Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes. Quienes criticaban a la monarquía y a las instituciones del Estado seguían siendo sometidos a enjuiciamiento y prisión, al igual que quienes abogaban por la autodeterminación del Sáhara Occidental. Persistían la tortura y los malos tratos bajo custodia. Varias personas consideradas presos de conciencia y otra detenida arbitrariamente quedaron en libertad en virtud de indultos reales, pero no se retiraron los cargos presentados contra activistas saharauis. No hubo ejecuciones.
El 20 de febrero, miles de personas se manifestaron en Rabat, Casablanca y otras ciudades para pedir reformas. Las manifestaciones habían recibido autorización y fueron, por lo general, pacíficas. Los participantes, que se aglutinaron rápidamente en torno al llamado Movimiento 20 de Febrero, pedían más democracia, una nueva Constitución, el fin de la corrupción, mejores condiciones económicas y mejores servicios de salud y de otros tipos. Ante la persistencia de las protestas, el 3 de marzo se creó un nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos que sustituyó al Consejo Consultivo de Derechos Humanos. El 9 de marzo, el rey anunció un proceso de reforma constitucional, que los líderes del movimiento de protesta boicotearon. La nueva Constitución propuesta fue aprobada en referéndum nacional el 1 de julio, y en virtud de ella el rey cedió al primer ministro sus atribuciones para designar cargos gubernamentales y disolver el Parlamento, pero se mantuvo como jefe de las fuerzas armadas, presidente del Consejo de Ministros y máxima autoridad religiosa del país. Asimismo, se consagraron la libertad de expresión y la igualdad entre hombres y mujeres, y se penalizaron la tortura, la detención arbitraria y las desapariciones forzadas. El 25 de noviembre se celebraron elecciones parlamentarias, en las que la formación islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo obtuvo el mayor número de escaños, y el 29 de ese mes se formó un nuevo gobierno, con Abdelilah Benkirane como primer ministro.
En abril, Marruecos retiró sus reservas a la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relativas a la nacionalidad de los hijos y a la discriminación en el matrimonio, y anunció que ratificaría los Protocolos Facultativos de la Convención de la ONU contra la Tortura y de la CEDAW.
Continuaron las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el estatuto del Sáhara Occidental, pero no se alcanzaron soluciones. El Frente Polisario continuaba pidiendo la independencia del territorio, que Marruecos se había anexionado en 1975. El 27 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó otra vez el mandato de la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental, sin incluir en él un componente de observación de la situación de los derechos humanos.
Aunque las protestas en favor de reformas fueron por lo general pacíficas, en muchas ocasiones se tuvo noticia de que las fuerzas de seguridad habían cargado contra ellas, con el resultado de al menos una persona muerta y numerosos heridos. Cientos de manifestantes fueron detenidos. La mayoría quedaron en libertad más tarde, pero algunos fueron juzgados y condenados a prisión. Según informes, las fuerzas de seguridad hostigaron a familiares de activistas del Movimiento 20 de Febrero y citaron a decenas de activistas que pedían el boicot a las elecciones parlamentarias para interrogarlos.
El 15 de mayo, las fuerzas de seguridad disolvieron por la fuerza concentraciones y manifestaciones organizadas por el Movimiento 20 de Febrero en Rabat, Fez, Tánger y Temara, utilizando porras contra los manifestantes y propinándoles patadas y golpes.
El 29 de mayo, las fuerzas de seguridad disolvieron por métodos violentos una manifestación organizada por el Movimiento 20 de Febrero en la localidad de Safí. Uno de los manifestantes, Kamel Ammari, murió días después a causa de las lesiones sufridas.
El 20 de noviembre, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las oficinas de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en la localidad de Bou Arafa y, según informes, golpearon a varios miembros del personal y a jóvenes que se preparaban para sumarse a una protesta.
Se siguió encarcelando y procesando a periodistas y a otras personas por criticar públicamente a autoridades o instituciones del Estado o por informar sobre cuestiones políticamente delicadas.
El 2 de marzo, el rey indultó a Kaddour Terhzaz, militar retirado encarcelado por amenazas a la “seguridad externa” de Marruecos tras haber escrito una carta al rey en la que se quejaba sobre el trato que recibían algunos ex pilotos de las fuerzas aéreas.
El 14 de abril, el rey indultó a Chekib el Khiari, defensor de los derechos humanos y periodista, que cumplía una pena de tres años de prisión impuesta en 2009 por haber denunciado la corrupción.
El 9 de junio, Rachid Nini, director del diario El Massa, fue condenado a un año de cárcel por difundir “información falsa” y “amenazar la seguridad nacional”. Había sido detenido el 28 de abril a raíz de la publicación de varios artículos en los que se criticaban las prácticas de lucha antiterrorista de los servicios de seguridad marroquíes. La sentencia se confirmó en apelación en octubre.
En un nuevo juicio celebrado en diciembre, Zakaria Moumni, boxeador encarcelado por fraude tras un juicio sin garantías, fue declarado de nuevo culpable y condenado a 20 meses de prisión. Había sido detenido en septiembre de 2010 tras haber criticado a varias asociaciones deportivas de Marruecos y haber tratado reiteradamente de entrevistarse con el rey. En su primer juicio fue condenado sobre la base de una “confesión” que aseguraba haber hecho bajo tortura.
El 9 de septiembre fue detenido Mouad Belrhouate, cantante de rap, al parecer por considerarse que algunas de sus canciones ofendían a la monarquía. Su juicio se aplazó varias veces, y al final de año continuaba detenido.
Se siguió restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión de los saharauis que abogaban por la autodeterminación del Sáhara Occidental, y sometiendo a enjuiciamiento a activistas destacados.
El 14 de abril, los activistas saharauis Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane y Ali Salem Tamek quedaron en libertad bajo fianza. Llevaban recluidos desde el 8 de octubre de 2009. Aún pesaban sobre ellos, así como sobre otros cuatro activistas saharauis, cargos de amenazas a la “seguridad interna” de Marruecos por sus actividades pacíficas y por defender la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Unos 23 saharauis seguían recluidos en la prisión de Salé en espera ser juzgados sin garantías ante un tribunal militar por su presunta participación en los actos de violencia que habían tenido lugar en el campamento de protesta de Gdim Izik, cerca de El Aaiún, a finales de 2010. A últimos de octubre se declararon en huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y su detención continuada sin juicio. Al final del año aún no habían sido juzgados.
No se llevó a cabo ninguna investigación independiente e imparcial sobre los acontecimientos de noviembre de 2010 en Gdim Izik y en El Aaiún, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes destruyeron un campamento de protesta saharaui, a consecuencia de lo cual se produjeron disturbios violentos en los que murieron 13 personas, entre ellas 11 miembros de las fuerzas de seguridad.
Persistieron las noticias sobre casos de tortura y malos tratos a detenidos, en particular a presuntos islamistas y miembros del Movimiento 20 de Febrero, infligidos sobre todo por la Dirección de Vigilancia del Territorio. Siguió recluyéndose a detenidos en régimen de incomunicación, en algunos casos, al parecer, durante periodos superiores a los 12 días permitidos por ley.
Los días 16 y 17 de mayo se produjo en la prisión de Salé un motín de reclusos condenados por delitos de terrorismo, que protestaban por los juicios injustos a los que habían sido sometidos y por el empleo de la tortura en el centro de detención secreta de Temara. Los reclusos se enfrentaron a los guardias y retuvieron brevemente como rehenes a algunos de ellos, hasta que las autoridades penitenciarias utilizaron munición real para sofocar los disturbios. Varios presos resultaron heridos.
A finales de mayo, Mohamed Hajib, de doble nacionalidad marroquí y alemana, que cumplía una condena de 10 años de cárcel, necesitó tratamiento hospitalario después de que los guardias de la prisión de Toulal (Meknés), adonde lo habían trasladado por su participación en los disturbios de la prisión de Salé, le propinaran una brutal paliza y amenazaran con violarlo.
El 28 de abril, 17 personas, en su mayoría turistas extranjeros, murieron y otras resultaron heridas al estallar una bomba en una cafetería de Marrakech. Nadie reivindicó el atentado, pero las autoridades lo atribuyeron a Al Qaeda en el Magreb Islámico, pese a que el grupo en cuestión lo negó.
En octubre, Adel Othmani fue condenado a muerte tras haber sido declarado culpable del atentado con bomba de la cafetería de Marrakech.
Cinco hombres condenados por cargos de terrorismo en julio de 2009 en la causa de la “célula Belliraj” quedaron en libertad en virtud de un indulto general concedido por el rey el 14 de abril. Esta causa se había visto empañada por irregularidades procedimentales, entre ellas la ausencia de una investigación sobre las denuncias de tortura de los acusados.
Las autoridades no aplicaron las principales recomendaciones formuladas por la Comisión de Equidad y Reconciliación en su informe de noviembre de 2005. Siguió negándose acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos cometidas desde la independencia de Marruecos en 1956 hasta la muerte del rey Hassan II en 1999.
Los tribunales marroquíes continuaron imponiendo la pena de muerte. La última ejecución había tenido lugar en 1993. En virtud de una amnistía concedida por el rey en abril se conmutó la pena de muerte por condenas de prisión a cinco personas.
El Frente Polisario no tomó medidas para poner fin a la impunidad de las personas acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos en sus campos de Tinduf, en la región argelina de Mhiriz, en las décadas de 1970 y 1980.
En octubre, tres cooperantes (una mujer italiana y un hombre y una mujer españoles) fueron secuestrados por un grupo armado en un campo de refugiados del Frente Polisario. Al concluir 2011, los cooperantes aún no habían sido liberados.
