Nigeria - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federal de Nigeria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Umaru Musa Yar Adua (sustituyó a Olusegun Obasanjo en abril)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 137,2 millones
Esperanza de vida : 46,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 193/185 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 69,1 por ciento

En abril, tras un proceso que se vio empañado por actos generalizados de violencia y que recibió críticas de todas las misiones de observación, Umaru Musa Yar Adua fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. Las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo con impunidad violaciones de derechos humanos en la región petrolífera del delta del Níger, donde sólo una pequeña parte de la población se beneficiaba de la riqueza petrolera. La policía y las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a centenares de personas. Persistieron las tensiones religiosas y étnicas.

Información general

La Comisión Electoral Nacional Independiente inhabilitó al vicepresidente Atiku Abubakar para presentarse como candidato a presidente, pero, poco antes del 21 de abril, día de las elecciones, el Tribunal Supremo determinó que sí podía concurrir a éstas. Los comicios, en los que se elegía al presidente, a los gobernadores y las asambleas legislativas nacional y estatales, fueron muy criticados: la misión de observación de la Comunidad Económica de Estados del áfrica Occidental dijo que se habían producido graves irregularidades, y la misión de observación de la Unión Europea afirmó que no se habían cumplido la normas internacionales y regionales básicas para la celebración de elecciones democráticas. Diversas organizaciones nigerianas, incluidos el Colegio de Abogados y el Grupo de Monitoreo de la Transición, manifestaron que las elecciones no eran creíbles. En los meses siguientes, el Tribunal Supremo destituyó a cinco gobernadores.

La agenda del nuevo presidente estaba centrada en el desarrollo, la electricidad y la energía, la alimentación, la seguridad –especialmente en la región del delta–, la riqueza, el transporte, la tierra y la educación. El presidente manifestó su intención de reformar el proceso electoral. Mike Okiro fue nombrado inspector general en funciones de la Policía, y en noviembre ocupó definitivamente el cargo.

En junio, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, de la ONU, se negó a renovar la inclusión de Nigeria entre sus miembros por la «destitución irregular» del ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Bukhari Bello, a quien se retiró del cargo cuatro años antes de que venciera su contrato.

El Senado había aprobado en la legislatura anterior un proyecto de ley de libertad de información, pero el entonces presidente Obasanjo no había firmado su entrada en vigor. En septiembre, el nuevo presidente del Senado manifestó que éste volvería a examinar el proyecto de ley.

Se eligió por primera vez a una mujer para la Presidencia de la Cámara de Representantes, pero la presidenta se vio obligada a dimitir en octubre por un escándalo de corrupción.

Se procesó a siete ex gobernadores de estado por presunta corrupción.

Violencia electoral

Los actos generalizados de violencia política vinculados a las elecciones de abril causaron la muerte de al menos 200 personas. Entre las víctimas había candidatos a cargos políticos y partidarios suyos, miembros de la Comisión Electoral Nacional Independiente y simples transeúntes. Durante el periodo electoral se produjeron además agresiones a periodistas, actos de intimidación y hostigamiento de votantes y destrucción generalizada de bienes. Hubo también violencia política en torno a las elecciones a los gobiernos locales de noviembre y diciembre.

Los políticos se valieron en sus campañas electorales de bandas armadas para atacar a sus oponentes y a los partidarios de éstos. El gobierno no tomó medidas efectivas para atajar la violencia ni para impedir que los políticos la fomentaran.

Según informes, el presidente Yar Adua ordenó al inspector general en funciones de la Policía que reabriera la investigación sobre varios homicidios sin resolver cometidos en años anteriores, incluidos los del jefe Bola Ige, Marshall Harry, el jefe Funsho Williams, el jefe Barnabas Igwe y su esposa, y Godwin Agbroko.

Pena de muerte

Aunque el 15 de noviembre de 2007, un representante del gobierno nigeriano en la ONU había manifestado que «no se [había] aplicado ninguna pena capital en Nigeria en los últimos años», en diciembre Amnistía Internacional y varias ONG nigerianas sacaron a la luz al menos siete ejecuciones por ahorcamiento llevadas a cabo en las prisiones de Kaduna, Jos y Enugu en 2006. Tras revelar Amnistía Internacional los resultados de sus investigaciones, un funcionario del estado de Kano confirmó a la BBC que se habían llevado a cabo las ejecuciones. Nigeria no informaba oficialmente de ninguna ejecución desde 2002.

Al final de 2007 había más de 784 personas condenadas a muerte; a más de 200 de ellas se les había impuesto la condena hacía más de 10 años. En 2007 se dictaron al menos 20 condenas de muerte.

En mayo, la Comisión Presidencial de Reforma de la Administración de Justicia reiteró las conclusiones a que había llegado en 2004 un grupo nacional de estudio sobre la pena de muerte y pidió que se declarara la suspensión de las ejecuciones hasta que el sistema nigeriano de justicia penal pudiera garantizar juicios justos en las causas por delitos penados con la muerte.

El ministro de Información anunció el 17 de mayo que Nigeria había concedido una amnistía a todos los presos de más de 70 años, así como a los de 60 o más que llevaran al menos 10 años condenados a muerte. Explicó que iban a ser puestos en libertad antes del 29 de mayo, día de la toma de posesión del nuevo presidente. Sin embargo, el gobierno no hizo públicas tales excarcelaciones, ni se tuvo noticia de que se hubieran llevado a cabo.

El 1 de octubre, 47 aniversario de la independencia de Nigeria, los gobernadores de cuatro estados anunciaron el indulto y la conmutación de la condena de 57 condenados a muerte.

El delta del Níger

Las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo frecuentes violaciones de derechos humanos en el delta del Níger, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y destrucción de viviendas. Los grupos radicales secuestraron a decenas de trabajadores de los campos petrolíferos y a familiares suyos, incluidos menores de edad, y atacaron muchas instalaciones petroleras.

En el periodo previo a las elecciones de abril de 2007 aumentó en el delta la violencia al recurrir los políticos a bandas armadas para atacar a sus oponentes. Tras las elecciones, la violencia, en vez de reducirse, se intensificó aún más.

En agosto se produjeron en las calles de Port Harcourt enfrentamientos entre bandas rivales en los que murieron al menos 30 personas y resultaron heridas muchas más, incluidos simples transeúntes. Se produjeron nuevas muertes al intervenir la Fuerza Especial Militar Conjunta con helicópteros y ametralladoras, en cuyas operaciones murieron al menos 32 personas entre miembros de las bandas, agentes de las fuerzas de seguridad y transeúntes. Tras los enfrentamientos se impuso el toque de queda. Según informes, se detuvo a muchas personas sin relación alguna con las bandas, aunque el jefe de la Fuerza Especial Militar Conjunta lo negó. La violencia continuó y se intensificó hacia el final del año. Al terminar 2007, la Fuerza Especial Militar Conjunta seguía desplegada en la ciudad y se mantenía aún el toque de queda.

No se tuvo noticia de que se tomaran medidas para poner a disposición judicial a miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores. No se hicieron públicos los informes de dos comisiones judiciales de investigación que se habían establecido para examinar sendos sucesos ocurridos en febrero de 2005: una incursión de miembros de la Fuerza Especial Militar Conjunta en Odioma, en la que murieron al menos 17 personas, y una protesta organizada en la terminal de Escravosoil en la que los soldados dispararon contra los manifestantes.

Los habitantes del delta del Níger carecían de agua potable y electricidad, y tenían muy pocas escuelas y centros de salud en funcionamiento.

Ejecuciones extrajudiciales

La policía y las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a centenares de personas. Entre estas muertes hubo homicidios cometidos por la policía en controles rutinarios de carreteras o por negarse la víctima a dar dinero a los agentes, disparos contra atracadores armados durante su detención y ejecuciones extrajudiciales de detenidos en comisarías de policía. El ejército también se vio envuelto a menudo en ejecuciones extrajudiciales, especialmente en el delta del Níger. El 27 de marzo, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias manifestó en el Consejo de Derechos Humanos que Nigeria tenía que poner fin a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la policía.

El inspector general en funciones de la Policía afirmó que en los 100 primeros días de su mandato la policía había detenido a 1.628 atracadores armados y matado a 785. Diversas ONG señalaron que la cifra de homicidios era más alta. A pesar del alarmante número de homicidios de este tipo, el gobierno apenas hizo nada para abordar el problema. Al contrario, se animó a la policía a disparar contra los atracadores armados. El 23 de octubre, el director general de la Policía de la Unidad Territorial de la Capital Federal, por ejemplo, ordenó a sus hombres que dispararan sin dudarlo contra los atracadores armados descubiertos in fraganti.

Tortura y otros malos tratos

Persistió la impunidad de la tortura y los malos tratos policiales. El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura determinó en marzo que la tortura y los malos tratos eran práctica generalizada bajo custodia policial y de carácter especialmente sistémico en los departamentos de investigación criminal.

Violencia contra las mujeres

En enero, la ministra federal de Asuntos de la Mujer comunicó la intención del gobierno de promover la igualdad de género, así como el bienestar y los derechos de las mujeres y de los menores nigerianos. Sin embargo, la violencia contra la mujer siguió siendo un problema muy extendido, manifiesto en forma de violencia en el ámbito familiar y violaciones y otras formas de violencia sexual a manos de agentes del Estado y de particulares. Entre los factores subyacentes figuraban la arraigada impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad y la continua inacción de las autoridades a la hora de ejercer la diligencia debida para prevenir y abordar la violencia sexual cometida por agentes estatales y no estatales.

En mayo se presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para aplicar la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero no se aprobó. Nigeria había ratificado la Convención en 1985.

La Asamblea Legislativa de Lagos aprobó la Ley de Violencia Doméstica y Otras Cuestiones Conexas. En el ámbito federal se presentó un proyecto de ley sobre la violencia doméstica, pero no llegó a promulgarse.

La Comisión de Reformas Jurídicas de Nigeria propuso en agosto que la violación se penara con 15 años de prisión.

Sistema de justicia

A pesar de haber hecho varios anuncios de reforma penitenciaria, el gobierno no pareció tomar ninguna medida en este sentido.

De los 45.000 presos que componían, según cálculos del gobierno, la población reclusa, unos 25.000 estaban en espera de juicio, en muchos casos desde hacía más de cinco años.

El 10 de enero, el presidente del Comité Presidencial de Rehabilitación y Reforma Penitenciaria hizo público que se habían reservado para la primera fase de un programa de reforma de las prisiones 8.000 millones de nairas (unos 64 millones de dólares estadounidenses). Sin embargo, no se tuvo noticia de la adopción de ninguna medida para aplicar el programa durante el año.

En mayo, el Comité Presidencial publicó una lista de 552 internos cuya excarcelación recomendaba. Entre ellos había personas que llevaban más de 10 años recluidas en espera de juicio o cuyos expedientes se habían perdido, personas con enfermedades mortales, personas mayores de 60 años y personas que llevaban más de 10 años condenadas a muerte. El gobierno federal no siguió estas recomendaciones, sino que anunció la excarcelación de todos los reclusos mayores de 70 años. No obstante, no se tuvo noticia de ninguna de estas excarcelaciones.

Las largas demoras que se experimentaban en el sistema de justicia, las pésimas condiciones de reclusión y el hacinamiento extremo contribuían a crear un ambiente de creciente desesperación y frustración entre los reclusos. Estallaron motines en al menos tres prisiones –las de Kuje, Kano central y Agodi–, en los que murieron al menos 20 internos y resultaron heridos muchos más.

Libertad de expresión

Continuaron la intimidación y el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y de periodistas que criticaban al gobierno. El Servicio de Seguridad del Estado detuvo a muchas de estas personas, que fueron entrevistadas antes de quedar en libertad.

  • En septiembre, el Servicio de Seguridad del Estado detuvo a una ciudadana estadounidense directora de una ONG con sede en Nigeria, a un miembro nigeriano del personal y a dos periodistas alemanes por presunto espionaje. Todos quedaron posteriormente en libertad sin cargos.
  • También en septiembre, un periodista que informaba de un motín carcelario en Ibadan fue golpeado hasta que perdió el conocimiento.
  • El Servicio de Seguridad del Estado detuvo en octubre a varios periodistas que habían criticado a los gobernadores de los estados de Borno y Akwa Ibom.

Desalojos forzosos

Se tuvo noticia de varios casos y de frecuentes amenazas de desalojo forzoso. En julio, el presidente Yar Adua ordenó poner fin a la demolición arbitraria de viviendas y seguir el debido proceso. Sin embargo, la Unidad Territorial de la Capital Federal continuó demoliendo casas en Abuya. Al final de 2007 había más de 450 recursos contra órdenes de demolición pendientes en los tribunales de esta región.

En agosto, tras la violencia entre bandas armadas de Port Harcourt, el gobernador decidió demoler numerosas viviendas en la zona ribereña de la ciudad para construir 6.000 nuevas. El plan se suspendió en octubre, al ser destituido el gobernador.

Discriminación: derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

En febrero se sometió a examen en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para castigar con cinco años de prisión el matrimonio entre personas del mismo sexo y la colaboración en él. Presentado por primera vez en 2006, el anteproyecto no había sido aprobado por la Asamblea cuando cambió el gobierno. En la Asamblea Legislativa del estado de Lagos se había examinado un proyecto de ley similar con el anterior gobierno, pero no fue aprobado.

  • En abril, cinco mujeres decidieron ocultarse en Kano tras haber sido acusadas por la Hisbah, o policía islámica, de celebrar una boda homosexual en un teatro. Ellas aseguraban que no se habían casado, sino que habían celebrado la ceremonia para recaudar dinero. Tras este suceso, la Hisbah demolió varios teatros en la ciudad.
  • En agosto se detuvo a 18 hombres en el estado de Bauchi y se presentaron cargos contra ellos por pertenencia a una sociedad ilegal, comisión de actos indecentes y conspiración criminal.

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