Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno
Goodluck Jonathan
Pena de muerte
retencionista
Población
162,5 millones
Esperanza de vida
51,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
137,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
60,8 por ciento

La situación de los derechos humanos en Nigeria se deterioró. Cientos de personas murieron por la violencia sectaria, comunitaria y de motivación política en todo el país, especialmente después de las elecciones de abril. Aumentaron los ataques violentos atribuidos a la secta religiosa Boko Haram, que causaron la muerte de más de 500 personas. La policía fue responsable de cientos de homicidios ilegítimos, la mayoría de los cuales continuaban sin investigarse. El sistema de justicia seguía siendo ineficaz. Aproximadamente dos tercios de las personas recluidas en las cárceles estaban todavía en espera de juicio. Había 982 personas condenadas a muerte. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. Continuaron los desalojos forzosos en todo el país, y la violencia contra las mujeres seguía siendo un fenómeno muy extendido.

Información general

En abril, el presidente Goodluck Jonathan fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales del país. Se produjeron a continuación ataques violentos y disturbios, que se saldaron con la muerte de cientos de personas. El presidente sancionó la entrada en vigor de varios proyectos de ley, como la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en febrero, la Ley sobre Libertad de Información en mayo y la Ley de Asistencia Letrada y la Ley sobre Terrorismo en junio.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le otorgó poder para investigar las violaciones de derechos humanos y visitar las comisarías de policía y otros lugares de detención. Sin embargo, al terminar el año no se le habían asignado fondos.

La corrupción seguía siendo endémica. En noviembre, el presidente, sin dar explicaciones, destituyó a la presidenta de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, seis meses antes de la fecha prevista para la conclusión de su mandato. También aprobó un aumento de 12.500 nairas (76 dólares estadounidenses) en el salario mínimo mensual, que pasó a ser de 18.000 nairas (117 dólares). Seguía habiendo 1,3 millones de personas en situación de desplazamiento interno en todo el país.

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Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas

Las operaciones policiales seguían caracterizándose por las violaciones de derechos humanos. Cientos de personas fueron víctimas de homicidios ilegítimos, en muchos casos antes de ser detenidas o durante su arresto en la calle. Otras murieron por tortura mientras estaban bajo custodia policial. Muchos de estos homicidios ilegítimos podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales. Muchas personas desaparecieron mientras estaban bajo custodia policial. Pocos policías rindieron cuentas, por lo que los familiares de las personas muertas o desaparecidas quedaron sin justicia. Con creciente frecuencia, la policía vestía de civil o uniformes sin identificación, lo que hacía mucho más difícil la presentación de denuncias contra agentes concretos.

  • El 19 de abril, la policía detuvo a Chibuike Orduku en su domicilio de Ubinini, estado de Rivers, y lo recluyó junto con tres hombres no identificados. Chibuike Orduku fue visto por última vez el 5 de mayo por su hermana, a quien informó de que lo habían torturado y le habían negado el agua y la comida. Seguía sin conocerse el paradero de los cuatro detenidos.
  • El 2 de noviembre, unos policías del Escuadrón de Operaciones Rápidas de Port Harcourt mató a tres hombres en Abonnema Wharf y detuvo a otros cuatro. Dos quedaron en libertad más tarde, mientras que los otros dos ingresaron en prisión preventiva. Según testigos presenciales, en la comunidad no se había producido ningún desorden antes de que llegara la policía. Y ésta se negó a entregar los cadáveres de los tres hombres a sus familiares para su entierro. Al terminar el año no se había llevado a cabo ninguna investigación.

Las fuerzas especiales, entre ellas la Unidad Especial Antirrobos (SARS) y el Escuadrón de Operaciones Rápidas (SOS), cometieron una amplia variedad de violaciones de derechos humanos. A principios de 2011, el gobierno del estado de Bayelsa puso en marcha la Operación Famou Tangbe –“matar y desechar” en la lengua local– para combatir la delincuencia. Según la información recibida, muchos agentes vinculados a la operación cometieron homicidios ilegítimos, tortura, detenciones arbitrarias y reclusiones, y las personas detenidas no tenían acceso a abogados ni familiares.

  • El 22 de febrero, Dietemepreye Ezonasa, estudiante de 22 años, fue detenido en el marco de la Operación Famou Tangbe y llevado a una comisaría de policía. El 27 de febrero, la policía negó que estuviera bajo su custodia. Seguía sin conocerse su paradero desde entonces.
  • El 11 de mayo, Tochukwu Ozokwu, de 25 años, fue detenido en el marco de la Operación Famou Tangbe. Al día siguiente, la policía le dijo que saltara a un río o le dispararían. No sabía nadar y se ahogó. No se llevó a cabo investigación alguna.

En septiembre, el gobierno federal interrumpió la Operación Famou Tangbe. Seguían sin investigarse las violaciones de derechos humanos cometidas mientras estuvo en vigor.

La policía desobedecía con frecuencia las órdenes de los tribunales.

  • La policía se negó a poner en libertad a Mallam Aliyu Tasheku, presunto miembro de Boko Haram, tras haberle concedido un tribunal la libertad bajo fianza el 28 de marzo. Quedó en libertad finalmente en julio.
  • La policía seguía sin presentar a Chika Ibeku –desaparecido cuando estaba bajo custodia policial en abril de 2009– más de un año después de que un tribunal ordenase su comparecencia ante el tribunal.

La mayoría de los casos seguían impunes y sin investigar. Algunos familiares recibieron amenazas cuando trataron de obtener justicia.

  • Catherine Akor siguió recibiendo amenazas de muerte tras interponer una demanda contra la policía por el homicidio ilegítimo, cometido en junio de 2009, de su hijo, Michael Akor, y un amigo de éste, Michael Igwe.
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Tortura y otros malos tratos

Se recibieron constantes noticias según las cuales la policía torturaba de manera habitual a las personas detenidas para obtener información. Las confesiones obtenidas mediante tortura se usaban como prueba en los tribunales, práctica que violaba la legislación nacional y las normas internacionales.

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Boko Haram

Aumentaron los ataques violentos cometidos por presuntos miembros de la secta religiosa Boko Haram, que causaron la muerte de más de 500 personas y que en muchos casos iban dirigidos contra agentes policiales y funcionarios públicos. Desde junio se perpetraron ataques contra bares y cervecerías al aire libre en el norte de Nigeria, en los que decenas de personas perdieron la vida. La situación se deterioró a finales del año y todas las semanas se tenía noticia de atentados con bombas y de ataques. El 31 de diciembre, el presidente declaró el estado de excepción en algunas zonas de los estados de Borno, Níger, Plateau y Yobe.

  • El 16 de junio, una bomba explotó en el estacionamiento de la jefatura de la Fuerza de Policía de Nigeria. Mató al menos a tres personas.
  • El 28 de agosto, Boko Haram cometió un atentado con explosivos contra el edificio de la ONU en Abuja; murieron 24 personas y al menos 80 resultaron heridas.
  • El 4 de noviembre, al menos 100 personas murieron en atentados con bombas en Damaturu, capital del estado de Yobe.
  • El 25 de diciembre, al menos 44 personas murieron en cuatro atentados con bombas; otras 37 personas murieron y más de 50 resultaron heridas cuando Boko Haram atentó con explosivos contra una iglesia en Madalla, estado de Níger. En Jos, estado de Plateau, y en Damaturu, otras 7 personas murieron tras la explosión de bombas.

Como respuesta a la violencia, en junio el gobierno federal estableció una Fuerza Militar Conjunta en Maiduguri, integrada por el ejército, la armada, la fuerza aérea, el Departamento de Seguridad del Estado y la Fuerza de Policía de Nigeria. Aumentaron posteriormente las noticias según las cuales las fuerzas de seguridad recurrían en el estado de Borno a homicidios ilegítimos, detenciones masivas, reclusiones arbitrarias e ilegítimas, extorsión e intimidación. Se detuvo a cientos de personas. El 25 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria expresó su preocupación por las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en el norte del país.

  • El 9 de julio, la Fuerza Militar Conjunta acordonó la zona de Kaleri Ngomari Custain, en Maiduguri, después de un atentado con bomba de Boko Haram. Yendo de casa en casa, mataron a tiros a un mínimo de 25 personas, según la información recibida. Se denunció la desaparición de muchos hombres y niños. La Fuerza Militar Conjunta también incendió varias casas, obligando a sus ocupantes a huir. Al menos 45 personas resultaron heridas, según los informes recibidos. Al parecer, las fuerzas de seguridad también violaron a mujeres.
  • El 20 de marzo, Sa’adatu Umar fue detenida en Bauchi y recluida con sus tres hijos, todos menores de 6 años. No se la acusó formalmente de ningún delito y estuvo recluida de manera ilegítima durante varios meses, según los informes porque su esposo era un presunto miembro de Boko Haram. El 17 de octubre, un tribunal ordenó a la policía que pusiera en libertad a Sa’adatu Umar y a sus hijos y le pagara un millón de nairas (unos 6.200 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios.

El gobierno no hizo públicas las conclusiones de un informe sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en julio de 2009 entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad, en los que murieron más de 800 personas, entre ellas 24 agentes de policía y el líder de Boko Haram, Muhammad Yusuf. En julio, cinco agentes de policía sospechosos de ejecutar de manera extrajudicial a Muhammad Yusuf fueron acusados formalmente de su asesinato y se ordenó su reclusión.

En septiembre se presentó al presidente un informe del Comité Presidencial sobre Desafíos de Seguridad en la Zona Nororiental, pero su contenido no se hizo público. El senador Ali Ndume, representante de Borno-Sur y miembro del Comité, fue detenido en noviembre y acusado formalmente en virtud de la Ley sobre Terrorismo de ocultar información y de proporcionar información a un grupo terrorista. Quedó en libertad bajo fianza en diciembre.

  • El 17 de septiembre mataron a Mallam Babakura Fugu, cuñado de Muhammad Yusuf. No se llevó a cabo investigación alguna ni se puso a nadie a disposición de la justicia.

Al terminar el año no se había celebrado la vista del recurso presentado por la policía contra el fallo dictado por el Tribunal Superior del estado de Borno en abril de 2010 que le ordenaba pagar una indemnización a los familiares del padre de Mallam Babakura Fugu, Alhaji Baba Fugu, ejecutado extrajudicialmente en 2009 cuando estaba bajo custodia policial.

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Violencia entre comunidades

Continuó durante todo el año la violencia comunitaria y sectaria en la zona central de Nigeria. La ausencia de medidas de las autoridades para impedir la violencia y proteger el derecho de las personas a la vida hizo que la violencia se intensificara. Sólo en el estado de Plateau murieron más de 200 personas en enfrentamientos relacionados con antiguas tensiones y conflictos sobre la tierra entre diferentes grupos étnicos. El 18 de enero, según se tuvo noticia, el jefe de la Fuerza Militar Conjunta del estado de Plateau ordenó a los soldados disparar sin previo aviso.

Cientos de personas murieron a consecuencia de la violencia por motivos políticos en todo el país antes, durante y después de las elecciones parlamentarias, presidenciales y estatales que se celebraron en abril. También tuvieron lugar amenazas y actos de intimidación por motivos políticos. No se hizo público el informe del Comité Presidencial sobre la Violencia Postelectoral, presentado al presidente en octubre. El presidente del Comité destacó el clima de impunidad de Nigeria como una de las causas principales.

  • Cientos de personas murieron en disturbios y ataques violentos en el norte y el centro de Nigeria tras las elecciones presidenciales. Según el inspector general de la Policía, sólo en los estados de Kaduna y Níger murieron 520 personas.
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Impunidad

Decenas de personas fueron detenidas en redadas por la policía y las fuerzas de seguridad en relación con la violencia en curso en el norte de Nigeria, pero pocas fueron enjuiciadas o condenadas. Según los informes, las comisiones de investigación anteriores sobre la violencia en el estado de Plateau dieron los nombres de presuntos responsables, pero no se abrieron investigaciones criminales durante el año.

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Sistema de justicia

El sistema de justicia penal de Nigeria seguía careciendo de recursos suficientes, estaba asolado por la corrupción y, en general, despertaba desconfianza. Cuando se llevaban a cabo investigaciones, a menudo eran superficiales y no basadas en la información. Las fuerzas de seguridad recurrían con frecuencia a detenciones masivas en lugar de detenciones individuales basadas en sospechas razonables. Los detenidos eran sometidos habitualmente a trato inhumano y degradante bajo custodia.

Los procesos judiciales eran lentos y, en consecuencia, la mayoría de los reclusos permanecían en prolongada detención previa al juicio en condiciones atroces. El 70 por ciento de las 48.000 personas recluidas en las cárceles de Nigeria no habían sido juzgadas. Muchas llevaban años en espera de juicio. Pocas podían pagarse un abogado.

En agosto, el gobierno federal estableció un Comité sobre la Implementación de Reformas en el Sector de la Justicia, cuyo cometido era redactar disposiciones legales, directrices y recomendaciones e implementarlas en el plazo de 24 meses.

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Pena de muerte

Se condenó a muerte a 72 personas. Había 982 personas en espera de ejecución, entre ellas 16 mujeres. Se conmutaron 55 condenas, y 11 personas fueron indultadas. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. Muchos de los reclusos en espera de ejecución habían sido condenados en juicios manifiestamente injustos o después de pasar más de 10 años en prisión preventiva.

En junio se amplió el alcance de la pena de muerte para incluir el apoyo al terrorismo con resultado de muerte. Las disposiciones en virtud de la Ley sobre Terrorismo eran imprecisas, demasiado amplias y entraban en contradicción con las normas de derechos humanos relativas al proceso debido, la privación legítima de libertad y el juicio con garantías.

En octubre, Mohammed Bello Adoke, fiscal general de la Federación y ministro de Justicia, afirmó que Nigeria había introducido una suspensión oficial de las ejecuciones. Sin embargo, la confirmación de estas palabras no apareció en ningún boletín oficial.

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Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos en todo el país, sin consulta auténtica con las personas afectadas, aviso adecuado, indemnización ni alojamiento alternativo. Más de 200.000 personas seguían viviendo en peligro de ser desalojadas forzosamente de sus comunidades ribereñas de Port Harcourt, estado de Rivers.

  • El 25 de junio, cientos de personas fueron desalojadas por la fuerza y al menos una persona resultó muerta cuando la Unidad Especial de Saneamiento Medioambiental, acompañada por policías armados y soldados, quemó construcciones del asentamiento y el mercado de Panteka, en el Territorio de la Capital Federal. Según la información recibida, la policía hizo disparos al aire, prendió fuego a edificios y detuvo a personas que intentaban escapar. Los residentes afirmaron que no se les había avisado con antelación de la operación.
  • No se llevaron a cabo investigaciones sobre la muerte por disparos en 2009 de al menos 12 personas en la zona ribereña de Bundu, Port Harcourt, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra personas que protestaban pacíficamente por la demolición propuesta de sus viviendas.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia intrafamiliar, la violación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres y niñas cometidas por funcionarios del Estado y particulares seguían siendo fenómenos muy extendidos. Las autoridades se abstenían sistemáticamente de prevenir y abordar la violencia sexual y de hacer rendir cuentas a los autores.

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Derechos de la infancia

De los 36 estados de Nigeria, 12 no habían aprobado la Ley de Derechos de la Infancia. Con frecuencia, la policía detenía y recluía de manera ilegítima a menores de edad, entre ellos los que vivían en la calle y otros niños vulnerables. Los menores de edad seguían siendo recluidos junto con adultos en los calabozos policiales y en las cárceles. Sólo funcionaba un centro tutelar de menores en el país, que continuaba abarrotado.

No se llevó a cabo ninguna investigación sobre el enfrentamiento violento que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2009 en Bauchi, en el que 22 niños perdieron la vida. Según la información recibida, muchas de las víctimas murieron por disparos de la policía.

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Libertad de expresión

Se conoció la existencia de constantes casos de intimidación y ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, algunos de los cuales sufrieron amenazas, palizas o detención a manos de la policía y las fuerzas de seguridad. Los políticos utilizaban cada vez más su influencia para conseguir la detención de personas que criticaban a las autoridades.

  • En enero, Patrick Naagbanton, coordinador de la ONG nigeriana de derechos humanos Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHRD), recibió múltiples amenazas de muerte.
  • El 9 de noviembre, Justine Ijeoma, director de la ONG Fundación para los Derechos Humanos, el Desarrollo Social y el Medio Ambiente (Hursdef), fue detenido tras intervenir para impedir que un policía golpeara a una mujer. Quedó en libertad tras permanecer varias horas recluido. Tanto él como el personal de la organización habían recibido amenazas de la policía durante todo el año.
  • En octubre, Osmond Ugwu, defensor de los derechos humanos del estado de Enugu, y Raphael Elobuike fueron detenidos en una reunión sindical pacífica en Enugu después de hacer campaña por la aplicación del salario mínimo. Más tarde fueron acusados de conspiración para asesinar e intento de asesinato. En diciembre, el fiscal general compareció ante un tribunal para oponerse personalmente a la solicitud de libertad bajo fianza. El juez aplazó hasta enero de 2012 su fallo sobre dicha libertad.
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Delta del Níger

A pesar de la amnistía presidencial concedida en 2009 a los miembros de grupos armados, las bandas armadas seguían secuestrando a trabajadores del sector petrolero y atacando instalaciones petrolíferas. Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, seguían cometiendo violaciones de derechos humanos.

  • No se llevó a cabo investigación alguna sobre el asalto de la comunidad de Ayokoromo por la Fuerza Militar Conjunta en 2010, en el que murieron hasta 51 personas, entre ellas niños y niñas, y se quemaron al menos 120 viviendas.

La contaminación y los daños ambientales causados por la industria del petróleo seguían teniendo graves efectos sobre la vida y los medios de sustento de la población. Sin embargo, las comunidades afectadas seguían careciendo de acceso a información fundamental sobre el impacto de la industria del petróleo en la zona.

El cumplimiento de las leyes y normas ambientales era deficiente, debido en parte a que los organismos del gobierno estaban comprometidos por conflictos de intereses.

  • La comunidad de Bodo presentó una demanda contra Shell Petroleum Development Company ante el Tribunal Superior de Reino Unido, para solicitar una indemnización y una limpieza después de dos importantes vertidos ocurridos en 2008.
  • En agosto, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) reveló los devastadores efectos humanos y ambientales de décadas de vertidos de petróleo en Ogonilandia. El PNUMA reveló que la contaminación era generalizada y grave, y afirmó que la población del delta del Níger llevaba decenios expuesta a ella.
  • El 20 de diciembre, en la plataforma petrolífera de Shell en Bonga, se produjo un vertido de crudo – según Shell, de “menos de 40.000 barriles”– que se derramó en el océano Atlántico.
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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Continuaron los abusos contra los derechos humanos de personas sospechosas de mantener relaciones con personas del mismo sexo o de tener una identidad de género no convencional. En diciembre, el Senado aprobó un proyecto de ley que impondría penas de 14 años de cárcel por contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Toda persona o grupo que “sea testigo o colabore en la formalización de un matrimonio o unión entre personas del mismo sexo” o que “apoye” a grupos, “desfiles o reuniones” gays, podría ser condenada a 10 años de prisión. La misma condena se aplicaría a la “manifestación pública de relación amorosa entre personas del mismo sexo” y a toda persona que inscribiese clubes y organizaciones gays para proteger los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

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