Maldivas
Jefe del Estado y del gobierno
Mohamed Waheed (sustituyó a Mohamed Nasheed en febrero)

La polémica dimisión del presidente a principios de febrero fue seguida de meses de protestas y represión política en todo el archipiélago. Las fuerzas de seguridad ejercieron fuerza excesiva –empleando porras y pulverizadores de pimienta dirigidos a los ojos– para reprimir manifestaciones en gran medida pacíficas. Los simpatizantes del Partido Democrático Maldivo, del ex presidente, fueron objeto de ataques en febrero. Las personas detenidas sufrieron torturas y otros malos tratos. La debilidad del sistema de justicia perpetuaba la impunidad de las violaciones de derechos humanos.

Información general

La dimisión del presidente Nasheed el 7 de febrero fue precedida de meses de disturbios y rivalidad entre los partidos, a los que siguió un motín de la policía. En un discurso dirigido a sus partidarios al día siguiente, Mohamed Nasheed declaró que lo habían obligado a dimitir a punta de pistola.

Desde el 7 de febrero y durante varios días, la policía empleó una violencia selectiva contra los simpatizantes del Partido Democrático Maldivo (MDP) de Mohamed Nasheed, sumiendo al país en una crisis de derechos humanos. Aunque las protestas del MDP fueron en gran medida pacíficas, los ataques de la policía contra sus simpatizantes en Malé el 8 de febrero desencadenaron una respuesta violenta en la ciudad meridional de Addu ese mismo día.

La Comisión de Investigación Nacional creada por el presidente Waheed en febrero concluyó en agosto que Mohamed Nasheed había dimitido voluntariamente, haciéndose eco de una declaración realizada por Waheed poco después de la dimisión. La Comisión señaló “las denuncias de brutalidad y actos de intimidación por parte de la policía” y pidió que las investigaciones continuaran y se dieran a conocer públicamente, y que los responsables rindieran cuentas.

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Uso excesivo de la fuerza

Durante el año, las fuerzas de seguridad atacaron con frecuencia a manifestantes pacíficos, incluidos parlamentarios, periodistas y personas ajenas a las protestas, en la capital, Malé, y en Addu, baluartes del MDP. Los agentes propinaron patadas y usaron palos, así como pulverizadores de pimienta dirigidos directamente a los ojos de los manifestantes. En torno a las fechas de la dimisión de Mohamed Nasheed, del 7 al 9 de febrero, la policía atacó a destacados miembros del MDP y siguió a algunos manifestantes heridos hasta el hospital, donde los agredió.

  • El 7 de febrero, las fuerzas de seguridad atacaron al parlamentario Ahmed Esa, golpeándolo sobre todo en la cabeza con barras de metal y porras.
  • El 29 de mayo, la policía abordó a Mana Haleem, cuyo esposo había sido ministro del gobierno de Mohamed Nasheed, cuando ésta se dirigía a su casa por la calle Majeedee Magu, donde se celebraba una concentración de la oposición. Los agentes la golpearon repetidamente con porras en brazos, espalda y caderas, y luego la detuvieron.
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Tortura y otros malos tratos

Se torturó a los detenidos en el momento de la detención y durante su traslado a centros policiales. Los métodos habituales incluían palizas, el uso de pulverizadores de pimienta dirigidos a los ojos y la boca, la denegación de agua para beber y, en Addu, la reclusión en jaulas para perros.

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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que hacían campaña a favor de la tolerancia religiosa o la apoyaban fueron objeto de ataques, y ni la policía ni las autoridades judiciales llevaron ante la justicia a los responsables.

  • El 5 de junio, unos hombres no identificados degollaron a Ismail “Hilath” Rasheed. Rasheed, que sobrevivió al ataque, ya había sido agredido en diciembre de 2011 por defender la libertad religiosa durante una pequeña concentración celebrada en Malé.
  • El 2 de octubre, el parlamentario Afrasheem Ali murió acuchillado frente a su domicilio en Malé. Ali era un ulema muy respetado que defendía el derecho a mantener diferentes opiniones religiosas dentro del islam.
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Falta de rendición de cuentas

Las graves deficiencias del sistema de justicia afianzaron la impunidad. Entre estas deficiencias se contaban la ausencia de un corpus legislativo codificado que permitiese ofrecer igualdad ante la justicia para todas las personas y el nombramiento de jueces que carecían de formación académica sin un examen serio de su cualificación jurídica. Durante el año, las autoridades fueron acusadas de partidismo por acelerar el enjuiciamiento de simpatizantes de la oposición acusados de delitos cometidos durante las concentraciones y, sin embargo, no enjuiciar a policías y a otros presuntos autores de abusos contra los derechos humanos perpetrados durante las mismas protestas.

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Pena de muerte

Al menos dos personas fueron condenadas a muerte, aunque no hubo ejecuciones. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo y el ministro del Interior hicieron declaraciones en las que se daba a entender que, según la ley, no se podían descartar las ejecuciones. Las informaciones publicadas por los medios de comunicación según las cuales el gobierno estaba preparando un proyecto de ley para que se aplicaran las condenas a muerte también suscitaron preocupación por la posible reanudación de las ejecuciones después de casi seis decenios.

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