Países Bajos
Jefa del Estado
reina Beatriz
Jefe del gobierno
Mark Rutte

El gobierno de coalición recién elegido propuso penalizar la residencia ilegal y declarar una prohibición parcial sobre el uso del velo integral. Continuó el uso excesivo de la detención por razones de inmigración.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En septiembre, el gobierno confirmó su intención de elaborar un plan nacional de acción en derechos humanos a raíz de una recomendación formulada durante el examen periódico universal de la ONU en mayo.

En octubre empezó a funcionar la institución nacional de derechos humanos recién establecida.

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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

Continuó el uso excesivo de la detención por razones de inmigración, a pesar de la introducción de planes piloto alternativos para determinadas categorías de migrantes y solicitantes de asilo. Las condiciones imperantes en los centros de detención para inmigrantes reproducían en gran medida las que había en los centros de detención para delincuentes.

Siguió siendo limitada la transparencia de la Comisión de Vigilancia Integral de las Devoluciones, organismo encargado de supervisar los traslados forzosos y uno de los mecanismos nacionales de prevención establecidos en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Los informes anuales publicados por esta comisión no incluían datos concretos sobre el uso de la fuerza en procedimientos de traslado individuales.

En octubre, el nuevo gobierno de coalición propuso penalizar la residencia ilegal, lo que suscitó el temor de que aumentaran la marginación y la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados.

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Discriminación

En octubre, el gobierno de coalición propuso adoptar medidas contra la discriminación basada en la orientación sexual y ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, también propuso declarar una prohibición parcial sobre el uso del velo integral en el transporte público y en centros de salud, escuelas y edificios oficiales. Se expresó preocupación por el hecho de que la prohibición vulnerara el derecho a la libertad de expresión y religión de las mujeres que decidían llevar burka o niqab como expresión de su identidad o sus creencias.

Persistía la preocupación por las prácticas discriminatorias de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el uso de perfiles étnicos.

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Justicia internacional

En abril, el Tribunal Supremo neerlandés se pronunció sobre la cuestión de si la Fuerza de Protección de la ONU (UNPROFOR) era responsable de la muerte de musulmanes de Bosnia durante el genocidio de Srebrenica, perpetrado en 1995. El Tribunal resolvió que la ONU tenía inmunidad procesal ante los tribunales nacionales. Las familias de las víctimas recurrieron la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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