Información general

En noviembre se celebraron en Myanmar las primeras elecciones nacionales en 20 años, en medio de información creíble sobre irregularidades y fraude generalizado. El proceso electoral se diseñó de modo que las fuerzas armadas pudieran mantener el control de la autoridad, y muchos oficiales de alta graduación se dieron de baja del ejército para presentarse como candidatos a las elecciones y participar en el nuevo gobierno como civiles. Según informes, un partido auspiciado por el gobierno ganó los comicios por abrumadora mayoría.

La Liga Nacional para la Democracia, ganadora de las elecciones de 1990 y encabezada por Daw Aung San Suu Kyi, boicoteó los comicios. Una semana después de las elecciones, el gobierno dejó en libertad a Daw Aung San Suu Kyi, que llevaba siete años y medio bajo arresto domiciliario.

Durante todo el mes de agosto, el gobierno continuó presionando a grupos armados de minorías étnicas que previamente habían acordado el cese de hostilidades para que se convirtiesen en Fuerzas de Guardias de Fronteras. Batallas esporádicas registradas antes y después de las elecciones provocaron desplazamientos internos y obligaron a algunas personas a buscar refugio cruzando la frontera con Tailandia.

A lo largo del año aumentaron los llamamientos para la creación de una Comisión de Investigación internacional de las denuncias de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Myanmar.

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Violaciones de derechos humanos vinculadas a las elecciones

Las leyes electorales promulgadas en marzo y nuevas directivas aprobadas posteriormente conculcaban el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Privaban del derecho a voto, o excluían de algún otro modo, a un gran número de personas y grupos, incluidos Aung San Suu Kyi y el resto de los presos políticos, al prohibirles unirse a partidos políticos, votar o presentarse a las elecciones. Se impidieron las críticas al gobierno o la mención a los problemas del país en los discursos de campaña emitidos en medios de comunicación estatales. Tanto antes como después de los comicios, las autoridades detuvieron a algunas personas que criticaron al gobierno o hablaron abiertamente sobre temas relacionados con las elecciones.

• El 27 de septiembre, las autoridades condenaron al monje de etnia mon Ashin Okkanta, detenido en enero, a 15 años de cárcel por hacer campaña contra las elecciones y pedir la liberación de todos los presos políticos en Myanmar.
• Durante las dos últimas semanas de septiembre, las autoridades detuvieron a 11 estudiantes en Yangón por repartir folletos en los que pedían la abstención en las elecciones. Seis de ellos continuaban recluidos.

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Represión de activistas de minorías étnicas

El gobierno continuó reprimiendo a las minorías étnicas que protestaban en relación con las elecciones y a las personas que se oponían pacíficamente al impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo e infraestructuras. Las autoridades también persiguieron a minorías étnicas por su apoyo, real o supuesto, a grupos armados.

• En abril, dos hombres de la localidad de Pa Laai, municipio de Nam-Zarng, en el estado de Shan, fueron detenidos por soldados y acusados de prestar apoyo a rebeldes armados shan. Los soldados mataron a golpes a uno de los hombres, y se desconocía la suerte y el paradero del otro.
• En junio, Zaw Wine, de 40 años, huyó de los soldados que le habían ordenado acudir a la localidad de Par Para, en el estado de Kayin, para obtener información sobre el Ejército de Liberación Nacional Karen. También le habían dicho que se pusiese el uniforme del grupo y posase para una fotografía, una táctica utilizada previamente por soldados para incriminar a personas y después matarlas por pertenecer al grupo armado de oposición.
• En septiembre, 11 personas del estado de Rajine fueron condenadas a entre tres y cinco años de prisión por, entre otros delitos, su presunta vinculación con el prohibido Congreso Pan-Arakanés de Jóvenes y Estudiantes.
• En septiembre, las autoridades detuvieron a U Pyinnya Sara, historiador cultural y monje de Rajine, y lo condenaron a ocho años y tres meses de cárcel por cargos como manejar materiales obscenos, insultar a la religión, abuso doloso de confianza y posesión de moneda extranjera.
• En octubre, Nyi Nyi Tun, de origen étnico mon-birmano y director de Kantarawaddy News Journal, fue condenado a 13 años de cárcel por un tribunal en una sesión a puerta cerrada celebrada en la prisión de Insein, en Yangón. Entre los cargos que se presentaron contra él figuraban ponerse en contacto con una agencia de noticias en el exilio y utilizar medios electrónicos sin autorización.

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Personas detenidas por motivos políticos

Durante 2010, el número de presos políticos en Myanmar ascendía a aproximadamente 2.200, y era probable que la cifra fuese mucho mayor teniendo en cuenta que se desconocían los nombres y casos de los presos de minorías étnicas. La mayoría eran presos de conciencia. Al menos 64 activistas políticos fueron condenados a prisión, entre los que había algunos de los 49 detenidos a lo largo del año, y 38 fueron trasladados entre prisiones, incluidas algunas en zonas remotas. Siguieron denunciándose casos de tortura y otros malos tratos en las prisiones y durante la detención previa al juicio.

Un total de 38 personas recluidas por motivos políticos quedaron en libertad, incluido el portavoz de la Liga Nacional para la Democracia U Win Htein, excarcelado dos meses después de terminar de cumplir su condena, y el vicepresidente de dicho partido, U Tin Oo, tras siete años de arresto domiciliario. El 13 de noviembre, Aung San Suu Kyi quedó en libertad sin condiciones tras haber cumplido su condena a arresto domiciliario. Myint Maung y Thura Aung, encarcelados en 2008 y 2009 por ayudar a agricultores a entablar causas judiciales contra la confiscación ilegal de sus tierras, quedaron en libertad en agosto tras la reducción de sus condenas en la fase de apelación.

Entre los presos de conciencia que continuaban recluidos se encontraban:

• Min Ko Naing, ex dirigente estudiantil y veterano activista político que cumplía una condena a 65 años de cárcel por organizar una manifestación en 2007, continuaba recluido en régimen de aislamiento, tras haber pasado previamente largos periodos en esa situación durante los 16 años que estuvo encarcelado entre 1988 y 2004.
• En febrero, Naw Ohn Hla Hla, Cho Cho Lwin, Cho Cho Aye y San San Myint fueron condenadas a dos años de cárcel con trabajos forzados por organizar oraciones semanales en la pagoda de Shwedagon, en Yangón, para pedir la libertad de Aung San Suu Kyi y de otros presos políticos.
• Ngwe Soe Lin, de 28 años y periodista de Voz Democrática de Birmania, una organización de medios de comunicación que informaba desde el extranjero, fue condenado en enero a 13 años de cárcel por filmar sin autorización.

Siguieron denunciándose casos de falta o denegación del tratamiento médico necesario en las prisiones, muchas de las cuales carecían de instalaciones médicas. Un gran número de presos políticos tenía problemas de salud, especialmente los recluidos en cárceles remotas en las que a menudo se les negaba el tratamiento médico que necesitaban. Entre ellos se encontraba un grupo de políticos shan, todos ellos presos de conciencia condenados en 2005 por críticas a la Convención Nacional, a los que se negó la atención médica adecuada en prisión:

• Khun Htun Oo, de 67 años y presidente de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia, sufría diabetes; cumplía una condena a 93 años de cárcel en la prisión de Puta-O.
• Sai Hla Aung, de 66 años y dirigente de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia, sufría una enfermedad dermatológica; cumplía una condena a 79 años de cárcel en la prisión de Kyaukhphyu.
• En una sola semana de agosto, el general Hso Ten, de 74 años, que cumplía una condena a 106 años de cárcel en la prisión de Sittwe, fue trasladado a tres cárceles distintas. Hso Ten, que padecía cardiopatías, cataratas y diabetes, sufrió una dislocación del brazo debido a los grilletes que le colocaron durante el viaje.
• Mya Aye, de 44 años y encarcelado en la prisión de Taunggyi, sufrió una angina de pecho y tenía hipertensión y problemas gástricos.

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Desplazamientos forzados

Las fuerzas armadas continuaron provocando el desplazamiento forzado de los habitantes de localidades enteras, que se sumaron a las aproximadamente 500.000 personas desplazadas internamente en el país.

• En enero, tras la creación de un campamento militar en el estado septentrional de Kayin, tropas del gobierno asaltaron 10 localidades, mataron a 4 personas y provocaron que al menos otras 1.000 huyeran de sus casas.
• A mediados de febrero, tropas que se encontraban en la división de Bago incendiaron decenas de viviendas y una clínica, y obligaron a unos 2.000 habitantes a huir de sus casas.
• En julio, en torno a 500 personas se vieron obligadas a huir de sus casas cuando tropas de las fuerzas armadas bombardearon la localidad de Dutado, en el municipio de Hpapun, estado de Kayin, en un ataque aparentemente dirigido contra el Ejército de Liberación Nacional Karen. Posteriormente, el ejército entró en la localidad y redujo a cenizas unas 70 casas, la escuela local y una iglesia.
• En noviembre, enfrentamientos entre una facción escindida del Ejército Budista Democrático Karen y las fuerzas armadas de Myanmar en Myawaddy, y nuevos ataques del ejército contra otros grupos armados de minorías étnicas cerca del Paso de las Tres Pagodas, provocaron que más de 20.000 refugiados huyeran temporalmente de Myanmar y que miles de personas más quedaran desplazadas internamente.

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Violaciones de derechos humanos vinculadas al desarrollo

Las fuerzas armadas fueron responsables de violaciones de derechos humanos –trabajo forzoso, homicidios, palizas y confiscación de tierras– vinculadas a proyectos de desarrollo hidroeléctrico, petrolífero, minero y de gas. Las autoridades continuaron persiguiendo a residentes en la zona sospechosos de oponerse a los proyectos o de cuestionarlos.

• A finales de mayo y comienzos de junio, como parte del proyecto del embalse de Ayerarwaddy Myitsone, las autoridades iniciaron el reasentamiento forzado de los habitantes de varias localidades del estado de Kachin.
• Al comenzar la construcción del gasoducto y oleoducto de Shwe, las autoridades confiscaron tierras sin ofrecer indemnizaciones y provocaron el desplazamiento forzado de habitantes de localidades del estado de Rajine.
• Los batallones encargados de la seguridad de los conductos de gas natural de Yadana, Yetagun y Kanbauk-Myaing Kalay, en la división de Tanintharyi y el estado de Kayin, obligaron a civiles a trabajar en barracones, carreteras y proyectos diversos, y fueron responsables de al menos dos ejecuciones extrajudiciales.

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Escrutinio internacional

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar realizó una visita de cinco días al país, la tercera desde su nombramiento en 2008. En marzo, su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra hizo hincapié en que las violaciones de derechos humanos eran el resultado de una política estatal “en la que participan las autoridades ejecutivas, militares y judiciales a todos los niveles”. Señaló que algunas de estas violaciones de derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra según el derecho internacional, y pidió que la ONU estableciese una comisión de investigación. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Resolución 13/25 sobre Myanmar, en la que pedía al gobierno que garantizase elecciones libres y transparentes y dejase en libertad a todos los presos de conciencia. Al finalizar el año, 14 países habían apoyado públicamente la petición del relator especial para que se crease una comisión de investigación: Australia, Canadá, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido y la República Checa. En junio se negó al relator especial el visado para su cuarta visita a Myanmar.

En marzo, en respuesta a la promulgación de leyes electorales, el secretario general de la ONU también escribió una carta al general en jefe Than Shwe en la que le instaba a que dejase en libertad a todos los presos políticos antes de las elecciones.

En abril, la Unión Europea (UE) prorrogó durante un año más las sanciones impuestas a Myanmar.

En mayo, Estados Unidos también prorrogó las sanciones, y en junio renovó la prohibición de importaciones desde Myanmar, a la vez que defendía su política de diálogo con las autoridades birmanas.

En mayo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria también consideró que la reclusión de Aung San Suu Kyi era arbitraria y violaba los artículos 9, 10, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe la detención arbitraria y establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión y reunión y a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial.

En septiembre, el secretario general de la ONU publicó su propio informe sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, en el que expresó que el hecho de que los presos políticos continuasen recluidos era motivo de grave preocupación y pidió que el proceso electoral fuese inclusivo y digno de crédito. A finales de noviembre, tras las elecciones, se permitió que el asesor especial del secretario general de la ONU visitase el país. El asesor especial recomendó que la transición política incluyese a quienes no habían podido ni querido participar en las elecciones y pidió de nuevo la liberación de todos los presos políticos.

A lo largo del año apenas hubo declaraciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se limitó a pedir un proceso creíble, inclusivo, “libre y justo”, aunque una declaración ministerial realizada conjuntamente por la UE y la ASEAN en mayo afirmó que la pronta liberación de personas recluidas contribuiría a que las elecciones fuesen más inclusivas y a una transición política pacífica. Esta declaración se reiteró en octubre, en la declaración de la presidencia de la octava Reunión Asia-Europa (ASEM).

En diciembre, la Asamblea General adoptó su 20 resolución sobre Myanmar, en la que lamentaba profundamente que el gobierno myanmaro no hubiera celebrado un proceso electoral libre, transparente e inclusivo. La resolución pedía que la fase posterior a las elecciones fuese inclusiva y que se dejase en libertad a todos los presos de conciencia.

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