el ministro del Interior se negó a reabrir una investigación interna sobre el incidente, en el que seis personas murieron y otras fueron víctimas de presuntos malos tratos a manos de la policía.

  • En julio, 17 hombres, entre ellos 13 detenidos en Brodec, fueron declarados culpables de ataques armados contra la policía, preparación de un acto terrorista y posesión de armas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en abril que Macedonia había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la tortura) cuando no investigó la denuncia de cinco romaníes que afirmaron haber sido víctimas de malos tratos a manos de la policía en 1998 en un restaurante de Štip y posteriormente bajo custodia.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que las autoridades no hubiesen investigado denuncias de tortura y otros malos tratos, por la ausencia de un mecanismo de supervisión externo independiente encargado de investigar y vigilar la presunta conducta indebida de la policía, y por la levedad de las penas recibidas por agentes de policía declarados culpables de tortura y otros malos tratos. En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también había manifestado su preocupación por la violencia policial contra las minorías, en particular la romaní, y la ausencia de investigaciones efectivas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, expresó unos motivos de preocupación similares en sus informes de febrero y septiembre.

Condiciones penitenciarias

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó su profunda preocupación por la falta de cooperación del Ministerio de Justicia y porque éste no había remediado las «gravísimas deficiencias» en las condiciones penitenciarias que se identificaron en 2006, como el uso de cadenas como dispositivos inmovilizantes punitivos y la reclusión en condiciones que constituían trato inhumano y degradante en la prisión de Idrizovo.

Seguridad y medidas antiterroristas

El Comité de Derechos Humanos de la ONU en abril y el Comité de la ONU contra la Tortura en mayo recomendaron que las autoridades iniciasen una nueva investigación sobre su participación en la detención, en 2003, de Khaled el Masri en un hotel de Skopie: tras pasar 23 días recluido, Khaled el Masri fue entregado ilegalmente a las autoridades estadounidenses y trasladado en avión a Afganistán, donde fue torturado. En octubre presentó una denuncia contra agentes de policía cuya identidad se desconocía.

Discriminación de la minoría romaní

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU mostró su preocupación porque las autoridades no habían garantizado a los niños y niñas romaníes educación en su propio idioma, y no habían impedido el constante incremento de los índices de abandono escolar, la segregación y el hostigamiento del alumnado romaní.

Organizaciones no gubernamentales locales informaron de que sus contribuciones a un proceso de consultas sobre legislación en materia de discriminación no habían sido tenidas en cuenta en un anteproyecto de ley que debía ser presentado al Parlamento. El anteproyecto de ley no incluía el establecimiento de un organismo independiente contra la discriminación que pudiera proteger a las personas de la discriminación o proporcionar remedio efectivo contra ella.

El gobierno adoptó un plan de acción nacional para la mejora de la situación de las mujeres romaníes basado en las recomendaciones de varias ONG que defendían los derechos de las romaníes. Se avanzó muy poco en la implementación de los planes de acción nacionales en el marco del Decenio de la Inclusión Romaní, que fueron revisados pero que al concluir el año no habían recibido la aprobación ministerial.

Personas refugiadas

Alrededor de 1.883 personas refugiadas, en su mayoría romaníes y ashkalíes procedentes de Kosovo, permanecían en Macedonia recibiendo protección humanitaria temporal. El Estado no garantizó el acceso de estas personas a los derechos económicos y sociales.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el funcionamiento inadecuado del sistema para determinar la condición de refugiado y por la ausencia de recursos efectivos para impugnar la decisión denegatoria.

Violencia contra mujeres y niñas

Macedonia preparó una serie de reformas legislativas, pero al concluir el año todavía no había ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Los ministerios del Interior y de Trabajo y Política Social establecieron protocolos para la protección de los niños y niñas objeto de trata. Las autoridades informaron de un número creciente de personas objeto de trata interna.

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se mostró preocupado por la carga indebida de la prueba que se imponía a las víctimas de violación, una situación que creaba un clima de impunidad para los autores de esos delitos, e instó a las autoridades a que reformasen la definición de violación incluida en el Código Penal.

Informes de Amnistía Internacional

Former Yugoslav Republic of Macedonia: Submission to the UN Universal Periodic Review (en inglés, 10 noviembre 2008)
Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (24 junio 2008)

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