Seguía sin resolverse en el Tribunal Supremo el conflicto relacionado con las elecciones
a la Asamblea Nacional de 2009. Continuó el dilatado juicio por traición de los detenidos
de Caprivi. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular los
considerados críticos con el gobierno y el partido gobernante, sufrieron ataques del
gobierno y de individuos vinculados al gobierno y al partido gobernante, la Organización
del Pueblo de África del Suroeste (SWAPO).
El Tribunal Supremo aplazó la decisión sobre la apelación presentada por nueve partidos
políticos contra el fallo que desestimaba su petición de que se anularan los resultados
de las elecciones a la Asamblea Nacional de 2009. Los partidos habían presentado su
impugnación tras la violencia entre partidos y las denuncias de que la Comisión Electoral
de Namibia había cometido irregularidades. El presidente Pohamba, de la SWAPO, fue
declarado vencedor en 2009 y el partido obtuvo 54 de los 72 escaños de la Asamblea
Nacional.
Seguía sin haber indicios de que fuera a concluir el juicio de los individuos detenidos
en relación con los ataques perpetrados en 1999 por el grupo secesionista Ejército
de Liberación de Caprivi. La mayoría de los 112 detenidos llevaban al menos 11 años
bajo custodia. La continuidad de su reclusión violaba su derecho a un juicio con garantías
y sin demoras indebidas. La muerte de Bevin Joshua Tubwikale en abril elevó al menos
a 19 el número de detenidos que habían muerto bajo custodia desde que comenzó el juicio
en 2003.
La policía usó fuerza excesiva para detener a manifestantes pacíficos que protestaban
contra la política gubernamental. El 25 de enero, agentes de la policía nacional y
de la policía de Windhoek dispararon balas de goma y fuego real contra unos 500 taxistas
que se manifestaban contra las multas de tráfico. Al menos cinco manifestantes resultaron
heridos, entre ellos Matheus Leonard.
En mayo, agentes de policía agredieron a Freddy Haixwa, presidente de la Organización
Juvenil de la Sabiduría (WIYO), quien encabezaba a unos 400 manifestantes de la WIYO
que se dirigían a oficinas del Ministerio de Juventud, Servicio Nacional, Deportes
y Cultura.
Los días 4 y 5 de mayo, los programas informativos de la radio y la televisión dieron
cuenta de que el presidente Pohamba había calificado de “esa minúscula organización
de derechos humanos” a la organización de derechos humanos NAMRIGHTS. También en mayo,
el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Namibia, Evilastus Kaaronda,
recibió amenazas de muerte tras reclamar su organización el enjuiciamiento de personas
acusadas de apropiación indebida de dinero del Fondo de Pensiones de las Instituciones
del Gobierno, entre ellas altos cargos del gobierno. Una auditoría realizada por el
gobierno había confirmado que 660 millones de dólares de Namibia (unos 74 millones
de dólares estadounidenses) habían sido objeto de apropiación indebida.
