Montenegro
Jefe del Estado
Filip Vujanović
Jefe del gobierno
Igor Luksić (sustituyó a Milo Đukanović en diciembre)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
0,6 millones
Esperanza de vida
74,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
11/9 por cada 1.000

Continuaron los procesamientos por crímenes de guerra. Algunos periodistas y ONG sufrieron actos de intimidación. Se siguió privando a la comunidad romaní de derechos económicos y sociales.

Información general

En diciembre se otorgó a Montenegro la condición de Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea, a pesar de que en noviembre la Comisión Europea había hecho hincapié en que seguía siendo necesario que el país adoptase medidas para combatir la delincuencia organizada, mejorar la situación de las personas desplazadas y garantizar la libertad de expresión. También en diciembre dimitió el primer ministro Milo Đukanović, que, excepto entre finales de 2006 y principios de 2008, había ocupado el puesto de primer ministro o presidente desde 1992.

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Justicia internacional

Continuaron los procesamientos por crímenes de guerra contra oficiales de la policía y personal militar de baja graduación, pero rara vez se dictó acta de acusación formal contra altos cargos. En virtud de un acuerdo de extradición firmado con Serbia en octubre, 11 personas buscadas en Montenegro fueron detenidas en Serbia, entre ellas 5 hombres sospechosos de cometer crímenes de guerra en Dubrovnik (Croacia).

  • Continuó el proceso judicial contra nueve ex miembros de la policía y autoridades, cinco de ellos in absentia, por la desaparición forzada de refugiados bosniacos en 1992, que fueron entregados a las autoridades serbobosnias de facto. En noviembre, las autoridades concedieron permiso al ex presidente Momir Bulatović para difundir secretos de Estado al comparecer como testigo en esta causa.
  • Seis miembros del desaparecido Ejército Nacional Yugoslavo juzgados en mayo por crímenes de guerra fueron declarados culpables de torturar y dar trato inhumano a 169 prisioneros de guerra y civiles croatas en el campo de Morinj, cerca de Kotor, en 1992. Se les impuso una pena inferior a la mínima legalmente establecida de cinco años de cárcel, con el argumento de que no habían sido condenados anteriormente por ningún delito.
  • En junio se abrieron actuaciones judiciales contra siete ex miembros del Ejército Yugoslavo –que sucedió al Ejército Nacional Yugoslavo– por crímenes de lesa humanidad contra civiles bosniacos cometidos en Bukovica en 1992 y 1993. En abril, en un pleito civil relacionado con estas actuaciones, Šaban y Arifa Rizvanović obtuvieron sendas indemnizaciones de 10.000 euros por las torturas sufridas a manos de reservistas del Ejército Yugoslavo en 1993.
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Tortura y otros malos tratos

Al finalizar el año no habían entrado en vigor los cambios legislativos que establecían la Oficina del Defensor del Pueblo a modo de mecanismo nacional de prevención, en consonancia con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó en marzo sobre su visita de 2008 y concluyó que las investigaciones sobre presuntos malos tratos debían ser más eficaces. En octubre, la ONG Iniciativa Juvenil por los Derechos Humanos informó de que el Ministerio del Interior había empezado a responder con mayor rapidez a las denuncias que las ONG ponían en su conocimiento y, como consecuencia, algunos agentes de policía habían sido objeto de medidas disciplinarias o acusados formalmente.

  • Dalibor Nikezić e Igor Milić, detenidos en la cárcel de Spuž, presentaron en enero una denuncia contra los guardias en la que alegaban que habían sido maltratados y amenazados para que retiraran otra anterior. La fiscal general había rechazado en febrero esta primera denuncia. A pesar de haber visto un vídeo de vigilancia de la prisión que mostraba cómo sacaban a los hombres de sus celdas a rastras y los golpeaban, la fiscal no consideró justificado abrir un proceso penal.
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Libertad de expresión

Continuaron las amenazas y los actos de intimidación contra periodistas y algunas ONG. Algunos cargos públicos entablaron pleitos por difamación contra periodistas, que dieron lugar a la imposición de fuertes multas, superiores en algunos casos a la cantidad de 14.000 euros legalmente establecida. Los periodistas y las ONG consideraban que las reformas de la Ley de Libertad de Información propuestas en junio restringían la libertad de expresión y el acceso a la información. En octubre, la fiscal general se negó a facilitar información a Human Rights Action sobre la marcha de 14 causas penales en las que esta ONG estaba interesada y que guardaban relación, entre otras cosas, con unas amenazas de 2007 contra la vida de Aleksandar Zeković, miembro del Comité para el Control Civil de la Policía.

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Discriminación

La Ley contra la Discriminación, que incluía disposiciones para proteger a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, se aprobó en julio a pesar de los comentarios homófobos vertidos por el ministro de Derechos Humanos y de las Minorías durante el debate parlamentario. Al terminar el año no se había aplicado la legislación porque no se habían aprobado las enmiendas a la Ley del Defensor del Pueblo que facultaban a la Oficina del Defensor del Pueblo para recibir denuncias de discriminación.

Se siguió privando a la comunidad romaní de derechos económicos y sociales. Al carecer de vivienda adecuada, muchos romaníes vivían en condiciones de inseguridad: dos niñas romaníes murieron en octubre al incendiarse su vivienda, construida con cartón alquitranado, en un asentamiento no oficial de Lovanja, situado en un vertedero de basuras.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Más de 24.000 desplazados continuaban en Montenegro, incluidos 3.192 romaníes, ashkalíes y egipcianos de Kosovo. Gracias a una nueva legislación y a la reducción de las tasas, algunos refugiados y desplazados pudieron solicitar la residencia permanente o temporal. En diciembre, sólo 880 personas habían solicitado la residencia permanente y sólo 40 la residencia temporal, lo cual ponía de manifiesto que persistían los problemas a la hora de obtener la documentación necesaria. Muchas personas desplazadas de Kosovo temieron ser devueltas cuando las autoridades de la ciudad de Podgorica anunciaron el desmantelamiento del campo de Konik, donde residían desde 1999.

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