Moldavia
Jefe del Estado
Nicolae Timofti (sustituyó a Marian Lupu en marzo)
Jefe del gobierno
Vladimir Filat

Se recibieron informes de tortura y otros malos tratos cometidos por la policía con impunidad. El Estado no protegió a las personas frente a la discriminación motivada por su orientación sexual y su estado de salud.

Tortura y otros malos tratos

A pesar de los cambios legislativos, continuó la impunidad por torturas y otros malos tratos. De las 128 denuncias recibidas por la Fiscalía General en relación con los sucesos posteriores a las manifestaciones de abril de 2009, al concluir 2012 sólo 43 habían llegado a los tribunales y únicamente se había declarado culpables a 3 policías, a los que se les impusieron condenas condicionales.

En noviembre, el Parlamento aprobó reformas del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal con el fin de que Moldavia cumpliera mejor con su obligación de erradicar la tortura. La condena máxima por tortura pasó de 10 a 15 años, se eliminó el carácter prescriptible de la tortura, y dejó de existir la posibilidad de amnistiar o imponer condenas condicionales a las personas condenadas por este delito. Otros cambios procesales exigían que la policía hiciese constar el estado de salud de las personas detenidas a su llegada al lugar de detención y que les ofreciese confirmación escrita de los motivos del arresto.

  • El 8 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Eugen Fedoruc contra su internamiento en el hospital psiquiátrico de Chisinau, y en julio se prorrogó su reclusión durante seis meses más. Eugen Fedoruc, que había sido detenido por la policía el 2 de abril de 2011 en relación con una serie de asesinatos, denunció que había sido torturado mientras estuvo detenido en la Jefatura de Policía de Chisinau, desde el 16 de abril al 17 de junio de 2011. Según contó, lo habían colgado atado de pies y manos y le habían aplicado descargas eléctricas para obligarlo a confesar. Después lo habían trasladado al hospital psiquiátrico de Chisinau para someterlo a una evaluación psiquiátrica durante 10 días y había continuado detenido hasta diciembre. Eugen Fedoruc había recibido tratamiento por esquizofrenia como paciente externo, pero, en junio de 2012, su médico afirmó que estaba tranquilo y que no representaba una amenaza, por lo que no había razón para que estuviese internado en el centro. No se investigaron las denuncias de tortura.
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Penas crueles, inhumanas o degradantes

El 24 de mayo, el Parlamento aprobó una nueva ley para introducir la castración química obligatoria como pena para los pederastas violentos, a pesar de que el presidente la había vetado en abril.

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Discriminación

En mayo, el Parlamento aprobó la Ley de Garantía de la Igualdad, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2013. Sin embargo, las disposiciones no cumplían las normas internacionales, ya que no incluían la orientación sexual, la identidad de género y el estado de salud en la lista de motivos de discriminación prohibidos. Continuó existiendo discriminación contra algunos grupos y personas.

  • En febrero, I. H., mujer de 48 años con VIH que sufría un grave deterioro de la articulación de la cadera (osteonecrosis), no pudo someterse a una operación para colocarle una prótesis de cadera al denegársele la intervención por su condición de seropositiva. El 21 de noviembre de 2011, el subdirector del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Chisinau le había dicho que este tipo de cirugía no podía llevarse a cabo en pacientes con VIH. La ONG Instituto de Derechos Humanos de Moldavia y el representante del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en materia de derechos humanos intervinieron señalando que las operaciones para colocar prótesis de cadera eran habituales en pacientes seropositivos de todo el mundo, y que este tipo de cirugía no presentaba complicaciones si el sistema inmunológico estaba en buenas condiciones antes de la operación. El hospital se negó a llevar a cabo la operación.
  • En marzo, antes de aprobarse la Ley de Garantía de la Igualdad, varios gobiernos municipales de todo el país adoptaron medidas discriminatorias contra distintos grupos de sus comunidades. Se prohibió la “propaganda agresiva de orientaciones sexuales no tradicionales”, medida destinada a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, y se discriminó a las personas musulmanas al prohibir el culto musulmán en público. Tras la intervención del defensor del Pueblo, sólo un gobierno municipal anuló esta decisión.
  • El 12 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la prohibición de una manifestación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en mayo de 2005 había vulnerado el derecho a la libertad de reunión y a no sufrir discriminación, y ordenó al gobierno de Moldavia que pagase a los organizadores, GenderDoc-M, 11.000 euros en un plazo de tres meses.
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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Moldavia en abril y septiembre.