El presidente anunció una moratoria en el uso de la pena de muerte en enero. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguieron cometiendo impunemente abusos contra los derechos humanos. La impunidad por torturas y otros malos tratos continuó siendo generalizada.
En noviembre se evaluó el historial de Mongolia en materia de derechos humanos en virtud del examen periódico universal de la ONU. El Comité de la ONU contra la Tortura examinó el informe inicial de Mongolia, pendiente desde que el país ratificó la Convención en 2000.
El grupo de trabajo de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento de Mongolia creado en 2009 para investigar las presuntas torturas y otros malos tratos, violaciones del derecho a un juicio justo y detenciones ilegales perpetradas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante los disturbios del 1 de julio de 2008 no hizo nuevos avances ni se reunió en 2010.
Las denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rara vez desembocaban en enjuiciamientos o condenas penales. Según informes oficiales, se formularon 108 denuncias de tortura u otros malos tratos ante la Fiscalía, de las que se investigaron 38. Las autoridades no adoptaron medidas para prevenir, investigar y castigar ataques contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.
Dos años después de los disturbios de 2008, la Fiscalía confirmó que no emprendería actuaciones contra 4 oficiales y 10 agentes de la policía acusados de autorizar el uso de munición real y de utilizarla, causando la muerte de cuatro hombres. La decisión supuso el incumplimiento de la obligación contraída por Mongolia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de garantizar el castigo como delito del uso arbitrario o excesivo de la fuerza, incluidos medios letales.
En octubre, Bat Khurts, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad de Mongolia, fue detenido en el aeropuerto de Heathrow de Londres (Reino Unido) en virtud de una orden de detención europea. La detención guardaba relación con el secuestro en Francia en 2003 del ciudadano mongol Enkhbat Damiran, secuestrado y llevado vía Alemania a Mongolia, donde había sido torturado. Bat Khurts permanecía en una prisión británica, en espera de ser extraditado a Alemania. Tras conocerse su detención, el hermano de Enkhbat Damiran denunció que presuntos partidarios de Bat Khurts lo habían agredido a él como represalia y habían amenazado a un periodista que informaba de la noticia.
El 14 de enero, el presidente anunció una moratoria en el uso de la pena capital, conmutando la condena de muerte por 30 años de prisión a quienes habían solicitado el indulto. La información sobre el uso por parte del gobierno de la pena capital seguía siendo secreto de Estado. En octubre se presentó al Parlamento un proyecto de ley para ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. En diciembre Mongolia votó a favor de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.
La Unidad Especial de Investigación, encargada de investigar las denuncias contra funcionarios públicos, no dispuso de recursos ni de fondos para cumplir su mandato. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a que modificaran el Código Penal con arreglo a las normas internacionales. El Comité pidió el uso sistemático de grabaciones de vídeo y audio en todos los interrogatorios que se realizaran en lugares donde pudieran cometerse torturas y otros malos tratos. Asimismo, instó a las autoridades a que garantizaran que los presuntos autores de actos de tortura fueran investigados y, en su caso, enjuiciados, condenados y castigados.
Los distritos ger (asentamientos informales) de Mongolia adolecían de falta de acceso a servicios básicos, como vivienda adecuada, infraestructura, saneamiento y alcantarillado. La contaminación del aire y del suelo causada por las estufas de carbón empleadas en la calefacción y las deficiencias de servicios como la gestión de residuos contribuían a la existencia de riesgos graves para la salud, como enfermedades respiratorias y hepatitis.
En julio, Mongolia se convirtió en el segundo Estado que ratificaba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
