Moldavia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Moldavia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Moldavia is now live »

Jefe del Estado : Vladimir Voronin
Jefe del gobierno : Vasile Tarlev
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 4,2 millones
Esperanza de vida : 68,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 30/26 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,1 por ciento

Aunque el gobierno continuó mostrando su disposición a adecuar el sistema de justicia a las normas internacionales y europeas, las prácticas y actitudes aún iban a la zaga de esos cambios. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizadas y las víctimas tenían enormes dificultades para presentar denuncias y obtener resarcimiento. Mujeres, hombres y menores moldavos siguieron siendo objeto de trata pese a los esfuerzos de organizaciones locales e internacionales para dar a conocer los peligros de la trata de personas, y la protección insuficiente a los testigos dificultó los procesamientos por ese delito. El Estado impuso restricciones a la libertad de expresión.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas que impregnaban todo el sistema. Las salvaguardias que amparaban a los detenidos eran insuficientes y a menudo éstos pasaban largos periodos bajo custodia policial en condiciones precarias. La falta de recursos para desempeñar la labor policial y la presión para que se llevaran tantos casos como fuera posible ante los tribunales animaron a los investigadores policiales a obtener confesiones por medios violentos. No hubo investigaciones eficaces e imparciales sobre las denuncias de tortura, y eso generó un clima de impunidad. En cinco de sus sentencias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Moldavia había vulnerado el derecho de la persona a no ser sometida a tortura y otros malos tratos.

En julio, el Parlamento aprobó varias enmiendas a la Ley sobre la Institución de los Defensores Parlamentarios (Defensores del Pueblo) para establecer un mecanismo independiente encargado de vigilar los lugares de detención con arreglo a las obligaciones contraídas por Moldavia en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Las enmiendas introducidas proponían el establecimiento de un comité consultivo dentro de la Oficina de los Defensores Parlamentarios que debía incluir a representantes de ONG de derechos humanos; sin embargo, no garantizaban la independencia funcional o económica ni la financiación adecuada del comité consultivo, tal como exige el Protocolo Facultativo.

En noviembre se publicó el informe preliminar de la visita a Moldavia del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, realizada en septiembre. Según el Comité Europeo, alrededor de la tercera parte de las personas entrevistadas durante esa visita formularon denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos.

  • Viorica Plate contó a Amnistía Internacional que la policía de la comisaría de Botanica, en Chisinau, la había torturado el 19 de mayo. La detuvieron en su domicilio de Orhei y la acusaron de robar 7.000 dólares estadounidenses a su ex esposo. Según informes, tres agentes de policía la arrojaron sobre un sofá de su apartamento, le retorcieron los brazos, la esposaron y se la llevaron a la comisaría de policía de Botanica. De acuerdo con su testimonio, en la comisaría los agentes le pusieron una máscara de gas en la cabeza y la golpearon en las plantas de los pies mientras cerraban la entrada de aire a la máscara, lo que le hizo perder el conocimiento. Después la ataron suspendida de la barra de un perchero colocado entre dos sillas y continuaron con los golpes en las plantas de los pies. Finalmente, Viorica Plate logró agarrar un cuchillo de una mesa y se hizo un corte en la muñeca, por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia y se la llevaron al hospital. Tras presentar una queja ante la Fiscalía General, se abrió una investigación, pero los agentes no fueron apartados de sus puestos y, según denunció Viorica Plate, en junio amenazaron con detenerla de nuevo. Dos de los agentes implicados fueron condenados al final del año a seis años de reclusión, y a un tercer agente se le impuso una condena condicional.
  • El 23 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Vitalii Colibaba había sufrido malos tratos a manos de agentes de policía en abril de 2006 y que el Estado no había llevado a cabo una investigación efectiva sobre las denuncias. También concluyó que el Estado no había facilitado el acceso al Tribunal Europeo porque el fiscal general había enviado un escrito al Colegio de Abogados, con fecha del 26 de junio de 2006, en el que señalaba la posibilidad de que se formularan cargos penales contra el representante letrado de Vitalii Colibaba y otro abogado por haber entregado información sobre casos de tortura a organizaciones internacionales. Amnistía Internacional había hecho campaña en favor de Vitalii Colibaba y los abogados y había pedido en reiteradas ocasiones un examen efectivo e imparcial sobre las denuncias de tortura. En junio, la Fiscalía General informó a la organización de que, si bien era cierto que Vitalii Colibaba había sufrido lesiones durante su detención bajo custodia policial, éstas no eran consecuencia de tortura ni otros malos tratos.
  • El 26 de noviembre, ocho reclusos portadores del VIH que estaban detenidos en la prisión preventiva número 13 de la capital, Chisinau, se hicieron cortes en las muñecas como medida de protesta por sus condiciones de reclusión. Los ocho soportaban condiciones de hacinamiento en una celda de 20 metros cuadrados. Algunos presos seropositivos padecían además tuberculosis resistente a múltiples medicamentos, lo que ponía a otros presos en grave peligro de contraer la enfermedad. Según los informes recibidos, fuerzas especiales de guardias penitenciarios sofocaron la protesta con porras de goma y varios presos resultaron heridos. Cuatro de ellos fueron posteriormente agrupados en una celda de castigo situada en el sótano, lo que suponía un mayor riesgo para su salud.

Violencia contra las mujeres

Pese a la existencia de programas de protección de testigos, muy pocas víctimas de trata para fines de explotación sexual pudieron beneficiarse de esa protección efectiva si aceptaban declarar. Las mujeres sólo recibían protección como testigos si el peligro de ser agredidas por los traficantes se podía demostrar, y en la mayoría de los casos, para eso era necesario aportar pruebas de amenazas o ataques previos. Según el informe anual sobre trata de personas publicado en junio por el Departamento de Estado estadounidense (Trafficking in Persons Report), Moldavia no había abordado el problema de la complicidad de funcionarios del Estado en diversas formas de tráfico.

Libertad de expresión

En una resolución aprobada en octubre, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitó a las autoridades moldavas que reforzaran todas las garantías necesarias para asegurar el respeto a la libertad de expresión definido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

  • En abril, el Ayuntamiento de Chisinau denegó por tercer año consecutivo el permiso para celebrar una marcha del orgullo gay a la organización Gender Doc-M. Se adoptó esta decisión a pesar de que el Tribunal Supremo había fallado en febrero que esa misma negativa en abril de 2006 había sido ilegal.

Justicia internacional

El 2 de octubre, el Tribunal Constitucional resolvió que Moldavia podía ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sin que fuera necesario modificar su Constitución. Aunque Moldavia había firmado el Estatuto de Roma en el año 2000, el gobierno había solicitado después al Tribunal Constitucional que determinara si el Estatuto estaba en contradicción con la Constitución.

La autoproclamada República Moldava del Dniéster(Transdniéster)

En junio hubo elecciones municipales en toda Moldavia. Sin embargo, las autoridades de Transdniéster impidieron que se celebraran los comicios en Corjova, uno de los nueve pueblos situados geográficamente en Transdniéster pero sujetos al control del gobierno central de Moldavia. Valentin Beşleag, candidato a alcalde en las elecciones municipales, permaneció 15 días detenido en la comisaría de policía de Dubasari y fue acusado del delito administrativo de distribuir material electoral procedente del extranjero. Iurie Cotofan, que intentó depositar su voto el 3 de junio, fue presuntamente golpeado por varios agentes de policía de Transdniéster y recluido en la comisaría de policía de Dubasari, hasta que a media noche lo pusieron en libertad sin cargos y sin explicación alguna.

  • Los dos únicos miembros de «los seis de Tiraspol» que quedaban en prisión, Andrei Ivanţoc y Tudor Petrov-Popa, condenados en 1993 a sendas penas de cárcel en Transdniéster por «actos terroristas», entre ellos el asesinato de dos funcionarios de Transdniéster, quedaron en libertad el 2 y el 4 de junio, respectivamente, al expirar sus condenas. Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado que su detención era arbitraria y contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos en una sentencia dictada en julio de 2004, habían seguido encarcelados en Tiraspol, capital de Transdniéster. Ambos fueron liberados y expulsados de Transdniéster. Andrei Ivanţoc trató de regresar allí pero fue obligado a subir a un vehículo y conducido a Chisinau.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

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