Moldavia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Moldavia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Moldavia is now live »

Jefe del Estado: Vladimir Voronin
Jefe del gobierno: Vasile Tarlev
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

La tortura y los malos tratos eran prácticas generalizadas y las condiciones de reclusión en detención preventiva eran muy duras. Aunque Moldavia ratificó varios tratados que protegían los derechos de las mujeres, se seguía haciendo objeto de trata a hombres, mujeres, niños y niñas para su explotación sexual y de otro tipo, y las medidas para proteger a las mujeres contra la violencia en el ámbito familiar eran inadecuadas. Se reformó la Constitución para abolir la pena de muerte. Se impusieron restricciones a la libertad de expresión y se persiguió a figuras políticas de la oposición.

Tortura y malos tratos

En un informe publicado en febrero tras una visita realizada en 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura concluyó que la tortura y los malos tratos se seguían practicando de forma generalizada en Moldavia y que no se respetaban importantes salvaguardias para la prevención de la tortura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en tres causas que Moldavia había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En una de ellas, el Tribunal decidió que la Oficina del Fiscal General no había llevado a cabo una investigación efectiva de las denuncias de tortura de Mihai Corsacov y, al negarse a iniciar procedimientos contra los agentes de policía implicados, había privado a Corsacov del derecho a un recurso efectivo contra los malos tratos que había sufrido durante su detención en 1998. A lo largo del año continuaron recibiéndose informes sobre tortura y malos tratos generalizados.

Vitalii Colibaba fue detenido en Kishinev el 21 de abril, acusado de lesionar a un policía durante una pelea. Al parecer, tres agentes de policía lo suspendieron de una palanca y lo golpearon en la cabeza y el cuello hasta que perdió el conocimiento. No le permitieron comunicarse con un abogado hasta seis días después de su detención y, al parecer, lo castigaron con golpes cuando éste envió un escrito de queja a la fiscalía. Un examen médico realizado en presencia de los tres agentes que presuntamente lo habían torturado no halló indicio alguno de malos tratos. Vitalii Colibaba fue puesto en libertad bajo fianza en mayo y al finalizar el año seguían pendientes los cargos en su contra.

El 18 de enero, la Fiscalía rechazó la petición de que se instruyeran diligencias penales contra varios agentes de policía sospechosos de torturar a Sergei Gurgurov, en el distrito de Rîscani, en Kishinev, en octubre de 2005. Sergei Gurgurov había sido detenido en relación con el robo de un teléfono móvil. En abril de 2006 fue detenido de nuevo por violar las condiciones de su libertad bajo fianza, aunque su abogado había explicado que no podía acudir a la comisaría porque estaba recibiendo tratamiento médico por las lesiones que le había causado la tortura. El 12 de mayo, el tribunal de apelación de Kishinev resolvió que su detención había sido ilegal.

Hostigamiento de profesionales del derecho

En junio se informó a Ana Ursachi y Roman Zadoinov, profesionales del derecho que habían trabajado estrechamente con Amnistía Internacional en los casos de Vitalii Colibaba y Sergei Gurgurov, de que serían procesados por difundir información falsa sobre violaciones de derechos humanos en Moldavia y por perjudicar la imagen del país en el extranjero. En una carta dirigida al Colegio de Abogados, la Oficina del Fiscal General declaró que ambos podían ser procesados en virtud del artículo 335 del Código Penal por «abuso de posición oficial», delito que se castigaba con una pena máxima de cinco años de cárcel.

Condiciones inhumanas en centros de detención preventiva

En el informe sobre la visita que realizó en 2004, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura calificó de «desastrosas» las condiciones de reclusión imperantes en los lugares de detención dependientes del Ministerio del Interior y afirmó que en muchos casos constituían trato inhumano o degradante.

A lo largo del año Amnistía Internacional expresó su preocupación por las condiciones en los calabozos de la comisaría de policía de Orhei. Situados en el sótano, tenían capacidad para cuatro detenidos pero, según informes, normalmente albergaban a siete o más personas. La ventilación era insuficiente y los calabozos estaban infestados de piojos y pulgas. Muchos detenidos padecían enfermedades de la piel pero rara vez tenían acceso a un médico. Los servicios higiénicos se reducían a un cubo que los detenidos debían utilizar en presencia del resto de los ocupantes de la celda. Según los informes, se veían obligados a hacer turnos para dormir, sobre una plataforma de ladrillo y sin mantas, sábanas o colchón.

Violencia contra las mujeres

El 28 de febrero Moldavia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el 19 de mayo ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, convirtiéndose en el primer país que lo hacía. En febrero se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para prevenir la violencia en el ámbito familiar y luchar contra ella. El proyecto no incluía medidas adecuadas para proteger a las víctimas o procesar a los perpetradores.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sometió a consideración los informes periódicos segundo y tercero de Moldavia y expresó su preocupación por el nivel de violencia doméstica contra las mujeres, el creciente aumento de la trata de jóvenes y niñas y la falta de protección para las víctimas. El Comité recomendaba la aprobación con algunas enmiendas del proyecto de ley para prevenir la violencia intrafamiliar y luchar contra ella.

Libertad de expresión

Causaba preocupación la aparente falta de respeto a la libertad de expresión por parte de las autoridades moldavas.

El 28 de abril, el alcalde de Kishinev denegó el permiso solicitado por la ONG GenderDoc-M para celebrar una concentración del Orgullo Gay en esa ciudad, con el argumento de que varios grupos religiosos habían anunciado que organizarían actos de protesta si la concentración se celebraba.

La oficina del alcalde de Kishinev no autorizó la celebración de una manifestación para pedir que se erigiera una estatua a un escritor rumano. A pesar de que la ONG Hyde Park obtuvo finalmente el permiso tras recurrir contra la primera decisión, la policía detuvo a todos los manifestantes durante 40 horas, en condiciones penosas, en los calabozos de la comisaría del distrito de Buiucani, sin acceso a un abogado. Luego los puso en libertad, acusados de participar en una reunión no autorizada, resistirse a la autoridad e insultar a agentes de policía. Las grabaciones de sonido realizadas mediante un teléfono móvil durante la detención no contenían indicio alguno de que los manifestantes hubieran opuesto resistencia. Posteriormente se retiraron todos los cargos.

El 4 de octubre, el alcalde de Kishinev denegó el permiso solicitado por Amnistía Internacional Moldavia para celebrar una manifestación contra la pena de muerte frente a las embajadas de Bielorrusia y Estados Unidos el 10 de octubre. El 15 de noviembre, el Tribunal Supremo declaró ilegales las acciones del alcalde.

Procesos contra figuras políticas de la oposición

Al parecer se persiguió a algunos políticos de la oposición por sus opiniones políticas.

Gheorghe Străisteanu, ex miembro del Parlamento, fundador de la primera compañía de televisión privada de Moldavia y conocido por criticar los ataques del gobierno contra la libertad de los medios de comunicación, fue detenido el 21 de agosto. Lo acusaron de amenazar de muerte a Mihai Mistreţ, alcalde de Ţigăneşti, en relación con una decisión del concejo local de cancelar el contrato de arrendamiento de una tierra que Străisteanu alquilaba. En dos ocasiones vertieron tazas de lejía en su celda y el detenido se desmayó. El 28 de noviembre fue puesto bajo arresto domiciliario. Gheorghe Străisteanu había sido detenido con anterioridad en 2005 y acusado de una serie de robos a automovilistas en gran escala.

Abolición de la pena de muerte

El 29 de junio el Parlamento moldavo votó por unanimidad enmendar la cláusula 3 del artículo 24 de la Constitución, que preveía la pena de muerte en casos excepcionales, con lo que esta pena quedaba abolida en la ley. El 29 de julio el Parlamento ratificó el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. El Parlamento había votado a favor de la abolición de la pena capital en 1995; al año siguiente se habían conmutado todas las condenas de muerte pendientes y se habían eliminado del Código Penal las disposiciones relativas a este castigo.

La autoproclamada República Moldava del Dniéster

El 17 de septiembre, la República Moldava del Dniéster, no reconocida por la comunidad internacional, votó a favor de continuar con su independencia de facto de Moldavia y de unirse finalmente a la Federación Rusa. Tudor Petrov-Popa y Andrei Ivanţoc seguían detenidos en Tiraspol, a pesar de que en julio de 2004 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado que su reclusión era arbitraria y violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los dos hombres eran miembros del grupo conocido como «los seis de Tiraspol», que en 1993 habían sido condenados a prisión por «actos terroristas», entre ellos el asesinato de dos funcionarios de la República Moldava del Dniéster. Los otros cuatro integrantes del grupo habían quedado en libertad en 1994, 2001 y 2004. El 10 de mayo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó una cuarta resolución provisional sobre el caso por la que solicitaba la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo pedía a Moldavia que prosiguiese con sus esfuerzos para garantizar la liberación de los dos hombres y a la Federación Rusa que diese cumplimiento a la sentencia.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Europe and Central Asia: Summary of concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

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