Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas críticas con
el gobierno fueron objeto de hostigamiento e intimidación. Varios líderes de la sociedad
civil se vieron obligados a pasar a la clandestinidad al arreciar los ataques contra
los detractores del gobierno. Las protestas contra el gobierno fueron brutalmente
reprimidas al usar la policía fuego real contra los manifestantes. Una enmienda del
Código Penal restringió aún más la libertad de prensa. El colectivo de lesbianas,
gays, bisexuales y personas transgénero seguía sufriendo persecución.
Las tensiones fueron en aumento durante todo el año al seguir expresando la sociedad
civil su preocupación por las violaciones de derechos humanos, el deterioro de la
situación económica y la mala gobernanza.
El embajador británico en Malawi fue expulsado en abril tras la filtración de un cable
diplomático en el que afirmaba que el gobierno del presidente Mutharika era cada vez
más “autocrático e intolerante con las críticas”. El gobierno de Reino Unido respondió
expulsando al representante de Malawi en Reino Unido y congelando la ayuda. En julio,
Reino Unido suspendió indefinidamente su apoyo presupuestario general a Malawi por
valor de 19 millones de libras esterlinas, en sintonía con otros donantes internacionales
que habían suspendido o puesto fin previamente al apoyo presupuestario general, aduciendo
preocupaciones relativas a la gestión económica, la gobernanza y los derechos humanos.
Tras la muerte de 19 personas en julio al usar la policía fuego real para disolver
protestas, Estados Unidos retiró 350 millones de dólares en concepto de ayuda.
Incumpliendo sus obligaciones legales para con la Corte Penal Internacional, Malawi
optó por no detener al presidente de Sudán, Omar al Bashir, durante la visita que
éste realizó a Malawi en octubre para asistir a una cumbre comercial regional.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas críticas con
el gobierno sufrieron actos de hostigamiento y de intimidación, como amenazas de muerte,
asaltos a sus viviendas y oficinas, lanzamiento de cócteles molotov y otros ataques.
Se produjeron varios asaltos sospechosos a oficinas de ONG. También hubo amenazas
y ataques por parte de personas que se identificaron como alineadas con el gobernante
Partido Demócrata Progresista y de individuos no identificados a los que se creía
agentes de la seguridad del Estado. Altos cargos gubernamentales, entre ellos el presidente
Mutharika, realizaron críticas públicas y amenazas de violencia y detención contra
defensores y defensoras de los derechos humanos que intervenían en foros internacionales
y contra las personas implicadas en la organización de manifestaciones antigubernamentales.
En marzo, con ocasión de una concentración retransmitida por radio y televisión, el
presidente dijo ante simpatizantes del Partido Demócrata Popular que se pondría a
quienes criticasen al gobierno “en manos de ustedes [para] garantizar la disciplina
en Malawi”.
También en marzo, unos hombres no identificados armados con cuchillos y machetes irrumpieron
de noche en la oficina del Centro para los Derechos Humanos y la Rehabilitación y
obligaron al vigilante a llevarlos al domicilio del director, Undule Mwakasungura.
El vigilante fue posteriormente secuestrado, golpeado y abandonado en el Área 18
de Lilongwe.
En julio, el presidente amenazó públicamente con “hacer salir” a los líderes de las
protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en todo el país los días 20 y 21
de julio.
Entre marzo y septiembre, numerosos líderes de la sociedad civil e intelectuales denunciaron
haber recibido amenazas de muerte. Entre ellos figuraban Benedicto Kondowe, de la
Coalición de la Sociedad Civil para una Educación Básica de Calidad, Dorothy Ngoma,
de la Organización Nacional de Enfermería y Partería, y la doctora Jessie Kwabila
Kapasula, presidenta en funciones del Sindicato de Personal Académico del Chancellor
College.
En septiembre, unos hombres no identificados entraron por la fuerza en la oficina
del Centro para el Desarrollo del Pueblo en busca de su director, Gift Trapence. Ese
mismo mes se lanzaron cócteles molotov contra las viviendas o las oficinas de varios
detractores del gobierno, como el político opositor Salim Bagus y los activistas Rafiq
Hajat y el reverendo Macdonald Sembereka.
En enero se reformó el artículo 46 del Código Penal para otorgar al ministro de Información
el ejercicio arbitrario del poder para prohibir publicaciones “si el ministro tiene
motivos razonables para creer que la publicación o la importación de cualquier publicación
sería contraria al interés público”.
El 20 y el 21 de julio tuvieron lugar protestas por la mala gobernanza, la escasez
de combustible y los abusos contra los derechos humanos en grandes núcleos urbanos,
como Blantyre, Lilongwe, Mzuzu y Zomba. Al menos 19 personas murieron y varias resultaron
heridas, entre ellas menores de edad, tras usar la policía fuego real para disolver
las protestas. En la localidad de Mzuzu, en el norte del país, nueve personas murieron
y decenas, entre las que había menores de edad, sufrieron heridas de bala. Unas 500
personas, entre ellas varios activistas de los derechos humanos, fueron detenidas
en relación con las protestas, permanecieron recluidas brevemente el 20 de julio
y al final quedaron en libertad sin cargos.
Un total de 22 periodistas denunciaron haber sido golpeados por la policía durante
las protestas. Al menos 8 sufrieron graves lesiones tras ser agredidos con las culatas
de los fusiles. La policía confiscó el equipo de muchos periodistas que informaban
de las protestas, incluidas cámaras y material de escritura, y a continuación lo destruyó
o se deshizo de él. Dos periodistas, Collins Mtika y Vitima Ndovi, fueron detenidos
y estuvieron recluidos durante varios días; ambos afirmaron haber sido golpeados por
la policía. Se interrumpió temporalmente la transmisión de cuatro emisoras de radio
independientes que informaban sobre las manifestaciones.
El 14 de octubre, cinco activistas –Billy Mayaya, del sínodo presbiteriano de Nkhoma,
Habiba Osman, abogada de la ONG Norwegian Church Aid, y Brian Nyasulu, Ben Chiza Mkandawire
y Comfort Chitseko– fueron detenidos después de participar en una manifestación en
la que se instó al presidente Mutharika a celebrar un referéndum para pedir elecciones
anticipadas.
En enero, Malawi promulgó una ley que criminalizaba las relaciones sexuales entre
mujeres. En abril, dos hombres, Stanley Kanthunkako y Stephano Kalimbakatha, fueron
acusados formalmente de sodomía y de ultraje a la moral pública y estaban en espera
de juicio ante el tribunal de primera instancia de Zomba. En mayo, en una concentración
del Partido Demócrata Popular en Lilongwe, el presidente Mutharika afirmó que los
gays eran “peores que perros”.
