Maldivas
Jefe del Estado y del gobierno
Mohamed Nashid
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
0,3 millones
Esperanza de vida
76,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
12,7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
98,4 por ciento

Los avances en materia de derechos humanos se vieron obstaculizados por el estancamiento de la situación política, causado por las tensiones entre el presidente y el Parlamento, donde la oposición era mayoría. El gobierno conservó la pena de flagelación, en un evidente intento de acallar las demandas de la oposición para que no la eliminase de la legislación maldiva. Una campaña de la oposición en favor de la aplicación rigurosa de la sharia (ley islámica) ahogó las iniciativas ciudadanas encaminadas a lograr la libertad de religión. El gobierno no emprendió acciones para procesar a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los 30 años de gobierno del ex presidente Maumun Abdul Gayum.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió la suspensión de la pena de flagelación. Debido a ello, en noviembre se entabló un debate nacional sobre este castigo, que concluyó a finales de diciembre, cuando el Partido Adhalaat (Partido de la Justicia), en la oposición, pidió la aplicación rigurosa de la sharia (ley islámica) y la conservación de la flagelación en la legislación a fin de “proteger el islam”. Otros políticos de la oposición se sumaron a la petición.

No se facilitaron estadísticas sobre el número de personas que habían sufrido flagelación, pero defensores de los derechos humanos informaron de que los tribunales a menudo imponían esta pena, que posteriormente se ejecutaba detrás del edificio del juzgado.

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Libertad de religión o creencias

Grupos islamistas influyentes y otros políticos de la oposición acallaron rápidamente los llamamientos a la tolerancia y la libertad religiosas.

  • El 14 de diciembre, la policía detuvo al preso de conciencia sufí Ismail “Khilath” Rasheed por participar en una manifestación pacífica en la capital, Malé, en la que se pedía tolerancia religiosa. Durante la protesta, celebrada el 10 de diciembre, él y otros activistas fueron agredidos por un grupo de unos 10 hombres, a consecuencia de lo cual Ismail Rasheed sufrió fractura de cráneo. Lo detuvieron, alegando que sus llamamientos en favor de la tolerancia religiosa eran inconstitucionales. Según una disposición de la Constitución, toda la población maldiva debía ser musulmana. Las autoridades no intentaron detener a sus agresores ni presentar cargos contra ellos.
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Sistema de justicia

Maldivas seguía sin contar con un corpus legislativo codificado que permitiese ofrecer igualdad ante la justicia para todas las personas. La formulación de algunas leyes era tan imprecisa que no prevenía la comisión de errores judiciales. La mayoría de los jueces carecían de formación académica jurídica, pero gozaban de amplias facultades discrecionales –basadas a menudo en su propia interpretación de la ley islámica– a la hora de determinar la existencia de delito y la correspondiente pena. El proyecto de Código Penal con el que se pretendían abordar estas deficiencias continuaba pendiente de aprobación en el Parlamento.

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