Moldavia

Human Rights in República de Moldavia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Moldavia is now live »

Jefe del Estado Vladimir Voronin
Jefa del gobierno Zinaida Greceanîi
(sustituyó a Vasile Tarlev en marzo)

Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 3,8 millones
Esperanza de vida 68,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 21/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 99,1 por ciento

Continuaron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, y los perpetradores siguieron disfrutando de impunidad. Se introdujo una nueva ley progresista en materia de libertad de expresión, pero las prácticas y actitudes aún iban a la zaga de esos cambios. Organismos internacionales observaron que algunos grupos sufrían discriminación, y los actos de discriminación por motivos raciales no se persiguieron con eficacia.

Tortura y otros malos tratos

El 14 de marzo, el Parlamento aprobó una ley que podía ayudar a prevenir la tortura y reducir la impunidad para los actos de tortura y otros malos tratos. Entre otras modificaciones, el Código de Procedimiento Penal se reformó de modo que la institución donde había permanecido recluida la presunta víctima tenía que demostrar que la tortura y otros malos tratos no habían tenido lugar. Anteriormente, la carga de la prueba había recaído sobre las víctimas, que debían demostrar que habían sido objeto de tortura u otros malos tratos.

"Los autores de tortura y otros malos tratos siguieron disfrutando de impunidad..."

El consejo consultivo del Defensor del Pueblo, encargado de vigilar los lugares de detención con arreglo a las obligaciones contraídas por Moldavia en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, estaba operativo desde marzo. Sin embargo, seguía existiendo preocupación porque carecía de financiación adecuada y no era suficientemente independiente del Defensor del Pueblo. Hubo informes continuados de tortura y otros malos tratos bajo custodia policial.

  • En febrero, los hermanos Vasiliu y Petru Livadari fueron al parecer golpeados por personal penitenciario de la cárcel de Cricova, debido a sus denuncias sobre el trato y las condiciones en la prisión. Según los informes, les amenazaron con matarlos a golpes después de que enviaran una denuncia al Defensor del Pueblo. Ante la insistencia del Defensor del Pueblo, los dos fueron trasladados, aunque los fiscales que acudieron a la prisión de Cricova para investigar las denuncias intentaron disuadirles de su idea de presentar una denuncia. El 6 de marzo, el Ministerio de Justicia, responsable del servicio de prisiones en Moldavia, declaró que Vasiliu y Petru Livadari habían sido trasladados a un hospital penitenciario donde estaban recibiendo tratamiento médico, pero que no existían indicios de que hubieran sido sometidos a malos tratos. Sin embargo, la Fiscalía General anunció el 4 de abril que dos funcionarios de prisiones habían sido acusados de tortura en virtud del artículo 309/1 del Código Penal. Al terminar el año, el caso no había concluido.

Impunidad

Los autores de tortura y otros malos tratos siguieron disfrutando de impunidad debido a un deficiente e inefectivo sistema de investigaciones y a la falta de voluntad política para procesar a los responsables.

  • En febrero, Viorica Plate comunicó a Amnistía Internacional que tanto ella como su abogado estaban siendo hostigados por la policía. Viorica Plate había sufrido torturas a manos de agentes de policía en Chisinau en mayo de 2007. El 1 de noviembre de 2007, dos de los agentes implicados fueron condenados a seis años de prisión, y a un tercero se le impuso una condena condicional. Viorica Plate acusó de hostigamiento a los policías condenados por tortura y afirmó que dos de ellos no habían sido detenidos. El 6 de marzo, la Fiscalía General declaró que los agentes en cuestión no habían sido detenidos porque habían recurrido sus condenas, y que no se consideraba necesario adoptar medidas de protección para Viorica Plate.
  • El 23 de junio, la Fiscalía General de Chisinau volvió a denegar la solicitud de apertura de un proceso penal en relación con las denuncias de tortura realizadas por Sergei Gurgurov, a quien, al parecer, en octubre de 2005 la policía de Chisinau había causado lesiones en la cabeza y la columna vertebral que le habían incapacitado de forma permanente.

Libertad de expresión

El 22 de febrero, el Parlamento moldavo aprobó una nueva ley de reunión que entró en vigor el 22 de abril. La nueva ley, redactada tras amplias consultas con la sociedad civil, supuso un paso importante hacia una mayor libertad de expresión en Moldavia. Los organizadores de actos públicos debían informar del evento a las autoridades locales, pero ya no tenían que solicitar autorización, y las reuniones de menos de 50 personas podían celebrarse espontáneamente sin notificación. La ley también establecía que las reuniones sólo podían ser prohibidas por un tribunal. Sin embargo, a pesar de estas disposiciones progresistas, la policía y las autoridades locales siguieron restringiendo la libertad de expresión. Según observaciones realizadas por la organización local Centro de Recursos para los Derechos Humanos, la presencia policial en las manifestaciones, el número de detenciones y el uso de fuerza por parte de la policía habían aumentado desde la entrada en vigor de la nueva ley. A algunas personas se les impidió manifestarse pacíficamente, y a otras se las detuvo durante breves periodos por haberlo hecho, aunque la mayoría de las acusaciones de la policía no fueron respaldadas por los tribunales.

  • El 8 de mayo, la alcaldía de Chisinau prohibió una manifestación de activistas en favor de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. La ONG Gender Doc-M había informado a la alcaldía de su intención de celebrar una manifestación frente al Parlamento en apoyo de la nueva ley contra la discriminación. En una notificación por escrito, la alcaldía afirmó que organizaciones religiosas, estudiantes y residentes de Chisinau habían reaccionado negativamente ante la manifestación prevista y habían «acusado a las minorías sexuales de agresividad y violación de los valores morales y espirituales». Por tanto, para «evitar tensiones en la sociedad», estimaba necesario prohibir la reunión pública prevista, a fin de proteger a los manifestantes. Cuando el 11 de mayo los activistas llegaron al Parlamento en un autobús, un grupo de unos 300 contramanifestantes en actitud agresiva los rodeó y les impidió apearse. Según algunos testigos, en el lugar había muy pocos policías y, a pesar de la tensión creciente, no actuaron para proteger a los activistas, que se vieron obligados a marcharse. Nadie resultó herido.
  • El 30 de abril, Oleg Brega, de la organización en favor de la libertad de expresión Hyde Park, fue detenido por la policía por protestar en solitario y pacíficamente en el centro de Chisinau, en el aniversario de la fundación de la empresa estatal de radiodifusión. La policía trató de impedir su protesta y lo acusó de vandalismo. El 8 de mayo un tribunal lo condenó a tres días de detención por proferir improperios en público. A su hermano Ghenadie Brega se le impuso una multa por protestar en público contra la detención de Oleg Brega. Éste fue absuelto por el Tribunal de Apelación el 27 de mayo.

Discriminación

El 29 de abril, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia publicó su tercer informe sobre Moldavia, y el 16 de mayo el Comité de la ONU para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial publicó sus observaciones finales sobre los informes periódicos quinto, sexto y séptimo de Moldavia. Los dos organismos expresaron su preocupación porque no se aplicaba la legislación existente que prohibía la incitación al odio racial, nacional y religioso, se denegaba la autorización para inscribirse legalmente a organizaciones de la minoría étnica musulmana, y no se perseguían con eficacia los actos de discriminación –incluida la discriminación racial– por parte de la policía.

En junio, el Ministerio de Justicia puso a disposición de la sociedad civil, para su debate, un anteproyecto de ley de Prevención y Lucha contra la Discriminación. La nueva ley se basaba en las normas internacionales, y el hecho de incluir a la sociedad civil en el proceso de elaboración era un signo positivo. Sin embargo, el anteproyecto se centraba en la obligación negativa de no discriminar, y no incluía el deber positivo de promover la igualdad.

Justicia internacional

El 11 de febrero, el presidente Voronin remitió al Parlamento un proyecto de ley para la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los progresos hacia la ratificación siguieron siendo lentos. Moldavia había firmado el Estatuto de Roma en el año 2000, pero no fue hasta 2006 cuando el Ministerio de Justicia redactó la ley de ratificación. El 2 de octubre de 2007, el Tribunal Constitucional falló que Moldavia podía ratificar el Estatuto de Roma sin necesidad de modificar la Constitución.

 

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