Malta
Jefe del Estado
George Abela
Jefe del gobierno
Lawrence Gonzi
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
0,4 millones
Esperanza de vida
80 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
7/7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
92,4 por ciento

Las autoridades no prestaron protección internacional a un grupo de personas de nacionalidad somalí rescatadas en el mar. Era habitual detener a las personas migrantes y solicitantes de asilo, y los recursos para impugnar la denegación de asilo seguían presentando deficiencias. El aborto seguía siendo ilegal en todos los casos.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades no prestaron protección internacional a personas rescatadas en el mar, incumpliendo su obligación de no devolver a nadie a un país donde corriera riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos. Tampoco garantizaron el acceso a un procedimiento de solicitud de asilo justo e idóneo.

  • El 17 de julio, un buque militar maltés interceptó en el mar a 55 personas de nacionalidad somalí procedentes de Libia. A 28 de ellas se les permitió subir a bordo, se las condujo a Malta y, finalmente, se les concedió asilo. Las 27 restantes subieron a bordo de otra embarcación, creyendo que las llevarían a Italia, pero las devolvieron a Libia. Según la información recibida, permanecieron detenidas durante días o semanas, sin acceso a los procedimientos de solicitud de asilo, y quedaron expuestas a ser devueltas a Somalia, donde podían ser perseguidas. Según los informes, se golpeó con porras a todos los varones, y durante el interrogatorio se torturó a algunos aplicándoles descargas eléctricas.

Malta mantuvo su sistema de detención obligatoria de todas las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que parecieran haber desembarcado en la isla o encontrarse en ella ilegalmente.

En julio, en la causa Louled Massoud v. Malta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Malta había vulnerado el derecho a la libertad, puesto que su legislación interna no había brindado al demandante un recurso efectivo y rápido para impugnar la legalidad de su detención.

En enero, tras su visita al país en 2009, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria publicó un informe sobre Malta en el que reiteraba sus críticas al régimen de detención obligatoria de los migrantes irregulares y los solicitantes de asilo, el hecho de que no estuviera claramente definida en la legislación maltesa la duración de la detención y la falta de recursos judiciales efectivos y auténticos para impugnar la detención.

Seguían existiendo motivos de preocupación respecto al derecho de los solicitantes de asilo a recurrir de manera efectiva la decisión de rechazarlos, debido a la falta de independencia del Consejo de Apelaciones sobre Refugiados, los limitados conocimientos de sus integrantes y el hecho de que sus sesiones se celebrasen a puerta cerrada.

Las condiciones de los centros de detención y de los centros abiertos –así como el apoyo a grupos vulnerables, como las personas con trastornos mentales– siguieron siendo malas, a pesar del compromiso de las autoridades de mejorar las condiciones de vida y contratar más trabajadores sociales.

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Derechos de las mujeres: derechos sexuales y reproductivos

En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprobó sus observaciones finales sobre Malta. Criticó en ellas la prohibición total del aborto y su criminalización, e instó a Malta a introducir excepciones para los casos de aborto terapéutico y en los que el embarazo fuera consecuencia de una violación o un incesto. El Comité manifestó asimismo su preocupación por el hecho de que la violencia ejercida contra mujeres y niñas estuviese muy extendida.

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Visitas

  • Unas delegadas de Amnistía Internacional visitaron Malta en septiembre.