Malaisia
Jefe del Estado
rey Abdul Halim Muadzam Shah (sustituyó al rey Mizan Zainal Abidin en diciembre)
Jefe del gobierno
Najib Tun Razak
Pena de muerte
retencionista
Población
28,9 millones
Esperanza de vida
74,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
6,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92,5 por ciento

Las autoridades desencadenaron una brutal campaña de represión contra el movimiento masivo que recorrió las calles de la capital en julio pidiendo elecciones limpias. Más de 1.600 personas fueron detenidas tras una violenta actuación contra la manifestación pacífica. En septiembre, el gobierno anunció su intención de sustituir la Ley de Seguridad Interna por nuevas leyes sobre seguridad.

Información general

Najib Tun Razak inició su tercer año como primer ministro. Aunque tenía de plazo hasta marzo de 2013 para convocar elecciones generales, los preparativos oficiales apuntaban a que había planes para la celebración de comicios a comienzos de 2012. El juicio penal por motivos políticos del líder de la oposición Anwar Ibrahim, acusado de sodomía, se acercaba a su fin, e Ibrahim se exponía a una pena de prisión y a la prohibición de ocupar cargos políticos.

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Libertad de reunión y asociación

Cuando el movimiento Bersih (“Limpio”) celebró una marcha en Kuala Lumpur en julio, 1.667 manifestantes pacíficos fueron objeto de detención arbitraria y quedaron recluidos temporalmente. La policía golpeó a manifestantes y lanzó botes de gas lacrimógeno contra la multitud, causando lesiones a participantes en la marcha, incluidos al menos dos parlamentarios de la oposición. Antes de la concentración, las autoridades detuvieron a decenas de personas por su presunta relación con Bersih, que el gobierno declaró ilegal el 2 de julio.

  • El gobierno impidió que Hindraf Makkal Sakthi, una ONG que defendía la igualdad de derechos para los malaisios de origen indio, y el Partido de los Derechos Humanos, afín a ella, celebrasen una marcha contra el racismo en Kuala Lumpur en febrero. En abril comenzaron los juicios penales contra 52 integrantes de Hindraf a quienes se acusaba de pertenecer a una organización prohibida.
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Detención y reclusión arbitrarias

En septiembre, el primer ministro Najib anunció por sorpresa que su gobierno tenía intención de derogar la Ley de Seguridad Interna. Sin embargo, la derogación se aplazó hasta marzo de 2012 y el gobierno proyectaba sustituirla por otra ley que también permitiría la reclusión indefinida sin juicio. En noviembre, las autoridades detuvieron a otras 13 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.

  • En agosto, las autoridades dejaron en libertad a ocho funcionarios de inmigración recluidos con arreglo a la Ley de Seguridad Interna. Su detención, en 2010, fue la primera que se practicó en el país por trata de personas, pero nunca se presentaron cargos contra ellos.
  • En septiembre, un hombre detenido con arreglo a la Ley de Seguridad Interna fue expulsado a Singapur, donde quedó recluido en virtud de una ley de seguridad interna similar. En mayo, las autoridades detuvieron al ciudadano singapurés Abdul Majid Kunji Mohamad por su presunta vinculación con el grupo separatista filipino Frente Moro de Liberación Islámica. Fue expulsado a Singapur, donde también quedó recluido con arreglo a la Ley de Seguridad Interna de este país (véase el apartado sobre Singapur).
  • En julio, seis activistas fueron recluidos en un lugar secreto en detención administrativa. Todos ellos tenían cargos en el Partido Socialista, incluido el parlamentario Jeyakumar Devaraj. Los habían detenido en Penang en junio, cuando se dirigían a un acto de Bersih, y quedaron en libertad a finales de julio.
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Libertad de expresión

El gobierno reprimió las opiniones críticas al exigir que las publicaciones contasen con autorización y amenazar a quienes lo criticaban con procesos penales en aplicación de la Ley contra la Sedición.

  • En febrero, Malaysiakini, un importante portal de noticias independiente, impugnó la decisión del gobierno de rechazar su solicitud de licencia para publicar un periódico. En septiembre, el Ministerio del Interior contestó que la autorización para publicar un periódico era un “privilegio” y no un derecho. El 8 de julio, víspera de la concentración de Bersih, el sitio web de Malaysiakini dejó de funcionar a causa de un ciberataque.
  • En octubre, en aplicación de la Ley contra la Sedición, la policía investigó al profesor de derecho Aziz Bari por una publicación en Internet en la que criticaba que el sultán de Selangor hubiese respaldado el asalto a una iglesia por la policía religiosa islámica del estado. Además, fue objeto de una investigación iniciada por la Comisión Malaisia sobre Comunicaciones y Multimedia, y lo separaron de su puesto en la Universidad Islámica Internacional.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos se practicaban sistemáticamente mediante la pena judicial de los azotes con vara, un castigo que se imponía para más de 60 delitos.

  • En junio, el ministro del Interior reveló que 29.759 trabajadores extranjeros habían sido sometidos a azotes con vara entre 2005 y 2010 por delitos relacionados con la inmigración; el 60 por ciento eran indonesios.
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Personas refugiadas y migrantes

En agosto, el Tribunal Superior de Australia declaró nulo el acuerdo bilateral de intercambio de refugiados entre Australia y Malaisia, en virtud del cual Australia enviaría a Malaisia a 800 personas solicitantes de asilo que habían llegado a Australia por mar y, a cambio, reasentaría a 4.000 refugiados procedentes de Malaisia. El fallo del Tribunal Superior prohibía que Australia expulsase a los solicitantes de asilo, alegando que en Malaisia, que no había ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, no existían suficientes garantías jurídicas para la protección de los refugiados (véase el apartado sobre Australia).

  • En abril, migrantes detenidos se amotinaron en el centro de detención de Lenggeng, cerca de Kuala Lumpur. Según una investigación policial, la detención indefinida y las deficientes condiciones de reclusión fueron algunas de las causas que provocaron el motín. La detención de migrantes en situación irregular en Malaisia era una práctica habitual; de ser declaradas culpables, estas personas se exponían a ser enviadas a prisión y a la pena judicial de azotes con vara.
  • El 30 de mayo, Malaisia e Indonesia firmaron un memorando de entendimiento sobre migrantes que trabajaban en el servicio doméstico. El memorando permitía que las personas indonesias que trabajaban en el servicio doméstico en Malaisia conservasen sus pasaportes y disfrutasen de un día de descanso semanal. Sin embargo, no fijaba un salario mínimo ni abordaba la servidumbre por deudas.
  • En agosto, Malaisia expulsó a China al menos a 11 ciudadanos chinos de etnia uigur que habían sido detenidos en una redada policial destinada a tal fin. China había presionado a diversos Estados, incluidos los asiáticos, para que expulsasen a los ciudadanos chinos de etnia uigur. Malaisia conculcó el derecho internacional consuetudinario contrario a la devolución (refoulement) al expulsarlos a China, que tenía antecedentes de torturas a uigures.
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Pena de muerte

El gobierno de Malaisia no publicó estadísticas oficiales sobre condenas a muerte ni ejecuciones. Las autoridades rechazaron las peticiones para que se estableciera una moratoria de las ejecuciones y los tribunales malaisios impusieron a menudo nuevas condenas a muerte.

  • En abril, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el ministro del Interior, Hishammuddin Hussein, afirmó que 441 personas habían sido ejecutadas desde 1960. Hussein señaló que en febrero de 2011 había 696 personas condenadas a la pena capital. La mayoría de las condenas a muerte se imponían por delitos relacionados con las drogas (69 por ciento), seguidos por asesinato (29 por ciento); en ambos casos, la pena de muerte era preceptiva.
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Justicia internacional

En marzo, el Consejo de Ministros decidió firmar su adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), pero la firma no se llegó a efectuar.

  • En junio, el gobierno anunció que Omar al Bashir, presidente de Sudán, participaría en un foro económico en Malaisia. La CPI había dictado una orden de detención contra Al Bashir por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur. El ministro de Justicia Nazri Aziz instó al gobierno a anular la invitación, recordando que Malaisia había decidido unirse a la CPI. La visita se canceló.
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