México
Jefe del Estado y del gobierno
Felipe Calderón Hinojosa
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
114,8 millones
Esperanza de vida
77 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
16,8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,4 por ciento

Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas. Los migrantes irregulares que atravesaban México por decenas de miles sufrieron abusos graves, tales como secuestro, violación y homicidio, a manos de estas bandas. El gobierno no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos. El sistema de justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos. Se incumplieron las normas sobre juicios justos. No se adoptaron medidas para garantizar justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” de México (1964-1982). Se introdujeron varias reformas constitucionales progresistas en materia de derechos humanos.

Información general

El gobierno del presidente Calderón siguió desplegando a 50.000 soldados y a un número creciente de infantes de marina para combatir a los cárteles de la droga. Durante el año, éstos lucharon entre sí y contra las fuerzas de seguridad por el control territorial en ciertos estados, como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero. Más de 12.000 personas perdieron la vida en la violencia resultante. La gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron. En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que había aún 8.898 cadáveres sin identificar en las morgues del país y de que se había denunciado la desaparición de 5.397 personas desde 2006. Más de 40 soldados y de 500 policías fueron asesinados en 2011.

Durante el año se recibió información según la cual las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la complicidad de algunos policías locales. En los estados de Tamaulipas y Durango se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados. Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50. La preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública, y la insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad.

El gobierno estadounidense entregó a México nuevos fondos relacionados con la seguridad, así como otras transferencias en el marco de la Iniciativa de Mérida, acuerdo trienal de cooperación y seguridad regional. Aunque Estados Unidos retuvo temporalmente algunos fondos, y a pesar de que el gobierno mexicano siguió incumpliendo ciertas condiciones de derechos humanos, las transferencias se realizaron. Una fallida operación estadounidense para seguir el rastro de las armas introducidas de contrabando en México puso de relieve la inexistencia de mecanismos efectivos para impedir que las bandas de delincuentes introdujeran armas en el país.

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Policía y fuerzas de seguridad

El ejército y la marina

El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos –tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.

El sistema de justicia militar seguía a cargo de prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una investigación efectiva la mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los perpetradores eludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiar en diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.

Se presentaron 1.695 denuncias de abusos cometidos por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina. Las autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base, pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas de las investigaciones de la CNDH.

  • En junio, al menos seis hombres fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. Pese a la existencia de pruebas fehacientes –como los testimonios de testigos presenciales– de la responsabilidad de agentes de la Secretaría de Marina, las autoridades navales sólo reconocieron que había habido “contacto” con los hombres. La investigación emprendida por la Procuraduría General de la República no determinó los hechos, pero pese a ello pareció absolver de responsabilidad a la marina sin más investigaciones. Al concluir el año seguía sin conocerse el paradero de los hombres. La familia de uno de ellos se vio obligada a huir de la zona después de que su casa fuera atacada en julio.
  • En mayo, la policía municipal detuvo ilegalmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana y a un amigo suyo en Cuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueron entregados primero a la Policía Federal y después al ejército. Los soldados los torturaron y luego pusieron en libertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió en víctima de desaparición forzada. Su familia presentó una denuncia, pero las autoridades militares negaron toda implicación en la desaparición forzada, incluso después de que la policía declarase sobre la participación del ejército. Ante las abrumadoras pruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Ese mismo mes fue encontrado el cadáver de Jethro Sánchez. Al concluir el año, dos soldados estaban detenidos y acusados formalmente de homicidio y al menos otros tres se habían ocultado. El caso seguía en la jurisdicción militar.

Fuerzas policiales

Los avances en la reforma de las fuerzas de policía federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas, incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales. Se recibieron informes generalizados sobre uso excesivo de la fuerza, tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero en su mayoría no se investigaron de forma efectiva.

  • En diciembre, la policía mató por disparos a dos manifestantes estudiantiles en Chilpancingo, Guerrero, después de que, al parecer, policías federales y estatales abrieran fuego contra los manifestantes con armas automáticas. Varios manifestantes sufrieron malos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y, según informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado para implicarlo falsamente en los disparos. Al finalizar el año varios policías estaban sometidos a investigación.
  • En abril, la policía estatal detuvo a Jesús Francisco Balderrama en Mexicali, estado de Baja California. Su familia pidió información sobre su paradero, pero las autoridades negaron que hubiera sido detenido. Al finalizar el año seguía en paradero desconocido.
  • En julio, unos hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto por pasamontañas –uno de los cuales al menos llevaba aparentemente la insignia de la Policía Federal–, detuvieron a ocho miembros de la familia Muñoz en Anáhuac, estado de Chihuahua. Los familiares de los detenidos presentaron una denuncia, pero las autoridades policiales negaron todo conocimiento de las detenciones. Al concluir el año, seguía sin conocerse el paradero de los hombres y no se había identificado a los responsables de su detención y desaparición.
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Sistema de justicia penal e impunidad

Las reformas del sistema de justicia penal avanzaron con suma lentitud. Había varios factores que contribuían a que las sentencias condenatorias fueran poco fiables, como la detención arbitraria, la tortura, la falsificación de pruebas, la ausencia del debido proceso, la negación del acceso a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial de las actuaciones. La detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días siguió utilizándose de manera generalizada, lo que facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales.

Tortura

Las medidas para prevenir, investigar y castigar la tortura seguían siendo ineficaces, y en las actuaciones judiciales se seguían aceptando declaraciones obtenidas mediante coacción.

  • En febrero, una mujer fue detenida arbitrariamente en Ensenada, Baja California, y, según informes, fue torturada por miembros del ejército en un cuartel militar de Tijuana mientras era interrogada por un fiscal federal civil. La detenida fue sometida a agresiones, semiasfixia, posturas en tensión y amenazas para obligarla a firmar una confesión. Estuvo en detención preventiva (arraigo) 80 días antes de que se formularan cargos contra ella y se ordenara su detención en espera de juicio. Las autoridades negaron inicialmente todo conocimiento de su detención. Más tarde la acusación quedó sin base y la mujer fue puesta en libertad sin cargos. Al concluir el año no había información sobre la investigación iniciada en torno a su denuncia de torturas.
  • En septiembre, un tribunal federal ordenó la celebración de un nuevo juicio parcial para Israel Arzate Meléndez por su presunta implicación en la masacre de Villas de Salvárcar, cometida en Ciudad Juárez en 2010 y en la que murieron 15 jóvenes. La investigación llevada a cabo por la CNDH había concluido que Israel Arzate había sido torturado por los militares para obligarlo a confesar. Sin embargo, el tribunal revisor no concluyó que la jueza a cargo del caso había vulnerado los derechos del procesado al no ordenar una investigación sobre las denuncias de tortura o no excluir como prueba la confesión obtenida mediante tortura.

Condiciones de reclusión

Más de 200 reclusos murieron, principalmente por la violencia de las bandas, en prisiones con problemas de hacinamiento e inseguridad.

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Migrantes irregulares

Decenas de miles de migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de Centroamérica, que se dirigían a Estados Unidos corrían el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza o asesinados por bandas delictivas, que actuaban a menudo en colusión con funcionarios públicos. Los responsables casi nunca rendían cuentas de sus actos. En febrero, la CNDH informó de que, en un periodo de seis meses, habían sido secuestrados 11.000 migrantes. Las medidas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y castigar los abusos y garantizar el acceso a la justicia siguieron siendo inadecuadas. Se conocieron más casos de malos tratos a manos de funcionarios de inmigración y de colusión con bandas delictivas, pese a las medidas para acabar con los funcionarios corruptos. Las autoridades no recabaron datos suficientes sobre los abusos para facilitar las investigaciones que llevaban a cabo los familiares de los migrantes desaparecidos. Las familias de migrantes centroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el país para exigir que se adoptasen medidas destinadas a localizar a sus familiares y para poner de relieve la suerte que habían corrido muchos migrantes.

Se aprobaron leyes sobre refugiados y migración para mejorar la protección legal de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, los reglamentos necesarios para garantizar su aplicación efectiva se redactaron sin consultas adecuadas y seguían pendientes al finalizar el año.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en la red de refugios que proporcionaban asistencia humanitaria a los migrantes fueron objeto de amenazas e intimidación.

  • Al concluir 2011 seguían sin identificarse al menos 14 cadáveres de 72 migrantes irregulares asesinados en San Fernando, estado de Tamaulipas, en 2010. En abril se descubrieron otros 193 cadáveres en el municipio; al finalizar el año se habían identificado menos de 30. Los familiares expresaron preocupación por el hecho de que los métodos inadecuados para recabar y preservar pruebas estaban dificultando las identificaciones. En agosto, las autoridades anunciaron la detención y el enjuiciamiento de más de 80 sospechosos –16 de ellos policías– vinculados al cártel de Los Zetas que actuaban en San Fernando; algunos eran sospechosos de estar implicados en los homicidios de migrantes.
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Libertad de expresión: periodistas

Según la CNDH, al menos nueve periodistas murieron violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación. La impunidad siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, pese a la existencia de una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas. Continuaron debatiéndose las reformas para que los delitos contra periodistas se tipificaran como delitos federales y para mejorar las investigaciones.

Como consecuencia de los ataques y la intimidación contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la delincuencia y la seguridad pública era escasa o prácticamente inexistente en algunas regiones de elevada criminalidad. Las redes sociales desempeñaron un papel cada vez más destacado al facilitar información sobre amenazas contra la seguridad de las comunidades locales. Las bandas de delincuentes mataron al menos a tres blogueros y amenazaron a otros por publicar información que denunciaba sus actividades delictivas.

En Veracruz, las autoridades estatales detuvieron durante un mes a dos usuarios de Twitter y aprobaron leyes que penalizaban la distribución –por cualquier medio– de información falsa que perturbase el orden público. La CNDH presentó un recurso de constitucionalidad contra los cambios de la ley alegando que violaban el derecho a la libertad de expresión.

  • En junio, unos hombres armados no identificados mataron a Miguel Ángel López Velasco, a su esposa y a su hijo en su casa de Veracruz. El conocido periodista, que informaba sobre la delincuencia y la corrupción política, había recibido amenazas de muerte con anterioridad. Al finalizar el año proseguía la investigación sobre los homicidios.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Más de 20 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e inadecuada. En julio, el presidente firmó un decreto que establecía un mecanismo de protección, pero al finalizar el año no había datos que indicasen que el mecanismo estuviera activo o hubiera mejorado la protección de los periodistas o de los defensores de derechos humanos. Al concluir el año se debatía un proyecto de ley para reforzar el mecanismo.

El compromiso del gobierno de respetar la labor de defensores y defensoras quedó en entredicho en julio, cuando el almirante secretario de Marina atacó públicamente el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que documentaban abusos cometidos por las fuerzas armadas.

  • José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz continuaban cumpliendo sendas penas de seis años de prisión impuestas en julio de 2010. Ambos activistas de la comunidad indígena nahua fueron declarados culpables sobre la base de cargos penales falsos como represalia por sus esfuerzos para obtener un acceso equitativo al agua para su comunidad en Atla, estado de Puebla.
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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En julio entraron en vigor las reformas constitucionales que obligaban a las autoridades de todos los niveles a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos que tuvieran categoría de constitucionales. Además, las reformas establecían que no se podían suspender ciertos derechos fundamentales durante los estados de emergencia, reconocían por ley varios derechos sociales y económicos, como el derecho a la alimentación y al agua no contaminada, y reforzaban las facultades de la CNDH.

En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Estado debía cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México, incluida la que ordenaba que los militares implicados en violaciones de derechos humanos fueran investigados y juzgados por tribunales civiles y que se reformase a tal efecto el Código de Justicia Militar. Al concluir el año, los cuatro casos de abusos cometidos por militares sobre los que la Corte Interamericana había dictado sentencia habían sido transferidos a la jurisdicción civil. Sin embargo, el cumplimiento de otros elementos clave de las sentencias de la Corte Interamericana seguía siendo muy limitado, y se continuó aplicando la jurisdicción militar en otros casos de derechos humanos.

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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos estados y los responsables siguieron eludiendo la justicia en la mayor parte de los casos. La legislación que mejoraba el acceso a la justicia y la seguridad para las mujeres en situación de riesgo siguió siendo inefectiva en muchas zonas.

  • Más de 320 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Los responsables del asesinato, en diciembre de 2010, de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo no rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, Norma Andrade, de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue tiroteada y resultó gravemente herida frente a su casa. Ella y otras personas de la organización recibieron amenazas de muerte durante el año y se vieron obligadas a huir de la ciudad para salvaguardar su seguridad.
  • En octubre, Margarita González Carpio sufrió una agresión grave a manos de su ex pareja, un alto cargo de la Policía Federal de la ciudad de Querétaro. Inicialmente, las autoridades federales y estatales se negaron a adoptar medidas para protegerla o investigar las denuncias de agresión. Al concluir el año Margarita González seguía oculta y no se disponía de información sobre los avances de la investigación.
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Derechos sexuales y reproductivos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por un pequeño margen de votos una acción de inconstitucionalidad para anular los cambios en las Constituciones de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que establecían el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Siete de los 11 jueces de la Suprema Corte alegaron que los cambios eran inconstitucionales y limitaban los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, esta mayoría era insuficiente para anular los cambios, lo que hacía temer que las mujeres pudieran encontrarse con obstáculos adicionales a la hora de acceder a servicios de aborto en los 17 estados que habían adoptado disposiciones similares.

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Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, la salud y la educación. Continuaron realizándose proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El proyecto de ley para regular las consultas con las comunidades indígenas seguía paralizado.

  • Los miembros de la comunidad indígena wixárika protestaron contra la concesión minera otorgada a una empresa canadiense para explotar los depósitos de plata de la Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener su consentimiento.
  • En diciembre, la sequía que afectó al estado de Chihuahua incrementó los niveles de desnutrición severa entre las comunidades indígenas tarahumaras, a lo que contribuyó la desatención de sus derechos humanos y la marginación que venían sufriendo durante muchos años.
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Escrutinio internacional

Visitaron el país varios mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, como el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el relator especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial de la OEA sobre trabajadores migratorios y sus familiares. En abril, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU, estudió el informe de México y su cumplimiento de la Convención. En julio visitó México la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

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