La disensión política entre el presidente y el Parlamento, con mayoría de la oposición,
alcanzó proporciones críticas en junio, y al menos cuatro parlamentarios fueron detenidos
en julio. En agosto, tras intensas negociaciones, el Parlamento aprobó la creación
de un Tribunal Supremo permanente. En septiembre, la Comisión Internacional de Juristas
visitó Maldivas para analizar cómo debía reformarse el sistema judicial.
El gobierno acusó a la oposición de utilizar su mayoría parlamentaria para bloquear
las iniciativas gubernamentales encaminadas a mejorar los servicios públicos. La oposición
afirmó que lo que hacía era ejercer su derecho parlamentario, establecido en la Constitución,
a garantizar la rendición de cuentas del gobierno. En junio, ante el estancamiento
de la situación, los integrantes del Consejo de Ministros presentaron su dimisión,
pero posteriormente se reincorporaron a sus cargos. El presidente restituyó en el
cargo a los 12 ministros, pero el Parlamento no aprobó a 7 de ellos, incluido el doctor
Ahmed Shaheed, ministro de Asuntos Exteriores y destacado defensor de derechos humanos.
Las diferencias entre el gobierno y la oposición desencadenaron protestas. A mediados
de julio se produjeron enfrentamientos entre seguidores de los partidos del gobierno
y de la oposición, y alrededor de una decena de personas, entre las que había varios
agentes de policía, resultaron heridas. A finales de ese mismo mes, todas las partes
aceptaron ofrecimientos de ayuda de organismos internacionales para facilitar el diálogo,
incluido el de un funcionario del Departamento de Estado estadounidense que visitaba
el país. La violencia callejera disminuyó en agosto, cuando todos los partidos con
representación parlamentaria acordaron la creación definitiva del Tribunal Supremo
de Maldivas, que llevaba funcionando de forma provisional desde 2008.
Durante el examen periódico universal de la ONU sobre Maldivas en noviembre, más de
10 países pidieron al gobierno que tomara medidas para garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres.
El aumento del nivel del mar continuaba amenazando el futuro del archipiélago.
En julio, al menos cuatro parlamentarios permanecieron detenidos durante un periodo
de hasta nueve días. Tres de ellos pertenecían a la oposición. Afirmaron que el gobierno
los había detenido para obligarlos a apoyar su agenda política.
El 15 de julio, las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas detuvieron al parlamentario
de la oposición Abdullah Yameen. Las autoridades no respetaron la orden judicial de
presentarlo ante un juez o acusarlo de un delito común reconocible, y manifestaron
que lo habían detenido para protegerlo contra las amenazas de grupos políticos. Abdullah
Yameen afirmó que la multitud de personas que había atacado su casa el 14 de julio
eran activistas del gobierno. El parlamentario quedó en libertad el 23 de julio.
Continuaron celebrándose juicios sin las debidas garantías a causa de deficiencias
básicas en el sistema de justicia penal. En la legislación maldiva no existía una
definición unificada de delito común, y muchos jueces carecían de formación jurídica.
Gracias a un programa de asociación con el gobierno, la Comisión Internacional de
Juristas visitó Maldivas en septiembre y señaló: “Entre las medidas de reforma pendientes
se incluye el Proyecto de Ley sobre la Judicatura, el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal y el Proyecto de Ley sobre Pruebas”.
