Información general

En julio de 2008 se desencadenaron disturbios en la capital, Ulán Bator, entre denuncias de fraude electoral generalizado; cinco personas murieron y centenares resultaron heridas.

El 1 de julio de 2009, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento creó un Grupo de Trabajo integrado por cuatro personas para investigar las denuncias de detención ilegal y tortura y otros malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley durante los disturbios de julio de 2008. El Grupo de Trabajo también investigó las violaciones del derecho a un juicio con las debidas garantías. El 2 de diciembre se celebró una sesión pública para oír las declaraciones de ciudadanos, ONG, abogados y funcionarios públicos.

Impunidad

La Oficina del Fiscal General del Estado archivaba a menudo las denuncias de tortura y otros malos tratos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley tras escasas o nulas investigaciones.

En julio, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que permitió la excarcelación de 2.192 personas que habían cometido faltas y delitos menores antes del 24 de junio de 2009. Entre quienes quedaron en libertad había personas detenidas por presuntos delitos cometidos durante los disturbios de 2008.

El 15 de febrero finalizó la investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigaciones Especiales sobre el caso de 4 altos cargos de la policía sospechosos de autorizar y distribuir munición real y de 10 agentes de policía sospechosos de utilizar fuego real en julio de 2008. Los ulteriores procedimientos para iniciar los procesamientos quedaron paralizados hasta noviembre porque los acusados y sus abogados no habían devuelto los sumarios a la Unidad de Investigaciones Especiales. No estaba claro el modo en que afectaría la Ley de Amnistía a los procesamientos.

Pena de muerte

Todo lo relativo a la pena de muerte se consideraba secreto de Estado. A los familiares y abogados de los condenados a la pena capital no se les notificaba la ejecución, y los cadáveres de las personas ejecutadas nunca se devolvían a sus familias.

• El presidente conmutó las condenas de todas las personas condenadas a muerte que pidieron indulto por penas de 30 años de cárcel. Una de esas personas fue Buuveibaatar, un hombre de 33 años declarado culpable de asesinar a su ex novia en enero de 2008.

Libertad de expresión: periodistas

La Agencia Nacional de Policía presentó a las emisoras de radio contratos que, de ser firmados, las obligaban a colaborar con la policía cuando informasen sobre situaciones de desórdenes públicos. Las emisoras tendrían que depender de la información facilitada por la policía y ayudarla a dispersar manifestaciones, concentraciones y marchas. El temor a las represalias continuó propiciando la autocensura. Las autoridades siguieron restringiendo el acceso a la información.

Novedades jurídicas

Mongolia se adhirió a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

La Agencia Estatal General de Registro reconoció oficialmente el Centro de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Personas Transgénero en diciembre. Anteriormente, la Agencia había rechazado la solicitud de reconocimiento afirmando que iba en contra de “las tradiciones y costumbres de Mongolia” y que podía “dar mal ejemplo a jóvenes y adolescentes”.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran habituales en las comisarías y los centros de detención preventiva. Las condiciones de detención eran deficientes, y el hacinamiento, frecuente.

La Unidad de Investigaciones Especiales de la Oficina del Fiscal General del Estado encargada de investigar las denuncias de actos de tortura cometidos por funcionarios estaba integrada por 24 personas que se ocupaban de todo el país.

Informes y visitas de Amnistía Internacional