Países Bajos
Jefa del Estado
reina Beatriz
Jefe del gobierno
Mark Rutte
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
16,7 millones
Esperanza de vida
80,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,4 por cada 1.000

Una sentencia judicial histórica obligó al gobierno a rendir cuentas por la conducta de sus tropas mientras desempeñaban funciones de mantenimiento de la paz para la ONU en Srebrenica. La detención de solicitantes de asilo y migrantes irregulares fue motivo de preocupación.

Justicia internacional

En julio, el Tribunal de Apelación de La Haya resolvió que el gobierno había sido responsable de las muertes de tres musulmanes de Bosnia durante el genocidio perpetrado en Srebrenica, Bosnia y Herzegovina, en 1995. El Tribunal determinó que las tropas neerlandesas habían obligado a los tres hombres a abandonar una “zona segura”, con lo que, en la práctica, los habían entregado a las fuerzas serbobosnias, que habían llegado a matar a unos 8.000 hombres y niños musulmanes de Bosnia.

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Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para detener la devolución a Somalia de dos solicitantes de asilo del sur y el centro de ese país desde Países Bajos. El gobierno suspendió posteriormente todas las devoluciones a Mogadiscio, la capital somalí. No obstante, después de otra sentencia dictada por el Tribunal Europeo en junio, el gobierno anunció que reanudaría las devoluciones a Mogadiscio de nacionales somalíes que no pertenecieran a grupos vulnerables y pudieran viajar a zonas del sur y el centro de Somalia y lograr entrar y asentarse en ellas sin correr peligro de sufrir malos tratos. Al final del año no se había tenido noticia de expulsiones de ciudadanos somalíes al centro y sur de Somalia.

En contra de lo aconsejado por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, se devolvió al menos a 180 iraquíes a Bagdad, Irak.

La mayoría de las solicitudes de asilo se tramitaron según un nuevo procedimiento de determinación de ocho días de duración. Más del 50 por ciento de esos solicitantes recibieron notificación de la decisión sobre su caso en ese plazo. Se temía que este procedimiento impidiera a los solicitantes de asilo justificar sus solicitudes y que se rechazaran entonces éstas pese a estar bien fundadas.

Según datos gubernamentales, 3.220 migrantes irregulares y solicitantes de asilo fueron sometidos a detención entre enero y junio. Estuvieron recluidos en centros donde se aplicaba un régimen concebido para los presos preventivos. Rara vez se buscaban alternativas a la detención. En julio, el ministro de Inmigración y Asilo anunció un proyecto piloto de escala reducida para ensayar alternativas a la detención.

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Discriminación

En septiembre, el gobierno anunció que empezaría a redactar una ley destinada a prohibir el uso en público de prendas concebidas para ocultar el rostro. La violación de esta prohibición sería punible con multas de hasta 380 euros. De aplicarse, la nueva norma tendría un efecto desproporcionado sobre las mujeres que optasen por llevar burka o niqab como expresión de su identidad o creencias.

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