Macedonia
Jefe del Estado
Gjorge Ivanov
Jefe del gobierno
Nikola Gruevski
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
2,1 millones
Esperanza de vida
74,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
10,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,1 por ciento

Diez años después del conflicto armado de 2001 se anularon los procesamientos en las causas por crímenes de guerra que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia había devuelto para que se vieran en el país. El gobierno coartó la libertad de los medios de comunicación.

Información general

El respeto por los derechos humanos se deterioró durante el año. En junio se convocaron elecciones tras un boicot parlamentario de los partidos de oposición, en parte debido a la presunta injerencia del gobierno en los medios de comunicación. La Organización Revolucionaria Nacional Macedonia-Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE) retornó al poder en coalición con la Unión Democrática por la Integración (DUI), grupo de etnia albanesa. El DUI se incorporó a la coalición con ciertas condiciones, entre ellas que se declarase una amnistía sobre las causas por crímenes de guerra.

Las tensiones interétnicas se agravaron con la construcción de monumentos nacionalistas. En febrero, personas de etnia albanesa –algunas de ellas representantes del DUI– intentaron detener la construcción de un museo en forma de iglesia en el interior de la Fortaleza de Skopie; ocho personas resultaron heridas. En octubre se canceló un censo de población al poco tiempo de comenzar debido a discrepancias sobre la inclusión de personas de etnia albanesa que habían residido más de un año fuera de Macedonia, lo cual contravenía las normas de la Unión Europea (UE) sobre la recopilación de datos.

La Comisión Europea volvió a recomendar en octubre que empezaran las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea, pero el Consejo de Ministros de la UE volvió a posponer el inicio de las conversaciones, en parte debido a que continuaba la disputa con Grecia por la denominación del país.

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Crímenes de guerra

El Parlamento aprobó en julio una nueva interpretación de la Ley de Amnistía de 2002, por la que se había amnistiado a todos los implicados en el conflicto armado de 2001 salvo en los casos que fueran competencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Según esta interpretación, las cuatro causas por crímenes de guerra que el Tribunal había devuelto a Macedonia en 2008 para que este país celebrara el juicio sólo podían ser enjuiciadas por el Tribunal y no por tribunales nacionales, en contravención de las obligaciones internacionales de Macedonia.

Como consecuencia, el Tribunal Penal de Skopie desestimó en septiembre la causa de los trabajadores de la empresa de construcción de carreteras Mavrovo a petición del fiscal. Los trabajadores habían sido presuntamente secuestrados en 2001 por el Ejército de Liberación Nacional, de etnia albanesa, que los había sometido a malos tratos, abusos sexuales y amenazas de muerte antes de dejarlos en libertad. El Tribunal reconoció el derecho de las víctimas a reclamar una indemnización por la vía civil.

Las causas restantes fueron anuladas antes de finalizar octubre. La causa relativa a la jefatura del Ejército de Liberación Nacional incluía cargos contra Ali Ahmeti, líder del DUI que entonces era dirigente del Ejército de Liberación Nacional. Otra causa, la de Neprosteno, tenía relación con el secuestro de 12 macedonios y un búlgaro a manos del Ejército de Liberación Nacional.

Continuó la impunidad por la desaparición forzada de seis personas de etnia albanesa a manos de las autoridades macedonias en 2001.

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Tortura y otros malos tratos

En abril, la Oficina del Defensor del Pueblo empezó a ejercer su función de mecanismo nacional de prevención en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, aunque carecía de la autoridad y los recursos necesarios para cumplir su mandato.

Persistió la impunidad de la policía por malos tratos. La fiscalía no llevó a cabo investigaciones eficaces sobre las denuncias. Siguieron conociéndose casos de malos tratos a manos de la unidad de policía Alfa.

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Homicidios ilegítimos

  • Martin Neskovski recibió una brutal paliza el 6 de junio durante las celebraciones postelectorales en Skopie y murió como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza. Pese a las negativas iniciales, el 8 de junio se detuvo a Igor Spasov, miembro de la unidad policial antiterrorista de los “Tigres”. Hubo reiteradas protestas públicas por los retrasos en la investigación y en favor de una vigilancia civil más estricta de la policía. En noviembre se iniciaron actuaciones penales en relación con esta muerte.
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Seguridad y medidas antiterroristas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no había iniciado los procedimientos relativos a la denuncia presentada por Khaled el Masri contra Macedonia en relación con la participación de este país en su secuestro, detención ilegal y malos tratos durante 23 días en Skopie en 2003.

Khaled el Masri había sido entregado posteriormente a la custodia de las autoridades estadounidenses y trasladado en avión a Afganistán, donde al parecer había sufrido tortura y otros malos tratos. En un pleito civil celebrado en febrero, un testigo pericial aportó pruebas en relación con los presuntos vuelos de entrega en los que se había trasladado a Khaled el Masri de Skopie a Kabul. Pero las actuaciones se aplazaron al no haber procedimientos que permitiesen a Khaled el Masri prestar declaración desde Alemania por videoconferencia.

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Libertad de expresión

La injerencia del gobierno –desde la intimidación directa hasta el control de las empresas de publicidad– limitó progresivamente la libertad de expresión de periodistas y trabajadores de medios de comunicación independientes. En octubre se habían entablado unos 105 pleitos por difamación contra periodistas, muchos de ellos a petición de cargos públicos. Jadranka Kostova, directora de Focus, recibió una multa de un millón de denares (16.259 euros) por difamación.

En enero, las autoridades congelaron las cuentas bancarias del canal de televisión A1 y los periódicos asociados Vreme, Shpic y Koha e Re, de línea crítica con el gobierno. Con anterioridad, en diciembre de 2010, se había detenido y puesto bajo custodia al propietario del canal y a otras 14 personas por presunto fraude y evasión fiscal. El juicio que se celebró posteriormente estuvo muy politizado, y se expresó preocupación por la duración de la detención de los acusados.

En julio se cerró el canal A1 y dejaron de publicarse las versiones impresas de los periódicos. Cientos de periodistas protestaron por su cierre y el posterior despido de profesionales del periodismo; se despidió a una sindicalista, según informes, por participar en las protestas. Más adelante ese mismo mes se aprobaron enmiendas a la Ley de Radiodifusión que incrementaban el control del gobierno sobre el Consejo de Radiodifusión, encargado de regular los medios de comunicación electrónicos.

En octubre comenzaron las conversaciones entre representantes del gobierno y periodistas, que reclamaban la despenalización de la difamación. En una entrevista televisada, el primer ministro acusó al periodista Borjan Jovanovski de perjudicar la adhesión del país a la UE.

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Discriminación

La Ley Antidiscriminación de 2010 entró en vigor en enero; la Comisión para la Protección contra la Discriminación empezó a recibir denuncias en abril. Las ONG cuestionaron la competencia e independencia de la Comisión, cuyos miembros –tres de ellos, funcionarios públicos– carecían de conocimientos especializados en derechos humanos. La Ley no contenía disposiciones dirigidas a la protección de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, aunque la Comisión ordenó la retirada de un libro de texto de psicología que tenía contenidos homófobos.

Continuó aplicándose el Acuerdo de Ohrid de 2001 sobre la discriminación de las personas de etnia albanesa. La descentralización de poderes hacia los municipios avanzó con lentitud y la Ley sobre Lenguas sólo se aplicaba parcialmente. Persistió la segregación del alumnado romaní y albanés en el sistema educativo.

Romaníes

Macedonia asumió la presidencia del Decenio de la Inclusión Romaní en julio, pero no dedicó recursos suficientes a la aplicación de sus propios planes de acción o de la Estrategia Nacional para el Avance de las Mujeres Romaníes.

Muchos romaníes aún carecían de la documentación personal necesaria para tener acceso a educación, asistencia médica, empleo y servicios de protección social. La ONG National Roma Centrum ayudó a 1.519 romaníes a presentar la solicitud de legalización de su propiedad en aplicación de una ley aprobada en marzo. Los asentamientos informales de romaníes carecían de agua corriente, electricidad, alcantarillado y calles.

El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes informó en mayo de que el 46 por ciento del alumnado de escuelas especiales o de clases de primaria para estudiantes con necesidades especiales era romaní.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Continuaban en Macedonia unos 1.519 solicitantes de asilo, incluidos 1.100 romaníes y ashkalíes de Kosovo. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social no les proporcionó vivienda ni ayuda económica como exigía un acuerdo local de integración de 2010. Sólo se reconoció la condición de refugiados a 24. Unos 193 romaníes, ashkalíes y egipcianos regresaron a Kosovo y 16 se desplazaron a Serbia. Otros 185 estaban en espera de retornar, mientras que 726 optaron por integrarse en la zona.

Presionado por la Comisión Europea, el gobierno reforzó los controles fronterizos e introdujo controles de salida que restringían el derecho a salir del país, a menudo dirigidos contra romaníes. El ministro del Interior informó de que sólo en junio se había negado el derecho a abandonar Macedonia a 764 ciudadanos.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Macedonia en diciembre.