Nicaragua
Jefe del Estado y del gobierno
Daniel Ortega Saavedra
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,8 millones
Esperanza de vida
73,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
29/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
78 por ciento

Las violaciones y los abusos sexuales siguieron siendo generalizados y más de dos tercios de los casos denunciados entre enero y septiembre afectaron a niñas menores de 17 años. Continuaba en vigor la prohibición de todas las formas de aborto. Se puso en duda la independencia del poder judicial.

Información general

Se anunció una emergencia sanitaria tras las inundaciones de agosto y septiembre y el posterior brote de leptospirosis, que causó la muerte de decenas de personas.

Se nombró una procuradora especial sobre diversidad sexual para proteger los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. En mayo, Nicaragua ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, al concluir el año no había ratificado aún el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La preocupación por la independencia del poder judicial aumentó después de meses de agitación en la Corte Suprema de Justicia. La crisis comenzó en enero, cuando el presidente Ortega emitió un decreto que puso fin al mandato de 8 de los 16 jueces aliados del Partido Liberal Constitucionalista, de la oposición; en julio, la Corte Suprema resolvió que dicho decreto era legal y vinculante. La nueva Corte Suprema decidió en septiembre que no era aplicable la limitación del mandato presidencial a dos mandatos no consecutivos; muchos consideraron que esto sentaba las bases para que el actual presidente, Daniel Ortega –que fue presidente desde 1985 hasta 1990– se presentara a la reelección.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las violaciones y los abusos sexuales siguieron siendo generalizados. Según las estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, dos tercios de las violaciones denunciadas entre enero y agosto afectaban a niñas menores de 17 años. Los esfuerzos oficiales para combatir la violencia sexual contra mujeres y niñas no fueron eficaces. El gobierno no puso en marcha ningún plan integrado de acción para erradicar la violencia sexual, proteger a las sobrevivientes o garantizar el acceso de éstas a servicios de apoyo psicosocial integrales para su recuperación. En octubre, el Comité de la ONU de los Derechos del Niño pidió a las autoridades nicaragüenses que adoptasen medidas urgentes para erradicar la violencia sexual contra menores de edad.

  • En abril, Lucía, de 15 años, fue secuestrada y sometida a abusos sexuales por un vecino. La joven no fue hallada hasta julio. Suscitó preocupación que la demora en encontrarla fuera consecuencia de la falta de recursos y de capacidad de la policía. El secuestrador de Lucía siguió en libertad después de que ésta regresara a su casa, y tanto Lucía como su tutora denunciaron a la policía que las había intimidado y acosado. Al concluir el año, nadie había respondido ante la justicia por el secuestro y los abusos sexuales, y Lucía no había recibido protección adecuada.

Derechos sexuales y reproductivos

Siguió en vigor la prohibición de todas las formas de aborto. La ley no permitía ninguna excepción, y se negó el derecho a un aborto sin riesgo y legal a las mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de una violación o cuya vida o salud corría peligro si continuaba el embarazo. Todos los tipos de aborto continuaron siendo delito y cualquier persona que intentase abortar o ayudase a abortar a otra corría el riesgo de ser enjuiciada.

En febrero, el historial de derechos humanos de Nicaragua fue evaluado en virtud del examen periódico universal de la ONU, y 12 Estados miembros recomendaron que se revocase la prohibición total del aborto. En septiembre, el Comité de la ONU de los Derechos del Niño pidió al Estado la despenalización del aborto. Era el quinto comité experto de la ONU que recomendaba que se reformaran las leyes sobre la prohibición total del aborto y que se pusiera fin a esta grave violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.

En septiembre, el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, activistas de derechos humanos –profesionales de la salud entre ellos– pidieron al presidente Daniel Ortega que garantizara abortos sin riesgos y legales para las mujeres y niñas cuya vida o salud corrían peligro o como opción para las sobrevivientes de violación que quedaran embarazadas.

Pese a la urgencia de la situación, y a pesar de haberse comprometido a hacerlo antes de mayo de 2009, la Corte Suprema de Justicia no resolvió un recurso sobre la constitucionalidad de la ley que prohibía todos los abortos.

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