Nigeria - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Federal de Nigeria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Olusegun Obasanjo
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Aumentó la violencia generada por motivos políticos, al acercarse las elecciones previstas para 2007. Se agredió a varios candidatos a cargos políticos durante las elecciones primarias, y, según informes, al menos cuatro fueron víctimas de homicidio. Las fuerzas de seguridad cometieron impunemente violaciones de derechos humanos en el delta del Níger. Seguía siendo generalizada la violencia contra las mujeres, incluidas las violaciones cometidas por empleados del Estado. El colectivo de defensores de los derechos humanos y el de periodistas continuaron sufriendo intimidación y detención ilegítima. Se siguieron dictando penas de muerte.

Información general

En mayo se rechazó una propuesta de enmienda constitucional que habría permitido al presidente Obasanjo permanecer en el poder durante un tercer mandato. Sin embargo, en los medios de comunicación se rumoreaba con persistencia que el presidente seguía teniendo la intención de mantenerse en la presidencia durante su tercer mandato.

Se celebraron elecciones primarias con vistas a las elecciones de 2007 en medio de un ambiente de creciente violencia política. Las investigaciones de la Comisión de Delitos Financieros y Económicos sobre 31 de los 36 gobernadores de estados de Nigeria y la separación legal de su cargo de cuatro gobernadores agravaron las tensiones políticas. En diciembre, los tribunales anularon dos decisiones de separación del cargo. En septiembre, el vicepresidente Atiku Abubakar, que se oponía a la enmienda relativa al tercer mandato presidencial, fue expulsado temporalmente del partido gobernante por denuncias de corrupción. Más tarde, comunicó que se presentaría a la presidencia en 2007 como candidato del partido de la oposición Acción Congreso. En diciembre, el presidente Obasanjo inició los trámites para destituir de la vicepresidencia a Atiku Abubakar, que, mediante tal proceso, quedaba expuesto a ser detenido. Atiku Abubakar impugnó la destitución.

En marzo, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, pidió al gobierno nigeriano que entregara al ex presidente liberiano Charles Taylor para que fuera procesado por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Posteriormente, Charles Taylor huyó, pero fue capturado por las fuerzas de seguridad nigerianas y entregado, el 29 de marzo, al Tribunal Especial el 29 de marzo.

En junio, el inspector general de la policía inauguró secciones de derechos humanos en las comisarías de policía de Lagos. Sin embargo, según los defensores de los derechos humanos, estos mecanismos, cuando existían, carecían de recursos adecuados y no eran eficaces.

Pena de muerte

Se estimaba que había unos 500 presos condenados a muerte. No se recibieron informes de ejecuciones, si bien durante 2006 se dictaron, como mínimo, 18 condenas de muerte.

En un informe publicado en enero, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (que visitó Nigeria en 2005) resaltó tres motivos de especial preocupación en relación con la pena de muerte. El relator observó irregularidades de procedimiento generalizadas, incluido el uso de la tortura por la policía para extraer confesiones y la falta de representación letrada en casos de pena de muerte. Asimismo, calificó de atroces las condiciones de los presos condenados a muerte, y afirmó que una media de 20 años en espera de ejecución era inaceptable. También criticó la imposición de la pena de muerte mediante lapidación por adulterio o sodomía en 12 estados, en contravención de las leyes de Nigeria y el derecho internacional.

Según informes, el 1 de octubre, con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia del país, se conmutaron por cadena perpetua las condenas de muerte de 107 presos.

Petróleo, injusticia y violencia

En el delta del Níger eran frecuentes las violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad. Dichas violaciones consistían, entre otros actos, en ejecuciones extrajudiciales, tortura y destrucción de viviendas.

En 2006 se observó un incremento de los ataques de radicales contra instalaciones de petróleo en el delta del Níger. Decenas de trabajadores de la industria petrolera fueron secuestrados. Un grupo de reciente aparición -el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND)- reivindicó la autoría de varios secuestros y ataques que se saldaron con la muerte de más de 10 miembros de las fuerzas de seguridad. A consecuencia de dichos ataques en el delta del Níger, la producción de petróleo descendió aproximadamente un 25 por ciento.

Según informes, grupos armados del delta estaban estrechando lazos con políticos con vistas a las elecciones de abril de 2007, lo que hacía temer un recrudecimiento de la violencia. Diversas ONG locales informaron de que habían muerto decenas de personas durante la violencia política y de que se habían aplazado varias elecciones primarias a consecuencia de los actos violentos.

No se tuvo noticia de que se hubiese adoptado ninguna medida para llevar ante la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Odioma en febrero de 2005 por la Fuerza Especial Conjunta, que en una incursión mató al menos a 17 personas y cometió actos de tortura, entre ellos violaciones de mujeres. No se dio a conocer el informe de la comisión judicial de investigación establecida tras los sucesos de Odioma. Según informes, en Odioma se quedaron miembros de las fuerzas de seguridad, y en febrero se recibieron informes de nuevas violaciones de los derechos humanos. Posteriormente no se tuvieron noticias de otras violaciones.

Tampoco se había publicado, al concluir 2006, el informe de la comisión judicial de investigación sobre un incidente ocurrido el 4 de febrero de 2005, durante el cual el ejército disparó contra manifestantes en la terminal petrolera de la compañía Chevron en Escravos, lo que causó la muerte de un hombre y al menos 30 personas heridas más.

Ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de la policía y las fuerzas de seguridad continuaron siendo una práctica generalizada. La policía mató a civiles en controles de carretera rutinarios o por negarse a pagar sobornos, personas detenidas por robo a mano armada murieron por disparos bajo custodia policial y se ejecutó extrajudicialmente a detenidos. A pesar de la alarmante cifra de tales homicidios, el gobierno hizo muy poco para abordar el problema.

Según informes, en agosto, la policía ejecutó extrajudicialmente a 12 detenidos por robo a mano armada, entre ellos un menor, en el estado de Abia. Las víctimas habían sido detenidas durante una redada en la que murieron otros cuatro sospechosos. El 10 de agosto, la policía de Abia permitió que periodistas y otras personas vieran a los sospechosos. Un testigo presencial afirmó que algunos de ellos parecían tener heridas de bala. El 11 de agosto se descubrieron los cuerpos sin vida de los 12 sospechosos abandonados a las puertas del depósito de cadáveres de un hospital estatal adonde, según informes, habían sido trasladados por la policía. No se tomaron medidas para investigar las muertes ni para enjuiciar a los responsables.

Violencia política

Fueron generalizados los actos de violencia relacionados con las elecciones federales y de los estados previstas para abril de 2007, incluidos los asesinatos políticos y los enfrentamientos violentos durante las elecciones primarias entre simpatizantes de distintos candidatos, en particular pertenecientes al gobernante Partido Demócrata Popular (PDP). El gobierno no tomó medidas efectivas para abordar la violencia ni la responsabilidad de los políticos que la fomentaban. Las investigaciones policiales y las detenciones que se produjeron tras ciertos asesinatos y actos de violencia política fueron objeto de críticas, al considerarse que no eran imparciales desde el punto de vista político.

En agosto, medios de comunicación independientes informaron de que el inspector general de la Policía había declarado que los políticos estaban reclutando a estudiantes para que participasen en la violencia política. Ese mismo mes, el director general de la Policía del estado de Ebonyi afirmó que, según informes, varios candidatos políticos habían empezado a entrenar «matones» de cara a las elecciones. El director pidió a todos los candidatos políticos que suspendieran dichas actividades, pero no se tuvo noticia de otras medidas. También se denunció que políticos de varios estados aprobaron y fomentaron la violencia política durante 2006.

El 27 de julio, el dirigente del PDP Funsho Williams, candidato a gobernador en el estado de Lagos, murió en su casa, víctima de homicidio. El inspector general de la Policía declaró que se había detenido a 244 sospechosos en relación con su muerte, incluidos sus propios aliados políticos, sus asesores personales y cuatro policías. Al concluir el año, 209 sospechosos habían quedado en libertad por falta de pruebas, mientras que otros 35 permanecían bajo custodia policial. No estaba claro qué cargos concretos se habían presentado contra quienes permanecían detenidos.

El 14 de agosto, el doctor Ayo Daramola, candidato a gobernador en el estado de Ekiti, murió apuñalado en su domicilio. La policía detuvo a ocho personas en relación con el asesinato, incluido un asesor del ex gobernador del estado de Ekiti, Ayo Fayose, quien fue separado legalmente de su cargo en octubre por un asunto que no estaba relacionado. Según informes, otro sospechoso fue abatido a tiros cuando trataba de evitar ser detenido.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar y la violencia sexual a manos de funcionarios del Estado y particulares, seguía siendo omnipresente. Algunos de los factores subyacentes a este fenómeno eran la arraigada cultura de impunidad en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad, y la continua pasividad de las autoridades a la hora de ejercer la diligencia debida para prevenir y abordar la violencia sexual perpetrada por agentes estatales y no estatales.

En agosto se presentó en el Senado un proyecto de ley para incorporar la Convención de la ONU sobre la Mujer a la legislación nacional, pero al concluir el año no se habían producido otros avances. Tampoco se había promulgado la Ley sobre la Violencia Doméstica y Otras Cuestiones Afines, que se había debatido en la Asamblea Legislativa de Lagos.

En diciembre, el gobierno federal anunció la presentación de un proyecto de ley sobre la reforma de la legislación discriminatoria contra las mujeres y otro sobre la eliminación de la violencia en la sociedad, que abarcaría todas las formas de violencia, incluida la violencia doméstica.

Excarcelaciones y prisión preventiva

En enero, el gobierno federal anunció una iniciativa destinada a acelerar el juicio o la libertad incondicional de hasta 25.000 internos de una población reclusa que, según cálculos oficiales, ascendía a 45.000. Sin embargo, al finalizar el año no se habían observado resultados palpables. En noviembre, el gobierno anunció la revisión individual de todos los casos de la población reclusa. De nuevo, al concluir el año, seguían sin observarse medidas concretas.

Aproximadamente dos tercios de las personas recluidas en prisión estaban en espera de juicio, y se calculaba que, como media, el periodo mínimo de detención preventiva era de cinco años, aunque muchas personas llevaban 10 años o más recluidas sin haber sido enjuiciadas.

Impunidad

La comisión judicial de investigación establecida para investigar el homicidio de cinco comerciantes igbo y una mujer a manos de la policía en junio de 2005 presentó su informe al gobierno en agosto de 2005. El informe fue publicado por una organización cívica, la Fundación CLEEN. Se presentaron cargos de asesinato contra ocho agentes de policía, pero el juicio no había concluido al finalizar el año. El 14 de agosto, el Tribunal Superior de Abuja concedió la libertad bajo fianza a dos de los acusados: un subdirector de la policía y un agente.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas críticos con el gobierno y, en particular, con el presidente Obasanjo, continuaron sufriendo intimidación y hostigamiento.

En junio, Bukhari Bello fue destituido de su cargo como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, cuatro años antes de que expirara su contrato. Al parecer, la destitución estaba relacionada con sus comentarios sobre la represión que ejercían los organismos de seguridad sobre los medios de comunicación y con sus críticas al gobierno.

El 8 de noviembre, Babafemi Ojudu, director gerente del periódico The News, pasó la noche detenido en Abuja, según informes, por orden del inspector general de la policía. No se presentaron cargos formales en su contra, pero se lo interrogó con respecto a las denuncias formuladas por un sospechoso de asesinato, quien aseguraba que Babafemi Ojudu había tratado de generar acusaciones falsas contra un gobernador estatal sometido a juicio político.

El 22 de diciembre, Godwin Agbroko, presidente del consejo editorial del periódico privado Thisday, fue hallado muerto con impactos de bala en Lagos en circunstancias sospechosas.

Desalojos forzosos

Se recibieron informes de varios incidentes de desalojos forzosos, así como de frecuentes amenazas de desalojos. El Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos afirmó que Nigeria era uno de los tres países en los que más se violaba el derecho a la vivienda.

El desarrollo promovido por el plan rector de Abuja provocó varios incidentes de desalojos forzosos. Según informes, en noviembre, el ministro de la Unidad Territorial de la Capital Federal declaró que en torno al 80 por ciento de las casas demolidas en el centro de la ciudad de Abuja y alrededores no reunían los requisitos necesarios para la reclamación de indemnizaciones porque su construcción había sido ilegal.

Proyecto de ley para penalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo

En enero, el ministro de Justicia presentó al Consejo Ejecutivo Federal un proyecto de ley que penalizaba los matrimonios entre personas del mismo sexo, la participación en dichos matrimonios y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ya fuera en público o en privado. Dicho proyecto de ley preveía una pena de cinco años de prisión para cualquier persona que participara en un matrimonio entre personas del mismo sexo, que ayudara a su celebración o que indujera a ella. Asimismo, prohibía el registro formal de organizaciones homosexuales. El proyecto de ley se presentó ante el Senado en abril, pero al concluir el año no se había avanzado en su tramitación.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Nigeria: Rape - the silent weapon (Índice AI: AFR 44/020/2006)

• Nigeria: Petróleo, pobreza y violencia (Índice AI: AFR 44/017/2006)

• Nigeria: Government interference with the independence of the National Human Rights Commission (Índice AI: AFR 44/012/2006)

• Nigeria: El proyecto de ley sobre relaciones entre personas del mismo sexo es contrario a las obligaciones del país relativas a los derechos humanos fundamentales (Índice AI: AFR 44/013/2006)

• Nigeria: AI statement for the public hearing on the hearing on the domestic violence and related matters bill (Índice AI: AFR 44/010/2006)

• Nigeria: Open Letter to President Obasanjo (Índice AI: AFR 44/008/2006)

• Nigeria: Dejar a los más desfavorecidos sin techo. Desalojos forzosos en Makoko, estado de Lagos (Índice AI: AFR 44/001/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Nigeria en enero-febrero y en noviembre-diciembre.

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