Se agredió o detuvo a varios autores de blogs que habían criticado al gobierno. Se suprimió el Tribunal de Seguridad del Estado y entró en vigor una nueva ley encaminada a combatir la financiación del terrorismo. No se tuvo noticia de que se impusieran penas de muerte ni de que se llevaran a cabo ejecuciones.
En enero, el sultán nombró a los 14 miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por decreto en 2008. La Comisión estaba vinculada a la Cámara Alta (Majlis al Dawla) de la Asamblea Legislativa, pero su mandato establecía que debía actuar con independencia.
En diciembre, Omán se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.
ArribaEl gobierno mantuvo las severas restricciones impuestas a la libertad de expresión. Al parecer, se persiguió y atacó a varios autores de blogs por criticar al gobierno. En enero, sin embargo, se suspendieron indefinidamente las actuaciones judiciales iniciadas contra el periodista Asim al Sheedi, acusado de difamación tras haber publicado un artículo en diciembre de 2009 en el que denunciaba casos de corrupción policial.
En junio se promulgó la Ley para Combatir el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. La Ley caracterizaba el delito de financiación del terrorismo en términos muy amplios, pues lo definía como la financiación de “actos, delitos y organizaciones terroristas” y la “comisión de todo acto tipificado como delito en los correspondientes tratados y convenios” suscritos por Omán. Sin embargo, no especificaba cuáles eran estos tratados y convenios. Exigía también a los abogados que facilitaran a las autoridades información sobre sus clientes si sospechaban que habían perpetrado delitos recogidos en esa ley, lo que vulneraba el principio de confidencialidad entre abogado y cliente.
ArribaAl menos cinco personas pertenecientes a las tribus Aal Tawayya y Aal Khalifaya continuaron sin poder acceder en condiciones de igualdad a sus derechos sociales y económicos debido a la decisión adoptada en 2006 por el Ministerio del Interior de cambiar los nombres de estas tribus por los de “Awlad Tawayya” y “Awlad Khalifayn” para subordinarlas a la de Al Harithi. En la práctica, esta medida reducía la condición de estas personas a la de akhdam (sirvientes) de la tribu Al Harithi. El gobierno afirmó que había atendido las quejas de las tribus, pero algunos miembros de ellas tenían todavía problemas para renovar sus documentos de identidad, necesarios para registrar negocios, conseguir documentación de viaje y resolver asuntos como divorcios y cuestiones de herencia.
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