Nigeria - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Federal de Nigeria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Umaru Musa Yar Adua
Pena de muerte
retencionista
Población
154,7 millones
Esperanza de vida
47,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
190/184 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72 por ciento

La policía continuó cometiendo con impunidad una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas. Algunas personas fueron objeto de tales violaciones por no dejarse extorsionar. Hubo varias muertes bajo custodia policial a causa de torturas. Las personas presas, muchas de las cuales llevaban años en espera de juicio, soportaban terribles condiciones de reclusión. El gobierno sometió a hostigamiento e intimidaciones a activistas de los derechos humanos y periodistas. La violencia contra las mujeres siguió siendo un problema endémico, y continuaron los abusos contra personas sospechosas de mantener relaciones homosexuales. Millares de personas fueron víctimas de desalojo forzoso en todo el país. Se impusieron al menos 58 penas de muerte, con lo que el número de personas condenadas a muerte ascendió a más de 870. Muchas habían sido sometidas a un juicio carente de garantías. Sin embargo, el gobierno anunció una “suspensión autoimpuesta” de las ejecuciones. En el delta del Níger continuaron durante la primera mitad del año los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas de seguridad, que causaron muchas muertes, algunas de personas ajenas a los combates. La situación mejoró en materia de seguridad tras ofrecer el presidente una amnistía a los miembros de los grupos armados en agosto.

Información general

El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la ONU consideró en febrero la situación de los derechos humanos en Nigeria, y en junio ésta anunció que aceptaba 30 de las 32 recomendaciones formuladas.

En julio, Nigeria se adhirió a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

En marzo se destituyó a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Kehinde Ajoni, que fue sustituida por Roland Ewubare. Se pensaba que podía haber sido destituida arbitrariamente. Al final de 2009 aún no se había aprobado un proyecto de ley con el que se pretendía mejorar la eficacia de la Comisión, que no tenía consejo de gobierno desde noviembre de 2007.

En julio murieron más de 800 personas, incluidos 24 agentes de policía, durante enfrentamientos entre miembros del grupo religioso Boko Haram y las fuerzas de seguridad que se sucedieron a lo largo de una semana en los estados de Borno, Kano, Katsina y Yobe. El 26 de julio, miembros de Boko Haram atacaron una comisaría de policía en el estado de Bauchi. El 30 de julio fue detenido el líder del grupo, Muhammad Yusuf, en Maiduguri, estado de Borno. Ese mismo día, la policía anunció que había resultado muerto al intentar escapar. El 13 de agosto, Michael Kaase Aondoakaa, fiscal general de la Federación y ministro de Justicia, manifestó que a Muhammad Yusuf lo habían matado bajo custodia de la policía. El gobierno anunció que iba a investigar todos los homicidios, pero no se hizo pública ninguna medida tomada con tal fin.

En noviembre, en su decisión sobre una demanda presentada por la ONG nigeriana Proyecto de Derechos Socioeconómicos y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental confirmó el derecho jurídico y humano de los nigerianos a la educación.

El presidente Umaru Musa Yar Adua viajó en noviembre a Arabia Saudí para recibir atención médica, pero al final de año no había regresado aún ni había delegado sus poderes en el vicepresidente.

En diciembre, un enfrentamiento entre un grupo religioso y la policía causó la muerte de al menos 65 personas, incluidos niños, en el estado de Bauchi.

Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas

Murieron centenares de personas a manos de la policía, muchas de ellas víctimas de homicidio ilegítimo en la calle o en controles de carretera. En algunos casos las mataron durante o después de su detención, a veces tras ser torturadas. Un gran porcentaje de estos homicidios ilegítimos constituyeron probablemente ejecución extrajudicial. Muchas otras personas desaparecieron tras haber sido detenidas. En estos casos, las familias raras veces obtenían una reparación, y a menudo ni siquiera recibían información. La mayoría de los autores de estos abusos disfrutaban de impunidad. Aunque la policía tenía mecanismos para recibir quejas de la ciudadanía, éstas no solían atenderse.

  • La policía hirió a Christian Onuigbo al disparar contra él el 19 de marzo cuando aparcaba su automóvil en Jiwa, Unidad Territorial de la Capital Federal. Pasó la noche en la comisaría de policía de esta localidad, desde donde lo llevaron al hospital a la mañana siguiente. Una vez allí se negaron a atenderlo sin un informe de la policía, que no se presentó hasta las cuatro de la tarde. Christian Onuigbo murió al día siguiente.
  • Aneke Okorie, que trabajaba como okada (conductor de una motocicleta taxi), recibió un disparo el 15 de mayo por no dejarse extorsionar por la policía en un control de seguridad en Emene, estado de Enugu. Murió de camino al hospital. Un testigo presencial contó a Amnistía Internacional que un agente había disparado a Aneke Okorie en el estómago y le había colgado luego su arma del cuello para que pareciera que era el propio agente quien había sido atacado por un asaltante armado. En septiembre se retiró de sus funciones y se procesó al agente de policía, que estaba en espera de juicio al final del año.
  • Stanley Adiele Uwakwe y Faka Tamunotonye Kalio fueron detenidos el 10 de mayo y conducidos al centro de detención de Old GRA en Port Harcourt. Al cabo de unos días los trasladaron a otra comisaría, pero la policía dijo a sus familiares que no estaban detenidos. Los familiares fueron informados extraoficialmente de que la policía los había matado.

Tortura y otros malos tratos

La policía hacía a menudo uso de tortura y otros malos tratos al interrogar a presuntos delincuentes, pero no había un mecanismo normalizado para impedir tal práctica. Continuaron utilizándose como prueba en los tribunales confesiones obtenidas mediante tortura.

  • El 19 de noviembre, tres okadas fueron entregados a la policía por miembros de la comunidad que los acusaban de robo. Ellos dijeron que la comunidad les había robado sus vehículos, pero estuvieron siete días bajo custodia de la Unidad Especial Antirrobos en Borokiri, Port Harcourt, donde los golpearon todas las noches con la culata de un fusil y una correa de hierro. Posteriormente dijeron también que les habían dado a beber agua mezclada con productos químicos, que les había causado lesiones internas. Al arrojarles esa misma agua en el cuerpo, les había producido dolor y una erupción. Tras presentar una ONG una denuncia, los dejaron en libertad bajo fianza.

Sistema de justicia

Pese a las reiteradas promesas oficiales de atender los problemas del sistema de justicia penal, apenas se hicieron progresos. La revisión de la Ley de Policía de 1990 emprendida en 2004 siguió sin dar lugar a la promulgación de nueva legislación. No se aplicaron casi ninguna de las recomendaciones formuladas en años anteriores por dos comisiones presidenciales y por los relatores especiales de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De cada 10 presos, 7 eran preventivos. Muchos llevaban años en espera de juicio, recluidos en terribles condiciones. Eran muy pocos los que podían pagarse un abogado, y el Consejo de Asistencia Letrada Gratuita, sostenido con fondos públicos, tenía menos de un centenar de abogados para todo el país.

El Ministerio Federal de Justicia dijo que se había introducido un sistema de abogados que se ocupaban de los casos de presos sin representación letrada. Sin embargo, al final de 2009 aún no se notaban los efectos de esta medida ni se había reducido el hacinamiento en las prisiones. El proyecto no abordaba las causas de las demoras del sistema de justicia penal.

En julio, el gobernador del estado de Lagos promulgó la Ley del Tribunal de Magistrados, en virtud de la cual las personas detenidas debían comparecer ante un tribunal en el plazo de 24 horas y sólo juristas cualificados podían procesarlas.

En agosto, el nuevo ministro del Interior, Dr. Shetima Mustapha, reiteró el compromiso de reformar las prisiones. Al concluir 2009, la mayor parte de los proyectos de ley de reforma del sector de la justicia estaban todavía pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional.

Pena de muerte

Se impusieron al menos 58 penas de muerte. Al final del año había alrededor de 860 hombres y 11 mujeres condenados a muerte. Centenares de estas personas habían sido sometidas a juicios carentes de garantías.

No se tomó ninguna medida para aplicar las recomendaciones formuladas por el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte en 2004 y por la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de Justicia en 2007 para que se aprobara una suspensión de las ejecuciones. Sin embargo, en febrero, en el cuarto periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores manifestó que Nigeria mantenía una “suspensión autoimpuesta” de las ejecuciones.

En junio, el gobernador de Lagos indultó y excarceló a 3 condenados a muerte. A otros 29 se les conmutó la condena por cadena perpetua, y a 8 más, por otras penas de prisión.

En seis estados –Abia, Akwa Ibom, Anambra, Ebonyi, Enugu e Imo– se introdujo la pena de muerte preceptiva para el delito de secuestro, y en el estado de Delta estaba pendiente de aprobación un proyecto de ley elaborado también con este fin.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres siguió siendo un problema muy extendido, que se manifestaba en forma de violencia en el ámbito familiar, violación y otras formas de violencia sexual a manos de agentes del Estado y de particulares. Las autoridades continuaron sin actuar con la diligencia debida para prevenir y abordar la violencia sexual cometida por agentes estatales y no estatales, lo que contribuyó a reforzar la arraigada cultura de impunidad.

Aunque algunos estados de Nigeria habían aprobado legislación para proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia, todavía tenía que aplicarse a escala federal y estatal, casi 25 años después de su ratificación, la Convención de la ONU sobre la Mujer.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron cometiéndose abusos contra personas sospechosas de mantener relaciones homosexuales. El Código Penal de Nigeria penalizaba las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. La ley islámica castigaba la “sodomía”, en algunos estados con la muerte.

El gobierno examinó, pero no promulgó, un proyecto de ley de (Prohibición) del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, de 2008, que penalizaba este tipo de uniones, así como ejercer de testigo en ellas o ayudar a su celebración.

Libertad de expresión

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas críticos con el gobierno sufrían cada vez más hostigamiento e intimidaciones. El Servicio de Seguridad del Estado y la policía detuvieron al menos a 26 periodistas. Algunos quedaron en libertad a las pocas horas, pero otros estuvieron hasta 12 días recluidos en régimen de incomunicación. Asimismo, la policía y las fuerzas de seguridad registraron oficinas de medios de comunicación, cerraron cadenas de televisión y amenazaron y golpearon a periodistas.

  • En septiembre mataron en su casa en circunstancias controvertidas a Bayo Ohu, director adjunto de noticias del periódico The Guardian. Los agresores no robaron nada, aparte del teléfono móvil y el ordenador portátil del periodista.
  • En noviembre detuvieron en Port Harcourt a tres periodistas que habían publicado un artículo sobre unos disparos producidos en la comunidad de Bundu de dicha ciudad. Uno quedó en libertad dos días después, y los otros dos, al cabo de cinco días. Fueron acusados formalmente de publicar noticias falsas.

En noviembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos instó al gobierno federal a retirar el proyecto de ley del Consejo de Prensa y el Ejercicio del Periodismo en Nigeria de 2009 que, de aprobarse, restringiría la libertad de expresión.

Al final de 2009 seguía pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de Libertad de Información, presentado por primera vez en 1999.

Delta del Níger

En el primer semestre de 2009, diversos grupos armados y bandas secuestraron a decenas de trabajadores de los campos petrolíferos y a familiares suyos, incluidos niños, y atacaron numerosas instalaciones petroleras. Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en la zona, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, y destrucción de viviendas. Según informes, la Fuerza Especial Conjunta, formada por tropas de tierra, mar y aire y personal de la Policía Móvil, realizó frecuentes incursiones en comunidades, a menudo tras enfrentamientos con milicias en los que con frecuencia resultaron muertas personas ajenas a los combates.

  • En mayo, un enfrentamiento entre la Fuerza Especial Conjunta y grupos armados del delta del Níger dio lugar a dos semanas de combates entre ambos bandos, así como a ataques terrestres y aéreos de la Fuerza Especial Conjunta contra comunidades y bases de milicias en las zonas de gobierno local de Warri South y Warri South West del estado de Delta. La zona estuvo ocupada por la Fuerza Especial Conjunta durante varios meses, por lo que sus habitantes no pudieron regresar hasta agosto. La mayoría de las viviendas resultaron destruidas. Amnistía Internacional fue informada de que como consecuencia de la intervención de la Fuerza Especial Conjunta habían muerto al menos 30 civiles, incluidos niños, y habían resultado heridos muchos más.

En octubre, la mayoría de los líderes y miembros de los grupos armados del delta del Níger aceptaron una amnistía ofrecida por el gobierno federal en agosto que se aplicaba a los “delitos relacionados con actividades de milicias en el delta del Níger”. Aunque mejoró la situación en materia de seguridad, no parecía haber ningún plan para abordar las causas del conflicto.

La contaminación y los daños ambientales causados por la industria petrolera continuaron teniendo graves efectos en los habitantes del delta. Más del 60 por ciento de la población dependía del medio ambiente natural para su sustento. Las comunidades de la zona no solían tener acceso a información básica sobre los efectos de la industria petrolera en sus vidas.

Las leyes y reglamentos para la protección del medio ambiente seguían sin hacerse apenas cumplir. Los organismos públicos encargados de ello eran ineficaces y, en algunos casos, tenían conflictos de intereses.

El proyecto de ley de la Industria del Petróleo, que reformaba la legislación existente sobre la materia, continuaba pendiente de aprobación. En todo caso, no se abordaban en él los efectos sociales y humanos de la industria petrolera.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

Continuaron efectuándose desalojos forzosos en toda Nigeria. Las autoridades no ofrecían ninguna indemnización ni otra vivienda a las personas desalojadas. Algunas comunidades fueron víctimas de desalojo forzoso por tercera vez.

En la zona ribereña de Port Harcourt, capital del estado de Rivers, se realizaron durante todo el año desalojos forzosos, que afectaron a millares de personas.

  • Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de la comunidad de Njemanze, Port Harcourt, el 28 de agosto.
  • El 12 de octubre, al menos 3 personas murieron y 11 resultaron heridas de gravedad en la comunidad de Bundu, Port Harcourt, al utilizar la Fuerza Especial Conjunta y la policía armas de fuego para dispersar a una multitud que se manifestaba contra unas demoliciones previstas y les impedía la entrada en la comunidad.

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