Macedonia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Ex República Yugoslava de Macedonia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Macedonia is now live »

Jefe del Estado
Gjorge Ivanov (sustituyó a Branko Crvenkovski en mayo)
Jefe del gobierno
Nikola Gruevski
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
2 millones
Esperanza de vida
74,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/16 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97 por ciento

Fueron escasos los avances en el enjuiciamiento de los crímenes de guerra relacionados con el conflicto interno de 2001. Se adoptaron medidas para abordar las condiciones de reclusión en las cárceles y la impunidad de los malos tratos por parte de la policía. Las personas de etnia romaní continuaron siendo objeto de discriminación.

Información general

Grecia siguió disputando con Macedonia por la denominación del país. En enero comenzó una vista en la Corte Internacional de Justicia en el marco de los procedimientos iniciados por Macedonia en noviembre de 2008; ambos países sostenían que el otro había violado un acuerdo provisional alcanzado en 1995, en virtud del cual Macedonia había aceptado usar la denominación provisional de “Ex República Yugoslava de Macedonia”. Grecia se había comprometido a no bloquear la integración de Macedonia en organizaciones internacionales, pero en 2008 bloqueó su adhesión a la OTAN.

En octubre, la Comisión Europea recomendó que se iniciaran las negociaciones sobre la adhesión, pero en diciembre, a petición de Grecia, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aplazaron su decisión.

Diversas ONG expresaron su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno para reforzar la pretensión de Macedonia de una identidad histórica –como la construcción de monumentos con fondos públicos– y por el incremento de la influencia de la Iglesia ortodoxa de Macedonia en el Estado laico. En abril, el Tribunal Constitucional derogó el artículo 26 de la Ley de Educación Primaria, que disponía la introducción de la educación religiosa en las escuelas estatales.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

Las actuaciones en la causa de los trabajadores de la empresa de construcción de carreteras Mavrovo, devuelta por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia a Macedonia para que este país celebrara el juicio, fueron aplazadas en mayo en espera de la extradición desde Alemania de uno de los acusados. Según se afirmó, los trabajadores macedonios habían sido secuestrados en agosto de 2001 por el Ejército de Liberación Nacional, de etnia albanesa, que los había sometido a malos tratos, abusos sexuales y amenazas de muerte antes de dejarlos en libertad.

No hubo progresos en relación con las otras tres causas devueltas por el Tribunal.

Continuó la impunidad en el caso de la desaparición forzada en 2001 de tres personas de etnia albanesa y el secuestro de 13 personas de etnia macedonia y una de Bulgaria.

Tortura y otros malos tratos

En febrero, Macedonia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Oficina del Defensor del Pueblo fue designada como el mecanismo nacional de prevención encargado de aplicar el Protocolo y facultado para colaborar con las ONG.

Tanto la policía como las ONG informaron de una reducción de los casos de tortura y otros malos tratos. Esta reducción se produjo tras la disolución de las unidades de policía especiales “Alfi” fuera de Skopie, la mejora de las investigaciones emprendidas por el Sector de Control Interno y Normas Profesionales del Ministerio del Interior (SICPS) y la introducción de fichas policiales que recogían todos los aspectos de la custodia en las comisarías. Sin embargo, los jueces y fiscales no iniciaron investigaciones sobre las denuncias de malos tratos, ni siquiera en los casos en que los detenidos que comparecían ante los tribunales presentaban señales de malos tratos.

En marzo, tras una investigación sobre los presuntos malos tratos infligidos a Jovica Janevski en la comisaría de Tetovo en 2008, el SICPS remitió el caso a la Fiscalía de Tetovo, que anteriormente no había abierto una investigación sobre las denuncias.

El Ministerio de Justicia lanzó un Plan Estratégico para abordar las “deplorables” condiciones penitenciarias denunciadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en 2008. El Plan incluía la renovación urgente de varias prisiones y nuevas instalaciones para los presos, así como el refuerzo y la formación del personal penitenciario.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevó a cabo el estudio preliminar de una solicitud realizada por Jasmina Sulja, pareja de Sabri Asani, un albanés fallecido en enero de 2000, presuntamente tras los golpes recibidos bajo custodia policial. No se había llevado a cabo ninguna investigación eficaz, negándosele a Jasmina Sulja el derecho a un recurso efectivo.

Seguridad y medidas antiterroristas

La Fiscalía de Macedonia no respondió a una demanda presentada por Khaled el Masri en enero contra este país por el papel que había desempeñado en su secuestro, detención ilegítima y maltrato durante 23 días en 2003, antes de que lo entregaran a la custodia de las autoridades estadounidenses y lo trasladaran en avión a Afganistán, donde, al parecer, había sido sometido a tortura y otros malos tratos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró varias audiencias preliminares tras la denuncia de Khaled el Masri contra Macedonia.

Libertad de expresión

En marzo, la policía no intervino para proteger a unos 150 estudiantes que se manifestaban contra una propuesta del gobierno para construir una iglesia en la plaza de central de Skopie. Los estudiantes fueron agredidos por los participantes en una multitudinaria contramanifestación que, según los informes, había sido organizada por la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. Nueve manifestantes y siete participantes en la contramanifestación fueron acusados de delitos relacionados con el orden público. Tres estudiantes organizadores de la protesta fueron acusados de no proteger la seguridad pública. En abril, una comisión parlamentaria pidió una investigación; el SICPS concluyó que la policía había actuado correctamente. En noviembre se celebró sin incidentes en Skopie una marcha con motivo del Día Internacional de la ONU para la Tolerancia.

Discriminación

La legislación contra la discriminación, requerida como parte del proceso de adhesión a la Unión Europea, no llegó a aprobarse formalmente. El anteproyecto no se ajustaba a las normas internacionales ni a las de la Unión Europea, y numerosas ONG se quejaron de que no se las había consultado durante el proceso de redacción.

En abril, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley del Seguro de Salud de 2008 relativas al pago de la prestación por hijo sólo a las madres que vivieran en municipios con una tasa anual de natalidad inferior a 2,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Estas disposiciones habrían discriminado a las madres de etnia albanesa y de otras comunidades minoritarias.

Minoría romaní

Los progresos para abordar la discriminación contra la minoría romaní no fueron uniformes. Un programa de registro coordinado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, e implementado por ONG romaníes, redujo significativamente el número de romaníes indocumentados.

El acceso de los niños y niñas de etnia romaní a la educación mejoró gracias a las medidas introducidas por el gobierno para ofrecer libros de texto y transporte gratuitos, así como becas para los estudiantes de educación secundaria. Comenzaron los trabajos de construcción de una escuela secundaria en Šuto Orizari, un municipio de población mayoritariamente romaní. Sin embargo, en la práctica un número creciente de niños y niñas romaníes asistía a escuelas segregadas.

En noviembre, la Comunidad Europea emitió un informe negativo sobre el progreso de Macedonia en relación con la situación de las personas de etnia romaní. Los planes de acción nacionales revisados en el marco del Decenio de la Inclusión Romaní no se adoptaron hasta mayo.

El gobierno no asignó ninguna partida presupuestaria a implementar el plan de acción nacional para la mejora de la situación de las mujeres romaníes. El Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (UNIFEM) apoyó una investigación sobre la experiencia de las mujeres romaníes con los servicios públicos.

En septiembre, unos 140 romaníes sin techo que habían protestado por sus condiciones de vida en Čičino Selo fueron expulsados en plena noche a un centro de vacaciones, donde no tenían acceso a empleo, servicios de educación o asistencia de salud. Otras 20 familias que vivían en el municipio de Aerodrom, en Skopie, fueron amenazadas de expulsión. El gobierno no proporcionó asistencia de salud ni alojamiento a niños y niñas romaníes sin hogar, algunos de tan sólo nueve años de edad que, al parecer, se inyectaban heroína.

Personas refugiadas

Una Ley de Asilo y Protección Temporal estableció un tribunal administrativo encargado de ver los recursos de apelación presentados contra las decisiones denegatorias del estatuto de refugiado. Sin embargo, pocos de los 1.700 romaníes y ashkalíes procedentes de Kosovo que habían recibido protección subsidiaria tuvieron acceso a un procedimiento completo y justo para determinar su necesidad de protección internacional.

Según datos del ACNUR, unas 350 personas habían solicitado regresar a Kosovo. El resto tenía derecho a integrarse localmente, pero la estrategia pertinente aún estaba pendiente de aprobación por parte del gobierno.

Derechos de las mujeres

En mayo, Macedonia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que entró en vigor en septiembre. Sin embargo, en la práctica no se implementó ninguna legislación que llevase a efecto el Convenio. La Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres de 2006 aún no había sido implementada en su totalidad.

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