Malta - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Malta

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Malta is now live »

Jefe del Estado: Edward Fenech-Adami
Jefe del gobierno: Lawrence Gonzi
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se perpetraron atentados incendiarios contra periodistas, activistas de derechos humanos y otras personas que habían condenado públicamente el racismo. La inmigración irregular seguía sujeta a una política de detención automática. Las condiciones de los centros de detención de migrantes eran duras e insalubres, por lo que fueron objeto de críticas de la Unión Europea.

Racismo

El racismo, expresado abiertamente, siguió aumentando. La coalición no gubernamental Red Europea contra el Racismo (ENAR) señaló que el discurso de los medios de comunicación y los sitios de Internet era cada vez más hostil hacia los inmigrantes y que los atentados racistas y la apología del odio iban en aumento.

Se perpetraron atentados incendiarios contra personas u organizaciones que trabajaban activamente para proteger los derechos humanos de migrantes y refugiados o denunciaban las actitudes y actos racistas y discriminatorios de la sociedad maltesa. Las proclamas y los atentados racistas parecían estar cada vez más legitimados entre la ciudadanía.

A principios de marzo fue incendiada la casa de un poeta que días antes había presentado un libro de poesía en que promovía la tolerancia y los derechos de los refugiados.

Siete automóviles de una comunidad católica jesuita asociada al Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) fueron destruidos por el fuego el 13 de marzo por la noche, poco antes de la publicación de un informe del EUMC sobre racismo y xenofobia en Malta. El 11 de abril resultó destruido también por un incendio el automóvil de un abogado del Servicio Jesuita a Refugiados.

El 3 de mayo prendieron fuego a la casa del director del semanario Malta Today, quien poco antes había publicado un editorial sobre el racismo y la inmigración.

En la madrugada del 13 de mayo fue atacada la casa de una periodista del diario The Malta Independent que había denunciado a la extrema derecha y escrito sobre el racismo y la inmigración. Los atacantes dejaron apoyados contra la puerta trasera cinco neumáticos llenos de gasolina y ardiendo. También esparcieron cristales y gasolina en la calle, frente a la puerta delantera, aparentemente para impedir que la familia de la periodista huyera o recibiera ayuda.

Migrantes y solicitantes de asilo

Malta siguió aplicando una política de detención automática de los migrantes irregulares. A su llegada, se los recluía en centros cerrados de detención por periodos de hasta 18 meses, para trasladarlos después a centros abiertos. Esta política violaba claramente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Se recluía a los migrantes sin someterlos previamente al debido reconocimiento médico, con el consiguiente riesgo para la salud de los demás detenidos y del personal de los centros de detención. Siguió sin permitirse el acceso de ONG y periodistas a los centros de detención de migrantes.

La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores del Parlamento Europeo informó en marzo de que, en cuatro centros de detención administrativa para solicitantes de asilo y migrantes, las condiciones eran lamentables y no cumplían normas internacionales jurídicamente vinculantes. Una delegación de la Comisión que los había visitado comprobó que el centro de Hal-Safi «era como una jaula», sin sábanas ni camas, con colchones rotos y sucios y sin calefacción. Las condiciones higiénicas eran intolerables, con duchas rotas, sin agua caliente y con retretes sin puertas y en pésimo estado. En el centro de Hal-Far, la delegación comprobó que el lugar estaba plagado de mosquitos y ratas y que las condiciones de los baños eran espantosas. Algunos de los internos, que habían huido de la región sudanesa de Darfur, dijeron que sus solicitudes de asilo habían sido rechazadas por considerarse que «podían haber ido a zonas más seguras del país». La Comisión informó de que, en el centro de Lyster Barracks, había sólo dos retretes utilizables para más de un centenar de personas, no se proporcionaban compresas higiénicas a las mujeres y no había ninguna zona exterior donde tomar el aire y hacer ejercicio.

Violencia doméstica

En febrero entró en vigor la Ley sobre Violencia Doméstica, en virtud de la cual se estableció en marzo la Comisión de Violencia Doméstica, entre cuyas funciones y competencias figuraban labores de sensibilización; elaboración y bosquejo de estrategias para detectar problemas de violencia doméstica a fin de ofrecer mejor protección a las víctimas; propuesta de áreas de investigación; educación de la ciudadanía y determinación de contenidos de formación para grupos profesionales. La Comisión tenía que publicar un informe anual.

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