Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno
Goodluck Jonathan (sustituyó a Umaru Musa Yar Adua en febrero)
Pena de muerte
retencionista
Población
158 millones
Esperanza de vida
48,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
190/184 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
74,8 por ciento

La policía seguía cometiendo violaciones de derechos humanos, tales como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas. El sistema de justicia carecía de recursos suficientes y sufría demoras generalizadas. Las cárceles estaban abarrotadas; la mayoría de los reclusos se hallaban detenidos en espera de juicio, y algunos llevaban muchos años recluidos. Unas 920 personas estaban en espera de ejecución, y muchas de ellas habían sido condenadas en juicios sin garantías. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. La situación en materia de seguridad en el delta del Níger se deterioró durante el año. Continuaron las intimidaciones y el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. La violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno generalizado, y el gobierno no protegía los derechos de la infancia. Continuaron los desalojos forzosos en todo el país.

Información general

El presidente Umaru Musa Yar Adua murió en mayo tras una larga enfermedad y fue sustituido por el vicepresidente, Goodluck Jonathan, que ejercía como presidente en funciones desde febrero.

El presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente fue cesado en su cargo en abril y sustituido en junio. Se programaron elecciones para enero de 2011, que después se aplazaron hasta abril de 2011.

La violencia política generalizada relacionada con las elecciones de 2011 causó la muerte de decenas de personas. Entre los fallecidos había candidatos y familiares y simpatizantes suyos.

El 31 de diciembre, al menos 13 personas murieron y muchas otras resultaron heridas al explotar una bomba en el interior del cuartel militar de Sani Abacha, en la capital del país, Abuja.

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Estado de Plateau

Entre el 17 y el 20 de enero, más de 300 personas murieron a causa de la violencia entre comunidades religiosas y étnicas que estalló en la ciudad de Jos, estado de Plateau, y sus alrededores; más de 10.000 personas se vieron desplazadas, y miles de comercios y viviendas quedaron destruidos. El 7 de marzo, más de 200 hombres, mujeres y niños murieron a manos de hombres armados al ser atacadas las poblaciones de Dogo Nahawa, Zot y Ratsat. Se quemaron viviendas y propiedades, y miles de personas se vieron desplazadas.

El 24 de diciembre estallaron en Jos y sus alrededores al menos tres bombas, que causaron la muerte de más de 80 personas y dejaron heridas a muchas más. Los atentados desencadenaron más violencia en la ciudad y sus inmediaciones: decenas de personas murieron y un número muy superior resultaron heridas; además, se incendiaron varios edificios.

El Comité Consultivo Presidencial, establecido en febrero para investigar la violencia, presentó su informe al presidente Jonathan en agosto. El presidente se comprometió a aplicar las recomendaciones del Comité, pero el informe no se hizo público. Al terminar 2010 no se habían publicado las conclusiones de investigaciones anteriores sobre la violencia de 2008.

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Boko Haram

Entre julio y diciembre, más de 30 personas murieron en el estado de Borno a manos de atacantes a los que se creía miembros de la secta religiosa conocida comúnmente como Boko Haram. Muchos de los ataques se dirigieron contra policías. El 24 de diciembre murieron 6 personas al atacar presuntos miembros de Boko Haram dos iglesias en Maiduguri.

En octubre se desplegó a cientos de soldados en el estado de Borno. El 22 de noviembre, un portavoz policial anunció que la policía había detenido a más de 170 personas en las seis semanas precedentes. Muchas habían sido trasladadas a Abuja. Al terminar el año, la mayoría de estas personas continuaban en detención policial y no habían comparecido todavía ante un tribunal.

El 31 de diciembre, la policía anunció que había detenido a otros 92 presuntos miembros de Boko Haram.

También hubo ataques de presuntos miembros de Boko Haram en los estados de Bauchi y Yobe, en los que murieron al menos cinco policías. En septiembre, un grupo de presuntos miembros de la secta atacaron la prisión federal de Bauchi y liberaron a más de 700 reclusos, aproximadamente 123 de los cuales pertenecían también a ella.

El comité establecido en agosto de 2009 para investigar la crisis de Boko Haram de julio de 2009, en la que murieron más de 700 personas, no hizo públicas sus conclusiones durante 2010. En abril, el Tribunal Superior del estado de Borno ordenó que la policía pagara una indemnización en el caso de Alhaji Baba Fugu, ejecutado extrajudicialmente mientras estaba bajo custodia policial durante la crisis de 2009. Al terminar el año no se había celebrado la vista del recurso presentado por la policía contra este fallo.

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Estado de Abia

Decenas de personas, entre ellas menores de edad, fueron secuestradas por bandas de delincuentes en el estado de Abia, a veces por un rescate de tan sólo 10.000 nairas (65 dólares estadounidenses). Según la Asociación Nigeriana de Médicos, fueron secuestrados 21 facultativos. El 29 de septiembre se desplegó al ejército en el estado de Abia. El 12 de octubre, la Fuerza Especial Conjunta, integrada por tropas de tierra, mar y aire y personal de la policía móvil, anunció que había matado en tiroteos a 172 presuntos miembros de bandas de secuestradores y había detenido a 237. Las ONG calculaban que las fuerzas de seguridad habían matado al menos a cientos de personas en el estado de Abia en 2010.

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Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas

En febrero, importantes ministros del gobierno reclamaron la reforma de la Fuerza de Policía de Nigeria y la mejora de los procedimientos de presentación de quejas. Sin embargo, no se tomó medida alguna.

Continuaba el desprecio generalizado por los derechos humanos y el proceso debido en el seno de la policía. Ésta mató a cientos de personas en 2010. Muchas de ellas fueron víctimas de homicidio ilegítimo antes de ser detenidas, en el momento de su detención en la calle o en controles de carretera o estando ya bajo custodia policial. Muchas personas desaparecieron luego de su detención. Una gran proporción de estos homicidios ilegítimos parecían ser ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los autores de tales actos quedaban sin castigo. En mayo, la ONG Proyecto de Defensa y Asistencia Jurídica (LEDAP) calculó que en 2009 la policía había matado al menos a 1.049 personas.

  • En enero, la policía mató a tiros a una madre lactante y a su bebé de ocho meses en un control de seguridad en Ilorin, estado de Kwara. Cuatro agentes de policía fueron detenidos.
  • En abril, la policía abrió fuego contra personas que se manifestaban en Ajegunle, Lagos, y mató a cuatro de ellas. Los manifestantes protestaban por la muerte de Charles Okafor tras haber sido golpeado por la policía durante una redada en un local público en el que estaba viendo un partido de fútbol.
  • En junio, el superintendente adjunto de policía Boniface Ukwa murió por disparos efectuados por policías en un control de carreteras en Enugu. Estaba libre de servicio y no vestía uniforme. La policía afirmó después que había muerto en un tiroteo con secuestradores.

Se ordenó a la policía el pago de indemnizaciones en algunos casos, como el de Kausarat Saliu, niña de tres años que había muerto por disparos en abril de 2009 en un control de carreteras en Lagos, cuando viajaba con sus padres en un autobús comercial.

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Tortura y otros malos tratos

La policía torturaba de forma habitual a los detenidos, incluidos los menores de edad. En marzo, el entonces fiscal general y ministro de Justicia de la Federación aceptó formalmente el proyecto de Política Nacional contra la Tortura. No se adoptaron más medidas.

Las personas detenidas estaban generalmente bajo custodia policial durante periodos superiores al máximo de 48 horas previsto en la Constitución antes de ser puestas a disposición judicial, en muchos casos durante semanas e incluso meses.

  • Shete Obusoh y Chijioke Olemeforo fueron detenidos por agentes de policía adscritos a la Unidad Especial Antirrobos el 4 de octubre y pasaron 17 días bajo custodia policial antes de comparecer ante un tribunal, que decretó su ingreso en prisión el 21 de octubre. Según denunciaron, durante este periodo los habían colgado del techo en la comisaría y los habían golpeado con culatas de fusiles y machetes.
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Sistema de justicia

El 70 por ciento de las casi 48.000 personas recluidas en las prisiones de Nigeria eran presos preventivos. Muchas llevaban años encarceladas en espera de juicio en terribles condiciones. Eran pocas las que podían pagarse un abogado, y el Consejo de Asistencia Letrada, financiado con fondos públicos, tenía sólo 122 abogados para todo el país.

Al término de 2010, la mayoría de los proyectos de ley de reforma del sector de la justicia seguían pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional. Un proyecto de ley cuyo objetivo era reforzar la Comisión Nacional de Derechos Humanos avanzó en su tramitación pero al terminar el año no había sido remitido, para su firma, al presidente.

Los tribunales seguían afectados por demoras generalizadas.

  • En agosto, el Tribunal Superior Federal de Port Harcourt dictó una orden para que la policía presentase a Chika Ibeku por considerar que la detención de este hombre sin cargos ni fianza era ilegítima. Transcurrieron otros tres meses antes de que se tramitara la orden y empezara a entregarse a los agentes de policía implicados en el caso. La solicitud de hábeas corpus en favor de Chika Ibeku había sido presentada por el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Nigeria en mayo de 2009.
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Pena de muerte

Aproximadamente 920 personas estaban condenadas a muerte, entre ellas 8 mujeres, 10 presos de más de 70 años y más de 20 que tenían menos de 18 cuando se cometió el delito. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. En muchos casos, la pena capital se había impuesto en un juicio manifiestamente injusto o tras más de un decenio de prisión preventiva.

Después de las reuniones del Consejo de Estados y el Consejo Económico Nacional de abril y junio, presididas por el presidente y el vicepresidente del país, respectivamente, los gobernadores de los estados hicieron pública su intención de revisar los casos de todos los condenados a muerte y firmar órdenes de ejecución para reducir la congestión de las cárceles.

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Delta del Níger

La situación imperante en materia de seguridad, que había mejorado tras la amnistía presidencial concedida a los miembros de grupos armados en 2009, se había deteriorado al final de 2010. Grupos armados y bandas secuestraron a decenas de trabajadores de la industria petrolera y a familiares suyos, incluidos niños y niñas, y atacaron varias instalaciones petrolíferas. Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, seguían cometiendo violaciones de derechos humanos en el delta del Níger, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos y destrucción de viviendas.

El 1 de diciembre, tras mantener combates con un grupo armado en el estado de Delta, la Fuerza Especial Conjunta arrasó la cercana comunidad de Ayokoromo. Al menos 120 viviendas fueron incendiadas y destruidas. La Fuerza Especial Conjunta afirmó que habían muerto 9 miembros de la comunidad, pero dirigentes comunitarios y ONG elevaron la cifra de víctimas mortales a 51, entre ellas mujeres y niños.

En enero, el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger suspendió su alto el fuego, que estaba en vigor desde octubre de 2009. En marzo, dos bombas explotaron en Warri, estado de Delta, y causaron la muerte de al menos una persona. En octubre explotaron en Abuja tres vehículos bomba que empañaron la celebración de la independencia de Nigeria y causaron la muerte de 12 personas. El Movimiento por la Emancipación reivindicó la autoría.

  • En enero, dos trabajadores de Escravos, planta de gas de Chevron en el estado de Delta, murieron por disparos. Al parecer unos miembros de la Fuerza Especial Conjunta que habían estado custodiando la planta pasaron por delante de ella cuando salían los trabajadores y abrieron fuego. Chevron pagó indemnizaciones a las familias de las dos víctimas, pero no aceptó responsabilidad alguna en los homicidios.

La contaminación y los daños ambientales causados por la industria petrolífera seguían teniendo graves efectos para los habitantes del delta del Níger. Las leyes y reglamentos para la protección del medio ambiente seguían sin hacerse apenas cumplir. Los organismos públicos responsables de hacer cumplir las normas eran ineficaces y, en algunos casos, estaban comprometidos por conflictos de intereses. Con frecuencia, las comunidades del delta del Níger no tenían acceso a información esencial sobre los efectos de la industria petrolífera en sus vidas.

  • El 1 de mayo llegó a las costas de la comunidad de Ibeno, estado de Akwa Ibom, un vertido de crudo provocado por un escape en las conducciones de una plataforma submarina del yacimiento de Qua Iboe, propiedad de ExxonMobil.
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Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres seguía siendo un problema muy extendido, que se manifestaba en forma de violencia en el ámbito familiar, violación y otras formas de violencia sexual a manos tanto de agentes del Estado como de particulares. Las autoridades se abstenían sistemáticamente de ejercer la diligencia debida para prevenir y abordar la violencia sexual cometida por agentes estatales y no estatales, lo que contribuía a mantener una arraigada cultura de impunidad.

  • Maryam Mohammed Bello y Halima Abdu comparecieron ante un tribunal en febrero e ingresaron en prisión tras haber pasado un año en detención policial en Maiduguri, donde dijeron que las habían violado en repetidas ocasiones. Las dos quedaron embarazadas mientras estaban bajo custodia policial. Ambas fueron puestas finalmente en libertad bajo fianza en octubre.
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Derechos de la infancia

Al terminar el año, 12 de los 36 estados de Nigeria no habían aprobado todavía la Ley de Derechos de la Infancia. Los menores de edad estaban detenidos habitualmente junto con adultos en los calabozos policiales y en las cárceles. Sólo funcionaba uno de los tres centros tutelares de menores del país, que estaba abarrotado: había aproximadamente 600 menores de edad en instalaciones proyectadas para 200.

Las medidas del gobierno en favor de los niños y niñas sin hogar y vulnerables seguían siendo inadecuadas, y había más de un millón de niños de la calle en todo el país.

Al terminar 2010 no se había llevado a cabo ninguna investigación sobre los violentos enfrentamientos en los que se había visto envuelta la secta islámica Kala-Kato el 29 de diciembre de 2009 en Bauchi, que se saldaron con la muerte de al menos 38 personas, 22 de ellas niños y niñas. Según informes, muchos de los fallecidos murieron por disparos de la policía.

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Libertad de expresión

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas seguían sufriendo intimidación y hostigamiento. Varios fueron amenazados y golpeados por la policía y las fuerzas de seguridad, y al menos dos murieron en circunstancias sospechosas. Al final de 2010, la Asamblea Nacional no había aprobado el proyecto de Ley sobre Libertad de Información, presentado en 1999.

  • En marzo, el Tribunal de la Ley Islámica de Magajin Gari, Kaduna, ordenó al Congreso por los Derechos Civiles que dejara de debatir en su foro de Internet la amputación de la mano derecha de Mallam Bello Jangebe, ocurrida 10 años atrás.
  • El 24 de abril, Edo Sule Ugbagwu, importante corresponsal judicial del periódico The Nation, murió en Lagos por disparos de desconocidos. Al terminar el año no se había puesto a disposición judicial a nadie por su homicidio.
  • El 29 de diciembre, el activista de los derechos humanos Chidi Nwosu murió por disparos de desconocidos en su casa, en el estado de Abia. Era presidente de la Fundación Derechos Humanos, Justicia y Paz y se había destacado por su labor contra la corrupción y los abusos contra los derechos humanos.
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Desalojos forzosos

Continuaron en toda Nigeria los desalojos forzosos, que se llevaban a cabo sin una consulta auténtica, sin aviso ni indemnización adecuados y sin alojamiento alternativo. Más de 200.000 personas seguían corriendo riesgo de desalojo forzoso en Port Harcourt, estado de Rivers, como consecuencia de los planes del gobierno estatal de demoler las comunidades ribereñas de la ciudad.

  • El 23 de diciembre, al menos una persona murió y varias resultaron heridas cuando agentes de policía armados abrieron fuego durante un desalojo forzoso en la comunidad de Makoko, en Lagos. Durante la demolición de las construcciones de la zona, la policía estuvo acompañada por la Unidad Especial para Delitos Ecológicos y Especiales del estado de Lagos, también denominada Brigada para la Represión de la Indisciplina (KAI). Era la segunda ocasión en que los residentes de Makoko hacían frente al desalojo de sus hogares en 2010. En abril, la KAI había desalojado por la fuerza a cientos de ellos.
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