Nepal continuó incumpliendo su compromiso de hacer rendir cuentas ante la ley a los responsables de abusos contra los derechos humanos. Los partidos políticos en el gobierno socavaron activamente los fundamentos de la justicia al exigir la retirada de cargos penales en centenares de casos, incluidos casos relativos a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La tortura y otros malos tratos bajo custodia policial seguían siendo habituales. La policía reprimió cada vez más el derecho de las personas refugiadas tibetanas a la libertad de expresión y asociación. Los trabajadores y trabajadoras migrantes nepalíes en el extranjero continuaron siendo objeto de explotación, incluido el trabajo forzoso. En general siguió sin ponerse freno a la discriminación étnica, religiosa y de género, así como a la violencia contra las mujeres y las niñas.
La Misión de la ONU en Nepal, encargada de vigilar el Acuerdo General de Paz de 2006, concluyó sus operaciones en enero sin que se hubieran cumplido elementos clave del Acuerdo. Jhala Nath Khanal, elegido primer ministro en febrero, presentó su dimisión el 14 de agosto al no conseguir avances en el proceso de paz, tales como acabar la redacción de una nueva Constitución. Baburam Bhattarai, vicepresidente del Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta), que le sucedió en el cargo, se comprometió a llevar a buen término el mandato de la Asamblea Constituyente, prorrogado hasta el 27 de mayo de 2012, y a supervisar la finalización de la nueva Constitución.
El artículo 5 del Acuerdo General de Paz de Nepal establecía la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Sin embargo, la redacción del proyecto de ley para la creación de la Comisión aún no había concluido. El gobierno realizando pagos a cuenta a familias de “víctimas del conflicto”, pero no hizo efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
El gobierno aún no había creado una comisión para investigar los miles de desapariciones forzadas perpetradas por las partes en el conflicto que se desarrolló entre 1996 y 2006, a pesar de que había prometido hacerlo antes de septiembre.
Con el fin de lograr un consenso político antes de las elecciones a primer ministro, el Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) firmó un acuerdo con partidos radicados en Terai para, entre otras cosas, retirar las acciones penales presentadas contra miembros de partidos políticos, incluidas las relativas a delitos relacionados con los derechos humanos presuntamente cometidos durante el conflicto armado. El 28 de agosto, el gobierno anunció su intención de hacer efectiva la retirada de las acciones penales, para lo que contó con el respaldo de declaraciones públicas realizadas por el fiscal general.
En mayo, defensores y defensoras de los derechos humanos se opusieron al nombramiento de Agni Sapkota como ministro de Información y Comunicaciones, acusado de participar en el secuestro y asesinato del profesor Arjun Lama en 2005. El 21 de junio, el Tribunal Supremo ordenó a la policía del distrito de Kavre que informase sobre sus avances en la investigación sobre el caso, pero no llegó a ordenar la suspensión de Agni Sapkota.
En julio, el Tribunal Supremo anuló una orden que impedía el ascenso de un alto mando de la policía acusado de participar en 2003 en el caso de “los cinco de Dhanusha”, en el que murieron cinco jóvenes, uno de ellos Sanjiv Kumar Karna, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. En febrero finalizó la exhumación de los restos de las cinco víctimas.
En octubre, el Consejo de Ministros recomendó que se amnistiase a Balkrishna Dhungel, miembro maoísta de la Asamblea Constituyente que había sido declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua en enero.
La tortura y otros malos tratos bajo custodia policial seguían siendo habituales. En junio, el Centro para las Víctimas de Tortura, con sede en Nepal, informó de que, desde el fin del conflicto armado en 2006, la mayoría de los casos de tortura eran obra de la policía. De 989 personas encarceladas que fueron entrevistadas, el 74 por ciento afirmó haber sufrido tortura bajo custodia.
La tortura seguía sin estar tipificada como delito en la legislación de Nepal. Al someterse por primera vez al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos, Nepal negó que en el país se practicara sistemáticamente la tortura y señaló que “se estaba examinando activamente” la posibilidad de preparar un proyecto de ley especial destinado a incorporar las disposiciones de la Convención contra la Tortura.
La pobreza y la elevada tasa de desempleo propiciaron que al menos 300.000 trabajadores en situación regular emigrasen al extranjero. Trabajadores y trabajadoras migrantes fueron objeto de trata por parte de algunos captadores de mano de obra que los utilizaban para trabajos forzados, engañándolos sobre el salario y las condiciones laborales y sustituyendo los contratos. Los préstamos a intereses elevados, sumados a salarios inferiores a los prometidos y a la confiscación de los documentos de identidad, impedían a muchos de ellos negarse a trabajar. Nepal había promulgado varias leyes para proteger a los trabajadores migrantes, pero en algunos casos no vigilaba adecuadamente a las agencias de contratación y rara vez procesaba a quienes vulneraban la Ley de Trabajo en el Extranjero.
En abril se concedió el reasentamiento parcial a 108 trabajadores migrantes a los que su empleador había abandonado a su suerte en Libia en 2010 sin haberles abonado su salario. En julio, tras la presión ejercida por trabajadores, sindicalistas y Amnistía Internacional, el Departamento de Trabajo en el Extranjero y la Fiscalía General de Distrito de Nepal recomendaron que se remitiese el caso al Tribunal de Trabajo en el Extranjero para que procediese a investigarlo.
Debido a la presión ejercida por China, aumentó la represión policial de la libertad de reunión y expresión de las personas refugiadas tibetanas. La policía irrumpió en reuniones pacíficas celebradas en edificios privados y detuvo a personas que portaban pancartas o lemas de apoyo a la independencia política de Tíbet. La detención de activistas tibetanos antes de fechas clave fue una práctica sistemática.
En marzo, la policía impidió que un grupo numeroso de mujeres tibetanas, la mayoría de edad avanzada, viajasen en autobús a un lugar de peregrinación.
Persistía la discriminación por razón de género, religión, discapacidad, origen étnico y situación económica. A pesar de que el 24 de mayo se promulgó la Ley sobre la Eliminación de la Discriminación Basada en la Casta y en la Condición de Intocable (Delitos y Penas), la población dalit continuó sufriendo exclusión económica y social. Seguía existiendo discriminación de género, especialmente entre las mujeres jóvenes de etnias y castas marginadas. En las zonas rurales, las niñas pobres y las dalits sufrían discriminación en el acceso a la educación y la atención a la salud, tenían más posibilidades de contraer matrimonio siendo menores de edad, y el índice de malnutrición infantil entre ellas era más elevado.
La policía se negaba a menudo a registrar las denuncias en casos de violencia intrafamiliar o de género.
En septiembre, una mujer que afirmó haber sido violada por cuatro oficiales del ejército en Dailekh en 2004 intentó presentar una denuncia contra sus agresores, a los que acusó de violación y tortura. Sin embargo, la policía se negó a aceptarla, alegando que había finalizado el plazo de 35 días establecido para la presentación de denuncias por violación. En 2006, el Tribunal Supremo había concluido que el límite de tiempo vulneraba las normas internacionales y había ordenado al Parlamento que cambiase la normativa; la orden no se ejecutó.
