La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas, y las condiciones de
reclusión seguían siendo duras. Decenas de personas fueron detenidas y recluidas arbitrariamente
durante días o semanas. Algunos sospechosos de pertenecer a grupos armados estuvieron
detenidos sin juicio durante largos periodos. Continuaba la práctica de la esclavitud.
Al menos 16 personas fueron condenadas a muerte.
Mauritania y los países limítrofes acordaron reforzar la cooperación y coordinar su
respuesta a los grupos armados que cruzaban sus fronteras, tras el aumento de las
actividades de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que incluían la toma de rehenes
y ataques armados. En julio, Mauritania adoptó una nueva ley antiterrorista; una versión
previa de la ley, adoptada en enero, fue declarada inconstitucional por el Consejo
Constitucional. La nueva ley concedía poderes adicionales a las fuerzas de seguridad
para combatir a AQMI.
En septiembre, el ex comisionado de derechos humanos, Lemine Ould Dadde, que había
tenido rango ministerial, fue detenido y acusado formalmente de malversación.
Mauritania fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo,
y en noviembre se evaluó su historial de derechos humanos en virtud del examen periódico
universal de la ONU.
En mayo, al menos 50 operarios de almacenes que intentaban conseguir un aumento salarial
fueron detenidos arbitrariamente en el distrito de Tevragh Zeina, Nuakchot. Un total
de 40 quedaron en libertad al cabo de más de siete días, y los demás estuvieron detenidos
durante más de 15 días. Mohamed Abdallaye Ould Diaby y Bounah Ould Alayah pasaron
más de 18 días detenidos antes de ser puestos en libertad sin cargos ni juicio.
En octubre, Abdelkerim Verag el Baraoui, ciudadano tunecino, quedó en libertad después
de pasar más de tres años detenido, tras un juicio en el que fue absuelto de pertenencia
a un movimiento prohibido. Otras tres personas juzgadas en la misma causa fueron condenadas
a muerte, y otras, a penas de cárcel. Inmediatamente después de su liberación, Abdelkerim
Verag el Baraoui fue detenido de modo ilegítimo por la policía de seguridad del Estado.
Las autoridades del ministerio público dijeron a sus abogados defensores que no tenían
conocimiento de su detención. Se tuvo noticia de que Abdelkerim Verag el Baraoui había
sido enviado a Senegal.
En febrero, dos malienses murieron y muchos más resultaron heridos durante una operación
militar en la ciudad de Lemzeirib, a 650 kilómetros al este de Zouérate, cerca de
la frontera de Malí. Al menos 20 malienses fueron detenidos y estuvieron recluidos
sin cargos ni juicio durante seis meses. Las autoridades mauritanas acusaron a los
dos fallecidos de pertenecer a un grupo de traficantes de drogas cercano a AQMI. En
septiembre, dos civiles malienses murieron en la región de Tombuctú al bombardear
la fuerza aérea mauritana una base de AQMI. Mauritania pidió disculpas a Malí.
Durante el año, al menos 10 personas, entre las que había nacionales de los países
vecinos, fueron detenidas y acusadas de tener vínculos con Al Qaeda o con otros grupos
armados. Otras fueron detenidas en el contexto de medidas antiterroristas. Algunas
eran sospechosas de haber participado directa o indirectamente en actos terroristas.
Varias estuvieron recluidas sin juicio durante todo el año. Muchos detenidos, incluidos
los acusados de pertenecer a AQMI, estuvieron recluidos en régimen de incomunicación
durante periodos prologados, que excedían de los 15 días permitidos por la ley. Las
fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones se negaron a permitir visitas
familiares.
Malick Kraina, ciudadano tunecino detenido en mayo en Nuakchot, pasó más de 26 días
recluido en régimen de incomunicación antes de ser acusado formalmente de pertenecer
a AQMI.
Mohamed Lemine Ag Maleck, maliense y estudiante de historia, fue detenido en julio
en la ciudad de Ualata, situada a 1.200 kilómetros al sur de Nuakchot. Estuvo recluido
durante más de 20 días en la comisaría de policía antes de ser acusado formalmente
de entregar información a una potencia extranjera. La acusación se basaba en que estaba
en posesión de un dispositivo de GPS y una cámara, materiales que estaba utilizando
para tomar fotografías y diseñar itinerarios para una agencia turística.
Agentes de policía, personal militar y guardias de prisiones usaron la tortura y otros
malos tratos contra hombres y mujeres detenidos por motivos políticos o como sospechosos
de delitos comunes. Por lo general, la tortura se infligía inmediatamente después
del arresto en los centros de detención, incluidos las dependencias de la primera
brigada policial y los cuarteles de la gendarmería.
A pesar de que las autoridades mauritanas negaron que siguiera practicándose la tortura,
decenas de personas denunciaron que habían sufrido tortura o malos tratos durante
el año, entre ellas internos de la prisión de Dar Naïm, la prisión central de Nuakchot
y la prisión de Nuadibú. Durante un juicio celebrado en julio y agosto, aunque los
detenidos denunciaron que habían sido torturados, el juez optó por ordenar una investigación.
La mayoría, si no todos, de los 20 o más malienses detenidos en Lemzeirib en febrero
fueron presuntamente torturados por el ejército. Algunos fueron apuñalados por los
soldados en el momento de su detención y otros sufrieron quemaduras de cigarrillos.
Al menos 12 detenidos murieron durante el año en la prisión de Dar Naïm solamente,
al parecer como consecuencia de una alimentación inadecuada y de falta de atención
médica. No se tenía constancia de que se hubiera abierto investigación alguna.
Durante el año trascendió que Ousseyni Wellé, ciudadano senegalés condenado a muerte
en 2008, había muerto en 2009 en la prisión de Dar Naïm, presuntamente como consecuencia
de tortura. No se tenía constancia de que se hubiera abierto ninguna investigación.
Cientos de personas estaban recluidas en las cárceles en condiciones de hacinamiento,
con instalaciones sanitarias y servicios de atención de la salud inadecuados y alimentación
de baja calidad. En algunas cárceles las condiciones eran constitutivas de trato
cruel, inhumano o degradante.
Los reclusos de las prisiones de Nuadibú y Dar Naïm, cerca de Nuakchot, estaban encarcelados
en condiciones de hacinamiento y con un calor sofocante, y casi nunca se les permitía
salir de sus celdas ni respirar aire fresco. Más de 1.000 personas estaban recluidas
en Dar Naïm, construida para albergar a 350.
Algunos funcionarios de prisiones reconocieron a Amnistía Internacional que las cárceles
de Dar Naïm y Nuadibú no cumplían las normas internacionales, y mencionaron la falta
de atención médica y las deficiencias en el sistema de eliminación de aguas residuales,
humedad y falta de ventilación en las celdas.
Más de 250 personas, la mayoría procedentes del África subsahariana, sobre todo de
Malí, Senegal y Guinea, fueron detenidas arbitrariamente y recluidas en un centro
de detención de Nuadibú durante unos días como sospechosas de intentar llegar a Europa.
A pesar de las promesas de hacer reformas en el centro de detención, las autoridades
no tomaron medidas para mejorar las duras condiciones de reclusión.
Aunque la esclavitud se abolió en 1981 y está tipificada como delito desde 2007, esta
práctica persistía. No se incoaron procedimientos judiciales contra los propietarios
de esclavos.
Dos familias fueron liberadas de la esclavitud durante el año con la ayuda de dos
organizaciones de derechos humanos, SOS Esclavos y la Iniciativa para el Resurgimiento
del Movimiento Abolicionista en Mauritania.
Moulkheir Mint Yarba nació en condiciones de esclavitud, al igual que otros miembros
de su familia. En febrero fue liberada junto con sus cuatro hijos. En diciembre de
2007 había sido liberada por primera vez, pero fue capturada de nuevo dos meses más
tarde por otro propietario de esclavos. Durante su esclavitud fue ocasionalmente golpeada
y privada de alimentos.
Aichetou Mint M’Bareck había estado recluida en condiciones de esclavitud desde que
nació en 1975. En octubre logró escapar del cautiverio junto con sus siete hijos.
Durante su cautividad, la separaron de sus hijos y la golpearon, y sus hijos no pudieron
asistir a la escuela.
Se detuvo a defensores de los derechos humanos. Golpearon a uno de ellos al detenerlo
y en la comisaría de policía de Nuakchot.
En diciembre, ocho activistas contra la esclavitud fueron detenidos y recluidos en
Nuakchot tras denunciar el caso de dos niñas que, según creían, estaban sometidas
a esclavitud. Los activistas, miembros de la Iniciativa para el Resurgimiento del
Movimiento Abolicionista en Mauritania, fueron acusados formalmente de agredir a agentes
de policía y de alterar el orden público. Las autoridades no reconocían a esta organización,
pese a que había solicitado su inclusión en el registro. Amnistía Internacional consideró
que los ocho detenidos eran presos de conciencia.
Aunque no tenían lugar ejecuciones desde 1987, el número de condenas a muerte dictadas
por los tribunales experimentó un notable aumento en 2010. Al menos 16 personas fueron
condenadas a la pena capital en juicios celebrados ante tribunales de Nuadibú y Nuakchot,
a pesar de las denuncias formuladas ante los tribunales de que algunas de ellas habían
sido torturadas. Los tribunales no adoptaron medidas para investigar estas denuncias.
Tres personas condenadas a muerte en mayo por asesinato –entre ellas Sidi Ould Sidna–
fueron condenadas de nuevo a la pena capital en octubre por cargos de pertenencia
a una organización prohibida.
