Los avances en materia de derechos humanos se vieron obstaculizados por el estancamiento
de la situación política, causado por las tensiones entre el presidente y el Parlamento,
donde la oposición era mayoría. El gobierno conservó la pena de flagelación, en un
evidente intento de acallar las demandas de la oposición para que no la eliminase
de la legislación maldiva. Una campaña de la oposición en favor de la aplicación rigurosa
de la sharia (ley islámica) ahogó las iniciativas ciudadanas encaminadas a lograr
la libertad de religión. El gobierno no emprendió acciones para procesar a los responsables
de violaciones de derechos humanos cometidas durante los 30 años de gobierno del ex
presidente Maumun Abdul Gayum.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió la suspensión de la
pena de flagelación. Debido a ello, en noviembre se entabló un debate nacional sobre
este castigo, que concluyó a finales de diciembre, cuando el Partido Adhalaat (Partido
de la Justicia), en la oposición, pidió la aplicación rigurosa de la sharia (ley islámica) y la conservación de la flagelación en la legislación a fin de “proteger
el islam”. Otros políticos de la oposición se sumaron a la petición.
No se facilitaron estadísticas sobre el número de personas que habían sufrido flagelación,
pero defensores de los derechos humanos informaron de que los tribunales a menudo
imponían esta pena, que posteriormente se ejecutaba detrás del edificio del juzgado.
Grupos islamistas influyentes y otros políticos de la oposición acallaron rápidamente
los llamamientos a la tolerancia y la libertad religiosas.
El 14 de diciembre, la policía detuvo al preso de conciencia sufí Ismail “Khilath”
Rasheed por participar en una manifestación pacífica en la capital, Malé, en la que
se pedía tolerancia religiosa. Durante la protesta, celebrada el 10 de diciembre,
él y otros activistas fueron agredidos por un grupo de unos 10 hombres, a consecuencia
de lo cual Ismail Rasheed sufrió fractura de cráneo. Lo detuvieron, alegando que sus
llamamientos en favor de la tolerancia religiosa eran inconstitucionales. Según una
disposición de la Constitución, toda la población maldiva debía ser musulmana. Las
autoridades no intentaron detener a sus agresores ni presentar cargos contra ellos.
Maldivas seguía sin contar con un corpus legislativo codificado que permitiese ofrecer
igualdad ante la justicia para todas las personas. La formulación de algunas leyes
era tan imprecisa que no prevenía la comisión de errores judiciales. La mayoría de
los jueces carecían de formación académica jurídica, pero gozaban de amplias facultades
discrecionales –basadas a menudo en su propia interpretación de la ley islámica–
a la hora de determinar la existencia de delito y la correspondiente pena. El proyecto
de Código Penal con el que se pretendían abordar estas deficiencias continuaba pendiente
de aprobación en el Parlamento.
