Información general

Según datos del gobierno, hubo más de 15.000 muertes violentas relacionadas con bandas criminales, sobre todo en los estados del norte. La mayoría se produjo en conflictos entre cárteles de la droga y otras bandas de delincuentes, aunque un número indeterminado fueron también consecuencia de enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad. En Ciudad Juárez murieron violentamente casi 3.000 personas, algunas de ellas en homicidios colectivos de jóvenes. En diferentes estados del país hubo ataques contra centros de rehabilitación para drogodependientes, que se saldaron con la muerte de decenas de pacientes. Más de 50 soldados y 600 policías perdieron la vida en incidentes violentos relacionados con las bandas criminales. Se sospechaba que la policía estaba ampliamente implicada en bandas de delincuentes. También murieron de forma violenta transeúntes y otros ciudadanos, lo que obligó a miles de personas a huir de sus hogares. La violencia se extendió a nuevas regiones del país. Rara vez se enjuició a los responsables de estas muertes.

El gobierno estadounidense siguió haciendo transferencias de seguridad y de otra índole a México en el marco de la Iniciativa de Mérida, acuerdo sobre cooperación y seguridad regional de tres años de duración. Sin embargo, el Departamento de Estado recomendó que el Congreso de Estados Unidos negase la aprobación de una pequeña parte de los fondos porque el gobierno mexicano no había cumplido las condiciones en materia de derechos humanos.

Al finalizar el año aún estaban pendientes de aprobación en el Congreso mexicano varias reformas legales que afectaban al reconocimiento constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema de justicia penal, la actuación policial, la seguridad nacional y el papel de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley y la jurisdicción militar. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió un informe sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó los recursos presentados contra la legalización en la Ciudad de México del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de este tipo de parejas.

Policía y fuerzas de seguridad

Fuerzas armadas

Hubo nuevos informes de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias a manos de miembros del ejército. La CNDH registró 1.613 quejas de abusos perpetrados por las fuerzas armadas, y en noviembre informó de que había investigaciones en marcha sobre más de un centenar de quejas de homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas armadas en los 18 meses anteriores.

El sistema de justicia militar siguió reclamando la jurisdicción sobre estos casos, mientras las autoridades judiciales civiles se negaban a investigar. Se disponía de poca información sobre los avances realizados en los enjuiciamientos militares, aunque durante el año no se supo de ningún militar en activo condenado por violaciones de derechos humanos. Las propuestas del gobierno para introducir una reforma legislativa limitada de la jurisdicción militar no garantizaban que las violaciones de derechos humanos quedarían excluidas del sistema de justicia militar.

• El 19 de marzo, Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, dos alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, murieron cuando unos militares abrieron fuego contra unos presuntos miembros de una banda de delincuentes. Una investigación de la CNDH sobre el caso reveló que los militares habían colocado armas a los estudiantes para inculparlos y habían destruido pruebas del lugar del crimen para acusar falsamente a las víctimas de pertenecer a una banda de delincuentes. Al concluir el año no había noticias sobre nuevos avances en la investigación.
• El 3 de abril, el ejército mató a tiros en el estado de Tamaulipas a los hermanos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años. Según testigos presenciales, los niños iban en un automóvil con su familia. Las autoridades militares y las civiles negaron la responsabilidad de los militares, pero la CNDH demostró que se habían alterado los escenarios del crimen y que no se habían tenido en cuenta algunas pruebas. No se disponía de información sobre los avances de la investigación, que al finalizar el año seguía bajo jurisdicción militar.

Fuerzas de policía

Se siguieron recibiendo informes de detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas a manos de la policía federal y las policías estatales y municipales. Los intentos de reformar el sector policial se vieron debilitados al no establecerse controles de supervisión creíbles y no realizarse investigaciones penales efectivas sobre los abusos contra los derechos humanos.

• En mayo, miembros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República detuvieron a seis agentes de la policía municipal en Cárdenas, estado de Tabasco. Según informes, durante los interrogatorios los sometieron a semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas y palizas. Al concluir el año no se disponía de información sobre la investigación acerca de las denuncias de tortura.

Migrantes irregulares

Decenas de miles de personas migrantes que atravesaban México en dirección a Estados Unidos fueron secuestradas, violadas y asesinadas por bandas de delincuentes. Estos delitos se cometieron a menudo con el conocimiento, la complicidad o la aquiescencia de la policía federal, la estatal o la municipal. Los responsables de los abusos rara vez rindieron cuentas. El nombramiento de un procurador especial en el estado de Chiapas fue una de las escasas iniciativas de éxito para investigar abusos cometidos contra migrantes. El gobierno anunció la mejora de la coordinación entre los organismos federales y los estatales para abordar el problema. Se reformaron algunos artículos de la legislación sobre migración para permitir que los migrantes presentaran denuncias penales y recibieran atención médica de emergencia.

• En agosto, una banda de delincuentes mató a 72 migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, en el estado de Tamaulipas. Posteriormente fueron detenidas ocho personas en relación con los homicidios.

El personal y los voluntarios de los albergues vinculados a la Iglesia que prestaban asistencia humanitaria a los migrantes sufrieron intimidación y amenazas.

Libertad de expresión: periodistas

Continuaron las amenazas y los ataques contra periodistas y medios de comunicación. Al menos seis periodistas fueron asesinados. Las bandas de delincuentes atacaron en particular a periodistas que informaban sobre temas relacionados con la delincuencia. En algunos estados, los medios de comunicación locales ejercieron la autocensura, evitando informar de estas noticias. Aunque la Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de investigar estos delitos, la gran mayoría de ellos siguió sin resolverse. Se acordó un mecanismo gubernamental de protección de periodistas, pero al concluir el año no estaba en funcionamiento.

• En junio, dos periodistas –Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa, María Elvira Hernández Galeana– murieron por disparos en Coyuca de Benítez, estado de Guerrero. Juan Francisco Rodríguez era representante sindical y había reclamado que se pusiera fin a la impunidad de los responsables de ataques contra periodistas. Al finalizar el año no se habían producido avances en la investigación sobre el asesinato de la pareja.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En muchas partes del país se atacó y acosó a defensores de los derechos humanos. Pese a las promesas del gobierno de respetar su labor y garantizar su seguridad, algunas autoridades gubernamentales hicieron declaraciones en las que se cuestionó la legitimidad de algunos defensores, y las medidas oficiales de protección se aplicaron a menudo de forma precaria. Al concluir el año no se habían concretado un mecanismo de protección ni nuevos procedimientos para la investigación de los ataques contra defensores.

• En agosto, tras una intensa campaña nacional e internacional, el activista de los derechos de los indígenas y preso de conciencia Raúl Hernández fue absuelto y puesto en libertad en el estado de Guerrero. Raúl Hernández había estado más de dos años bajo custodia por cargos falsos de asesinato. Tras su excarcelación, él y otros miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa sufrieron amenazas e intimidación.
• En abril, unos hombres armados pertenecientes a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), vinculada al entonces gobierno del estado de Oaxaca, mataron a tiros a dos defensores de los derechos humanos: Alberta Cariño y Jyri Antero Jaakkola, ciudadano finlandés. Ambos participaban en una caravana humanitaria que llevaba alimentos, agua y suministros médicos a la comunidad indígena triqui de San Juan Copala, sitiada por UBISORT y otro grupo armado. Los responsables de los disparos seguían en libertad al concluir el año.

Juicios injustos

El sistema de justicia penal incumplió a menudo las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, facilitando enjuiciamientos de motivación política, condenas poco sólidas y el uso generalizado de la detención preventiva sin cargos (denominada “arraigo”). En algunos casos en que la atención nacional e internacional puso de relieve las injusticias, los recursos legales federales dieron lugar a la liberación de las personas afectadas. Sin embargo, los responsables del abuso del sistema de justicia penal no rindieron cuentas.

• En junio, la SCJN ordenó la libertad de 12 activistas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco, estado de México, al concluir que su condena por secuestro era poco sólida. Ningún funcionario había asumido la autoría de la tortura y otros malos tratos, incluidas agresiones sexuales a mujeres, infligidos a más de 200 personas durante la operación policial que desembocó en su detención.
• En junio, los presos de conciencia Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borja quedaron en libertad bajo fianza después de que un tribunal federal redujera los cargos formulados contra ellos. En diciembre fueron condenados por un cargo menor, pero no encarcelados. Al concluir el año estaba pendiente un recurso. Los tres dirigentes comunitarios habían sido detenidos en julio de 2009 y acusados falsamente de secuestrar a unos funcionarios durante unas protestas a causa de las elevadas tarifas de la electricidad en la comunidad de Candelaria, estado de Campeche.

Violencia contra mujeres y niñas; derechos sexuales y reproductivos

La violencia contra las mujeres siguió siendo un fenómeno generalizado. Durante el año murieron violentamente cientos de mujeres en el hogar y la comunidad. Las medidas legislativas introducidas en los últimos años para mejorar la protección de las mujeres a menudo no se aplicaron en la práctica, o fueron ineficaces para proteger a las mujeres o hacer que los perpetradores rindieran cuentas de sus actos.

A pesar de la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana, el gobierno no adoptó medidas efectivas para investigar y llevar ante la justicia a los responsables del secuestro y el asesinato de tres mujeres perpetrado en Ciudad Juárez en 2001 (el caso Campo Algodonero) ni para combatir la constante violencia y discriminación contra las mujeres en la ciudad. Más de 300 mujeres murieron de forma violenta durante el año. Los cadáveres de al menos 30 víctimas presentaban lesiones que indicaban que habían sufrido tortura y violencia sexual. Pocos perpetradores rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, un hombre armado disparó y mató a Marisela Escobedo delante del palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua durante una protesta realizada para pedir justicia por su hija, que había sido asesinada en Ciudad Juárez en 2008.

Estaba pendiente una resolución de la SCJN sobre los recursos de inconstitucionalidad formulados contra las reformas introducidas en 17 constituciones estatales y que garantizaban el derecho legal a la vida desde el momento de la concepción. En otro recurso, la SCJN resolvió que los gobiernos de los estados tenían la obligación de seguir los procedimientos nacionales de atención a la salud cuando proporcionaran servicios a mujeres víctimas de actos de violencia, incluido acceso a anticonceptivos de emergencia.

Derechos de los pueblos indígenas

Las comunidades indígenas siguieron careciendo de un acceso igualitario a la justicia, la salud, la educación y otros derechos y servicios. Las autoridades gubernamentales no trabajaron de manera efectiva con las comunidades indígenas para mejorar la protección de sus derechos y su acceso a los servicios. Pese a las promesas del gobierno de reducir la mortalidad materna, los insuficientes servicios de salud siguieron contribuyendo a que el número de muertes maternas entre mujeres indígenas de los estados del sur fuera desproporcionadamente elevado.

• En abril fueron excarceladas las presas de conciencia Alberta Alcántara y Teresa González después de que la SCJN resolviera que su condena no había sido suficientemente fundada. Las dos indígenas, procedentes de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, habían estado tres años en prisión acusadas falsamente de secuestrar a unos agentes de la policía federal.
• El gobierno local no impidió que grupos armados sitiaran San Juan Copala, en la región indígena triqui del estado de Oaxaca. Como consecuencia, parte de la comunidad estuvo varios meses sin acceso a asistencia médica básica, alimentos, agua y servicios educativos.

Escrutinio internacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencias contra México por violaciones graves de derechos humanos en los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, mujeres indígenas que fueron violadas por unos soldados en 2002, así como en el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos ecologistas torturados en 1999 por el ejército en el estado de Guerrero y encarcelados y condenados por cargos penales falsos. La Corte ordenó a México que reconociera su responsabilidad, adoptara medidas de reparación para las víctimas y garantizara que las autoridades civiles llevarían a cabo una investigación efectiva de los responsables. El gobierno mexicano prometió acatar la orden, pero al concluir el año seguían sin aplicarse en gran medida estas sentencias y otras dos dictadas en 2009.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló una serie de recomendaciones al gobierno mexicano tras estudiar su informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Visitaron el país los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la educación y sobre la independencia de los magistrados y abogados. También se efectuó una visita conjunta de los relatores sobre la libertad de expresión de la ONU y la Organización de los Estados Americanos. En mayo, el gobierno se vio obligado a hacer público un informe de 2008 del Subcomité de la ONU sobre la Prevención de la Tortura.