Países Bajos - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de los Países Bajos

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Países Bajos is now live »

Jefa del Estado
reina Beatriz
Jefe del gobierno
Jan Peter Balkenende
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
16,6 millones
Esperanza de vida
79,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/5 por cada 1.000

Se devolvió a solicitantes de asilo a Grecia, a pesar de que persistía la preocupación por la falta de acceso a un procedimiento justo de determinación de los casos de asilo en ese país. Suscitaban preocupación los procedimientos acelerados para determinar las solicitudes de asilo, la detención de migrantes y solicitantes de asilo, la ampliación de la detención preventiva y la denegación de asistencia letrada durante el interrogatorio policial de presuntos delincuentes.

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Tras una sentencia judicial dictada en mayo, el gobierno reanudó la devolución de solicitantes de asilo a Grecia para la determinación de sus solicitudes de asilo en aplicación del Reglamento “Dublín II”, a pesar de la honda preocupación que suscitaban los procedimientos de determinación de las solicitudes de asilo y las condiciones de reclusión en ese país.

En junio, el gobierno propuso una serie de reformas a la Ley de Extranjería. De ponerse en práctica, numerosas solicitudes de asilo se determinarían en el plazo de ocho días, incluidos los casos complejos. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por que tanto el “procedimiento acelerado” existente, que permitía la tramitación de las solicitudes de asilo en un plazo de 48 horas laborables, como el procedimiento propuesto de ocho días, pudieran no brindar a los solicitantes de asilo la oportunidad de fundamentar adecuadamente sus solicitudes, lo que los pondría en peligro de devolución.

Según datos del gobierno, a lo largo del año miles de migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo fueron conducidos a centros de detención para inmigrantes y sometidos a un régimen concebido para presos preventivos. Entre los detenidos había personas pertenecientes a grupos vulnerables –como supervivientes de tortura y trata de personas–, pero apenas se tuvieron en cuenta las alternativas a la detención. Seguía manteniéndose detenidos incluso a menores de edad no acompañados que, según el gobierno, no tenían derecho a permanecer o residir en Países Bajos.

Algunas personas que habían sido detenidas por motivos de inmigración a comienzos de 2008 llevaban recluidas más de 12 meses, ya que la legislación neerlandesa no establecía un periodo máximo para este tipo de detención.

Seguridad y medidas antiterroristas

En marzo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades con el objetivo declarado de luchar contra el terrorismo. Entre esas medidas estaban la definición excesivamente amplia e imprecisa de algunos delitos que podía dar lugar a restricciones injustificables de los derechos humanos y las libertades, o las disposiciones previstas en la Ley para ampliar el alcance de la investigación y el enjuiciamiento de delitos de terrorismo, que permitían la detención de una persona por una mera sospecha de haber cometido un “delito terrorista” y ampliaban el periodo máximo de detención preventiva de 90 días a dos años para las personas acusadas de “delitos de terrorismo”.

El Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por que las personas sospechosas de participación en un delito no tuvieran derecho a la presencia de un abogado durante el interrogatorio policial y por que la detención preventiva pudiera durar hasta dos años. También criticó las disposiciones de la Ley de protección de la identidad de los testigos que permitían excluir a la defensa del interrogatorio de testigos cuya identidad hubiese sido ocultada a la defensa por “razones de seguridad nacional”. Asimismo, expresó su preocupación por que los alcaldes pudieran emitir “órdenes administrativas de disturbio”, supuestamente para combatir el terrorismo, sin que las medidas impuestas en virtud de tales órdenes necesitasen autorización ni supervisión judicial.

Detenidos de Guantánamo

En julio, el gobierno afirmó que consideraría la posibilidad de aceptar la transferencia de algunos detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo.

Discriminación

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por las tendencias racistas y antisemitas que se detectaban en el país, así como por otras expresiones de intolerancia en Países Bajos, en especial hacia la comunidad musulmana.

En junio se aprobó legislación en virtud de la cual a partir del 1 de enero de 2010 los ayuntamientos estarían obligados a recabar datos sobre incidentes discriminatorios y a ofrecer servicios de apoyo a todas las personas que deseasen denunciar actos de discriminación.

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