Nigeria

Human Rights in República Federal de Nigeria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Umaru Musa Yar Adua
Pena de muerte retencionista
Población 151,5 millones
Esperanza de vida 46,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 190/182 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 69,1 por ciento

La situación en el delta del Níger siguió deteriorándose, con enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad, violencia entre comunidades y delitos violentos, incluida la toma de rehenes. La situación de polución generalizada asociada a la industria del petróleo socavó los derechos humanos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud.

Entre las violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía se contaban ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas y de personas que no quisieron o no pudieron pagar sobornos y el uso frecuente de la tortura en el interrogatorio de presuntos delincuentes. Había más de 700 personas condenadas a muerte, en cientos de casos tras juicios injustos. Era urgente la necesidad de reforma del sistema de justicia, que permitía la reclusión de personas en espera de juicio durante años en condiciones espantosas.

La pobreza generalizada en Nigeria era atribuible en gran medida a la corrupción. La tasa de mortalidad materna era extraordinariamente alta, en torno al 1 por ciento de los nacidos vivos. El derecho a una vivienda adecuada también se violó a gran escala, con más de dos millones de personas víctimas de desalojos forzosos desde el año 2000.

Información general

En febrero, un tribunal electoral ratificó la elección del presidente Umaru Musa Yar Adua en 2007. Se presentó un recurso contra esta decisión, pero en diciembre el Tribunal Supremo confirmó la validez de las elecciones. Cuatro gobernadores fueron destituidos por tribunales electorales y se ordenó la celebración de nuevas elecciones a gobernadores en seis estados debido a irregularidades ocurridas durante las elecciones de 2007.

En abril, el presidente Yar Adua ofreció garantías de que su gobierno abordaría la impunidad en relación con la corrupción. Un informe de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África afirmó que la causa principal de la pobreza en Nigeria era la corrupción y advirtió de que no era probable que Nigeria pudiese cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En agosto, la Fuerza de Policía de Nigeria degradó a 140 agentes de policía, entre ellos al ex presidente de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Nuhu Ribadu, quien, de hecho, había sido destituido de su cargo en la EFCC en diciembre de 2007, después de que la Comisión detuviese y presentase cargos contra un influyente ex gobernador. Nuhu Ribadu fue enviado a un curso de capacitación de un año de duración. En septiembre recibió amenazas de muerte y su auto fue tiroteado. En diciembre fue destituido de la Fuerza de Policía de Nigeria. A lo largo de 2008 la EFCC procesó a tres ex gobernadores por cargos de corrupción.

"...un hombre de 68 años afirmó que la policía le había disparado en una pierna, lo había azotado con cables eléctricos y le había introducido una sustancia pulverulenta en los ojos."

En noviembre, hasta 400 personas murieron en Jos, estado de Plateau, en los tres días de disturbios que siguieron a la celebración de las elecciones al gobierno local. Antes de las elecciones, grupos de la sociedad civil habían escrito a las autoridades del estado para manifestar su preocupación por la posibilidad de que se produjeran actos violentos. El gobernador del estado transmitió a las fuerzas de seguridad la orden de «disparar en el acto».

Seguía pendiente ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Libertad de Información, presentado por primera vez en 1999 y que la Asamblea Nacional anterior había aprobado pero que no se había llegado a promulgar.

El delta del Níger

La situación en el delta del Níger se deterioró aún más en 2008. Continuó la afluencia de armas prácticamente sin control, alentada por los abultados ingresos generados por el robo de petróleo. Las armas fueron utilizadas por las milicias armadas en sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en disputas entre comunidades y en actividades delictivas. En 2008, bandas y grupos armados secuestraron a decenas de trabajadores de los campos petrolíferos y a sus familiares, incluidos niños y niñas, y atacaron instalaciones petroleras.

Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y destrucción de viviendas. La Fuerza Especial Militar Conjunta lanzó frecuentes ataques contra comunidades, especialmente después de enfrentamientos con las milicias armadas. Estos ataques a menudo causaron la muerte de circunstantes.

  • En agosto, cuatro personas –dos hombres de edad avanzada, una mujer joven y una anciana– murieron, según los informes, en una incursión del ejército en el pueblo de Agge, en el estado de Bayelsa. Según la Fuerza Especial Militar Conjunta, la acción fue motivada por un ataque de las milicias armadas.

En Port Harcourt, estado de Rivers, las luchas entre bandas causaron la muerte de al menos 15 personas en julio y agosto.

La Cumbre del Delta del Níger, que pretendía reunir a todas las partes interesadas para abordar el problema de la violencia, se aplazó en varias ocasiones y en septiembre fue sustituida por el Comité Técnico del Delta del Níger. El Comité presentó sus resultados en noviembre. Recomendó al gobierno federal, entre otras cosas, que pagase los fondos pendientes a la Comisión para el Desarrollo del Delta del Níger, que aumentara la financiación de los estados del delta del Níger y que emprendiera el proceso de desarme y rehabilitación de las milicias.

No se tuvo noticia de que se hubieran adoptado medidas para poner a disposición judicial a miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de graves violaciones de derechos humanos. Dos comisiones judiciales de investigación examinaron los sucesos ocurridos en febrero de 2005: una incursión de miembros de la Fuerza Especial Militar Conjunta en Odioma, en la que murieron al menos 17 personas, y una protesta organizada en la terminal de Escravosoil en la que los soldados dispararon contra los manifestantes. Los informes de las comisiones no se hicieron públicos.

La población del delta del Níger carecía de agua potable y electricidad, y tenía muy pocas escuelas y centros de salud en funcionamiento. La polución extendida asociada a la industria petrolera en el delta socavó los derechos humanos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud.

Entre enero y junio se denunciaron ante las autoridades 418 vertidos de petróleo. A pesar de que el Tribunal Superior Federal ordenó que se pusiese fin a la quema de gas en la comunidad de Iwerekhan, esta práctica no remitió.

Homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales

Se recibieron informes reiterados de homicidios ilegítimos a manos de la policía. Entre las víctimas había detenidos, personas que no pudieron o no quisieron pagar sobornos y personas detenidas en controles de carreteras. Algunos de estos homicidios o todos ellos pudieron constituir ejecuciones extrajudiciales. En mayo, la ONG Proyecto de Asistencia y Defensa Jurídica (Legal Defence and Assistance Project) estimó que en 2007 al menos 241 personas habían sido ejecutadas extrajudicialmente por agentes del Estado.

  • El 25 de febrero, agentes de la Fuerza Móvil de Policía lanzaron un ataque contra la comunidad de Ogaminana, en el estado de Kogi. Según los informes, el ataque se llevó a cabo después de la muerte de un policía. Según varios testigos, 15 personas murieron, entre ellas dos niños, y se incendiaron automóviles, motocicletas y casas. Tras el ataque, el jefe adjunto de la policía que, según los informes, había dirigido la operación, fue trasladado. Al concluir 2008 no se había llevado a cabo ninguna investigación.

Tortura y otros malos tratos

La policía utilizó a menudo la tortura y otros malos tratos al interrogar a presuntos delincuentes y no había un mecanismo estandarizado para impedir esas prácticas. Continuaban utilizándose como prueba en los tribunales las «confesiones» obtenidas mediante tortura, en contra de lo que establece el derecho internacional.

  • En la prisión de Owerri, un hombre de 68 años afirmó que la policía le había disparado en una pierna, lo había azotado con cables eléctricos y le había introducido una sustancia pulverulenta en los ojos. Llevaba 10 años recluido en espera de juicio, a pesar de que un informe médico confirmó sus denuncias de tortura, que no fueron investigadas.

Sistema de justicia

Tres de cada cinco internos en las prisiones de Nigeria no habían sido juzgados. Muchos de ellos pasaban años en espera de juicio en condiciones espantosas. Pocos podían pagar los servicios de un abogado, y el Consejo de Asistencia Letrada Gratuita financiado por el gobierno sólo contaba con 91 abogados para todo el país.

En julio, el Ministerio Federal de Justicia y el Servicio de Prisiones aseguraron a Amnistía Internacional que se habían efectuado mejoras. El Ministerio Federal de Justicia afirmó haber pedido a 2.000 abogados que se hiciesen cargo de la defensa de presos que carecían de representación letrada. Sin embargo, al concluir 2008 el impacto de esa medida no era visible y la situación en las prisiones no había mejorado. El sistema no abordó las causas de las demoras en el sistema de justicia penal y no se aumentó el presupuesto del Consejo de Asistencia Letrada Gratuita.

Al finalizar el año, la mayoría de los proyectos de ley sobre reformas del sistema judicial seguían pendientes en la Asamblea Nacional.

A nivel estatal hubo algunos progresos. En marzo, el estado de Lagos modificó su Código de Procedimiento Penal prohibiendo la detención de un tercero en lugar de la persona sospechosa y exigiendo que los interrogatorios de presuntos delincuentes por la policía fuesen grabados en vídeo o se realizasen en presencia de un abogado.

Varios estados crearon servicios de asistencia letrada gratuita, como el Departamento de Derechos de los Ciudadanos en el estado de Ogun y la Defensoría Pública en el estado de Lagos. Sin embargo, la capacidad de esos servicios era limitada; su financiación, restringida, y su independencia, cuestionable.

  • Al concluir 2008 Patrick Okoroafor seguía encarcelado «a discreción del gobernador del estado de Imo» en la prisión de Aba, en el estado de Abia, a pesar de que el 18 de octubre de 2001 el Tribunal Supremo del estado había declarado «ilegal, nula y sin efecto» la condena de muerte que le habían impuesto. Patrick Okoroafor tenía 16 años en mayo de 1997, cuando un Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas de Fuego lo condenó a muerte. No tuvo derecho a interponer un recurso y, según afirmó, lo torturaron bajo custodia policial.

Pena de muerte

Al final de 2008 había al menos 735 personas condenadas a muerte, entre ellas 11 mujeres. En centenares de casos, no habían tenido un juicio justo. Unas 140 habían sido condenadas más de 10 años antes; en algunos casos, más de 20. Unas 80 nunca habían podido recurrir su condena porque habían sido condenadas antes de 1999 por un Tribunal de Robo y Tenencia Ilícita de Armas, que negaba a los acusados el derecho de recurso. Alrededor de 40 tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito y no debieron ser condenadas a muerte.

El gobierno federal ignoró la recomendación del Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte en 2004 y de la Comisión Presidencial de Reforma de la Administración de Justicia en 2007 de que se suspendieran las ejecuciones. En julio de 2008, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte preceptiva en virtud de la Ley de Robo y Tenencia Ilícita de Armas y a sustituirla por la de cadena perpetua.

Al concluir 2008 la mayoría de los presos condenados a muerte cuya próxima liberación había sido anunciada por el ministro federal de Información en mayo de 2007 seguían encarcelados.

En 2008 se dictaron al menos 40 condenas de muerte. El gobernador del estado de Ogun conmutó las penas impuestas a cinco hombres. En noviembre, el presidente indultó a un hombre que había pasado 22 años condenado a muerte. En 2008 no se llevaron a cabo ejecuciones confirmadas.

En diciembre Nigeria votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de vida en las prisiones eran espantosas. El hacinamiento, las instalaciones sanitarias deficientes, la escasez de alimentos y medicinas y la negación del derecho a tener contacto con familiares y amigos perjudicaban la salud física y mental de presos y presas. Numerosos internos tenían que compartir su cama con otra persona o dormir en el suelo. En algunas prisiones no se facilitaban camas, los retretes estaban atascados o no existían y no había agua corriente. Las enfermedades proliferaban. Niños de tan sólo 12 años permanecían recluidos con personas adultas.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres siguió siendo un problema extendido, que se manifestaba en forma de violencia en el ámbito familiar, violación y otras formas de violencia sexual a manos de agentes del Estado y de particulares. Las autoridades continuaron sin actuar con la diligencia debida para prevenir y abordar la violencia sexual cometida por agentes estatales y no estatales, lo que contribuyó a reforzar la arraigada cultura de impunidad.

Con aproximadamente 59.000 muertes derivadas de la maternidad al año, sólo un país en todo el mundo superaba a Nigeria en este capítulo. El índice de mortalidad materna en Nigeria era de aproximadamente 1 de cada 100 nacidos vivos. Entre los factores que contribuían a esta situación se encontraban la falta de acceso a los servicios de salud y su ineficacia, la corrupción, los abortos no seguros y enfermedades como la eclampsia y la malaria.

En julio, la Asamblea Nacional rechazó, tras estudiarlo por tercera vez, un proyecto de Ley para Prohibir y Castigar la Desnudez Pública, la Intimidación Sexual y Otros Delitos Relacionados, que especificaba la longitud adecuada de la vestimenta femenina y otorgaba amplios poderes a la policía para su implementación.

En enero, el estado de Jigawa aprobó una ley que prohibía la violencia en el ámbito familiar. Un proyecto de ley similar esperaba su consideración ante la Asamblea Legislativa del estado de Plateau.

Libertad de expresión

Continuaron la intimidación y el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos y de periodistas que criticaban al gobierno, y aumentó la intolerancia oficial frente a los medios de comunicación. El Servicio de Seguridad del Estado o la policía detuvieron al menos a ocho periodistas. Algunos fueron liberados al cabo de pocas horas mientras que otros permanecieron recluidos en régimen de incomunicación hasta 10 días. Además, se efectuaron registros en sedes de medios de comunicación, se clausuró la emisora de televisión Channels, y las fuerzas de seguridad y la policía amenazaron y golpearon a periodistas. Al menos dos de ellos murieron en circunstancias sospechosas.

En el delta del Níger se produjeron al menos tres incidentes en los que el Servicio de Seguridad del Estado arrestó y recluyó a periodistas y cineastas de nacionalidad extranjera, antes de liberarlos sin cargos al cabo de varios días.

Derecho a la vivienda

Nigeria continuó violando el derecho a una vivienda adecuada. Sólo en Lagos, más de un millón de personas vivían en barrios marginales.

Las autoridades no proporcionaron indemnización o una vivienda alternativa a las personas desalojadas de sus hogares. Algunas comunidades se enfrentaban a su tercer desalojo forzoso. En Lagos se llevaron a cabo numerosos desalojos forzosos sin seguir el debido proceso. Entre mayo y julio se efectuaron desalojos casi cada semana. En Gosa se llevaron a cabo demoliciones masivas en varias comunidades, a lo largo de la carretera que conduce al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, en la Unidad Territorial de la Capital Federal, en mayo y junio. En Port Harcourt se practicaron desalojos forzosos en las zonas lindantes con el agua a pesar de que el gobierno había prometido que no se desalojaría a nadie.

  • Emeka, su esposa y sus tres hijos fueron desalojados a la fuerza de un asentamiento informal en Lagos y no se les proporcionó ninguna indemnización o alojamiento alternativo. Todas sus pertenencias fueron destruidas durante el desalojo. La familia se instaló en Makoko, otro asentamiento informal.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los abusos contra los derechos humanos de personas sospechosas de conducta homosexual. El Código Penal de Nigeria penalizaba con 14 años de cárcel las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. La ley islámica castigaba la «sodomía», en algunos estados con la muerte.

En 2008, varios hombres y mujeres fueron detenidos por cargos de mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo. La homofobia desencadenó actos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero y las autoridades no pudieron o no quisieron facilitar protección suficiente a las víctimas.

En diciembre, miembros de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley que penalizaba las ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo, así como ejercer de testigos o ayudar a materializar esas uniones.

Visitas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional envió delegaciones a Nigeria en febrero/marzo, julio y octubre/noviembre.

Informes de Amnistía Internacional

Nigeria: «Waiting for the hangman» (en inglés, 21 octubre 2008)
Nigeria: Carta abierta a su excelencia Alhaji Umura Musa Yar’adua, presidente de la República Federal de Nigeria (19 junio 2008)
Nigeria: Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review: Fourth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2009 (en inglés, 1 septiembre 2008)
Nigerian police and security forces: Failure to protect and respect human rights (en inglés, 16 mayo 2008)
Nigeria: Detención al arbitrio del gobernador. El Colegio de Abogados de Nigeria, diversas ONG nigerianas y Amnistía Internacional piden la excarcelación inmediata de Patrick Okoroafor (10 abril 2008)
Nigeria: Prisoners’ rights systematically flouted (en inglés, 26 febrero 2008)

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