Pakistán
Jefe del Estado
Asif Ali Zardari
Jefe del gobierno
Yousuf Raza Gilani
Pena de muerte
retencionista
Población
184,8 millones
Esperanza de vida
67,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
85/94 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
53,7 por ciento

Graves inundaciones desplazaron a millones de paquistaníes, que sufrieron falta de alimentos, atención médica y albergue. Los grupos insurgentes cometieron homicidios ilegítimos en el Noroeste y en Baluchistán, zonas muy afectadas por el conflicto. Infligieron castigos crueles a civiles y perpetraron atentados suicidas mortales en las principales ciudades, causando cientos de muertos y heridos en la población civil. El conflicto del noroeste de Pakistán desplazó a más de 2 millones de personas. Las torturas, las muertes bajo custodia, los homicidios en nombre del “honor” y la violencia intrafamiliar persistieron, a pesar de nuevos compromisos internacionales de salvaguardar derechos. Miembros de las fuerzas armadas siguieron deteniendo arbitrariamente a civiles, que en algunos casos fueron víctimas de ejecución extrajudicial. Aumentaron los casos de desaparición forzada, sobre todo en Baluchistán, donde muchas de las víctimas aparecieron sin vida, y siguieron sin resolverse casos anteriores. La violencia contra las minorías religiosas se intensificó sin que el gobierno impidiera los ataques ni castigara a los autores. Continuó la moratoria no oficial de las ejecuciones, no obstante lo cual fueron condenadas a muerte más de 300 personas.

Información general

Unas inundaciones que comenzaron en el noroeste de Pakistán en julio causaron la muerte de casi 2.000 personas y afectaron directamente a más de 20 millones. Esta aguda crisis humanitaria agravó el sufrimiento de quienes ya estaban desplazados por el conflicto. El ejército paquistaní había expulsado a las fuerzas talibanes del valle de Swat y del Waziristán Meridional en 2009, y en 2010 las expulsó también de las agencias de Bajaur y Orakzai. A pesar de los éxitos en el campo de batalla, las autoridades militares y civiles no abordaron las causas subyacentes del conflicto. No hicieron nada para paliar el significativo subdesarrollo de la zona, pues no reconstruyeron infraestructura básica, como escuelas, ni atendieron el restablecimiento de los negocios. La ayuda humanitaria para las personas desplazadas seguía siendo insuficiente. En las zonas de conflicto se impidió actuar con eficacia a las organizaciones humanitarias y a los observadores independientes.

En 2010 se duplicaron con creces –hasta alcanzar la cifra de 118, según informes– los ataques de vehículos aéreos estadounidenses no tripulados contra presuntos insurgentes de Al Qaeda y talibanes en las regiones fronterizas de Pakistán, lo que intensificó los sentimientos antiestadounidenses en la población.

El 24 de marzo Pakistán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura con amplias reservas. No se adoptó ninguna medida para incorporar estos compromisos internacionales a la legislación nacional.

En abril, la decimoctava enmienda constitucional puso fin a la facultad del presidente de disolver el Parlamento, introdujo el derecho de los ciudadanos a la libertad de información, mejoró la autonomía de las provincias y obligó a éstas a dar educación gratuita a todos los niños y niñas.

En octubre, Asma Jahangir, destacada defensora de los derechos humanos, fue elegida presidenta del Colegio de Abogados Acreditados ante el Tribunal Supremo. Era la primera mujer que ocupaba este cargo.

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Violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad

Centenares de civiles perdieron la vida en las operaciones realizadas por el ejército contra los insurgentes en el Noroeste. Decenas de presuntos insurgentes murieron a manos de lashkars, milicias tribales auspiciadas por el ejército, pero sin adiestramiento ni supervisión adecuados.

  • El 8 de marzo, una lashkar incendió 130 viviendas de presuntos talibanes en la agencia de Bajaur.

Ejecuciones extrajudiciales

Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a presuntos miembros de grupos armados en el Noroeste y en Baluchistán, casi siempre con impunidad. La ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán informó del hallazgo de 282 cadáveres de presuntos insurgentes en el tiempo transcurrido entre el final de las operaciones militares en el valle de Swat, en julio de 2009, y mayo de 2010. Los habitantes de la zona atribuían estas muertes a las fuerzas de seguridad. Varios activistas que hacían campaña contra las desapariciones forzadas en Baluchistán fueron a su vez víctimas de desaparición forzada y asesinados.

  • El 14 de julio, el abogado del Tribunal Supremo y ex senador Habib Jalil Baloch murió abatido a tiros en el distrito de Quetta. Reivindicó la responsabilidad del asesinato el Grupo Baluchi de Defensa Armada, presuntamente auspiciado por las fuerzas de seguridad paquistaníes.
  • A finales de octubre se hallaron los cadáveres de Mohammad Khan Zohaib y Abdul Majeed. Ambos tenían 14 años y habían muerto por disparos, según informes tras ser detenidos por miembros del Cuerpo de Fronteras en octubre y julio, respectivamente, en la población de Khuzdar, Baluchistán.
  • Faqir Mohammad Baloch, miembro de Voz para las Personas Baluchis Desaparecidas, fue secuestrado el 23 de septiembre. Su cadáver, que presentaba una herida de bala y señales de tortura, fue encontrado en el distrito de Mastung el 21 de octubre.
  • El 5 de septiembre fue hallado en Mastung el cadáver mutilado del abogado de 38 años Zaman Marri, que había desaparecido el 19 de agosto en Quetta. Zaman Marri había representado a su primo Ali Ahmed Marri, aprehendido por unos hombres vestidos de civil el 7 de abril y cuyo cuerpo apareció el 11 de septiembre en la misma zona.

Abusos cometidos por grupos armados

En el Noroeste, los grupos armados infligieron castigos crueles e inhumanos, atacaron a la población civil y destruyeron estructuras civiles, incluidas escuelas.

  • El 19 de febrero, en la población de Dabori, Orakzai, los talibanes paquistaníes amputaron públicamente las manos a cinco hombres a quienes habían acusado de robo.
  • En mayo, los talibanes ejecutaron en público a un hombre en la población de Miramshah, Waziristán Septentrional, tras acusarlo de asesinar a dos hermanos y “condenarlo” ilegítimamente en un tribunal improvisado.
  • A finales de octubre, los talibanes flagelaron públicamente a 65 presuntos narcotraficantes en la población de Mamozai, agencia de Orakzai.

Los grupos armados antigubernamentales mataron o hirieron a miles de civiles en atentados suicidas con bomba y ataques selectivos.

  • El 17 de abril, unos atacantes suicidas mataron con explosivos a 41 desplazados que hacían cola para recibir ayuda humanitaria en la población de Kohat, provincia de Khyber Pakhtunkhwa.
  • El 20 de mayo, los talibanes de Waziristán Septentrional ataron unos explosivos a dos hombres de quienes sospechaban que pasaban información a Estados Unidos y los hicieron estallar en público.
  • El 14 de agosto mataron a 17 punyabíes en el distrito de Quetta. El Ejército de Liberación de Baluchistán declaró que se había hecho esto como represalia por las desapariciones y asesinatos perpetrados en Baluchistán.
  • El 2 de octubre, Mohammad Farooq Khan –médico, ulema y educador– y su socio murieron abatidos a tiros en la ciudad de Mardan. Los talibanes reivindicaron la acción. Mohammad Farooq Khan había declarado públicamente que los atentados suicidas con bomba eran contrarios al islam.
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Detención y reclusión arbitrarias

Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, entre 1.000 y 2.600 personas, entre ellas menores de edad relacionados con presuntos insurgentes, seguían bajo custodia militar tras las operaciones de búsqueda y militares de Swat, provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

  • Un consejo tribal de ancianos exigió que las familias de los talibanes de Swat entregaran a éstos antes del 20 de mayo so pena de expulsión. Como consecuencia, 130 familiares de presuntos talibanes fueron puestos bajo “custodia de protección” en un campo vigilado por el ejército en la zona de Palai, Swat.
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Tortura y otros malos tratos

La policía torturó e infligió otros malos tratos a personas bajo su custodia. No adoptó medidas suficientes para proteger a personas de la violencia de multitudes y en algunos casos actuó aparentemente en connivencia con éstas.

  • El 1 de marzo, dos hombres acusados de robo fueron filmados cuando estaban bajo custodia de la policía mientras ésta los flagelaba en una comisaría de la ciudad de Chiniot, provincia de Punyab. Tras la emisión de las imágenes en la televisión nacional fueron detenidos cinco policías. Sus casos estaban pendientes.
  • El 15 de agosto, dos hermanos acusados de robo –Hafiz Mohammad Mughees Sajjad, de 17 años, y Mohammad Muneeb Sajjad, de 15– murieron linchados por una multitud en la ciudad de Sialkot, Punyab. El incidente fue filmado. Una investigación judicial concluyó que los menores eran inocentes y que los policías presentes en el lugar no habían impedido el linchamiento.
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Desapariciones forzadas

En marzo, una comisión de tres miembros creada por el Tribunal Supremo comenzó a estudiar los casos de desaparición forzada. Su mandato incluía recabar datos de personas liberadas e investigar el papel de las agencias de inteligencia. Concluyó su labor el 31 de diciembre y presentó sus conclusiones y recomendaciones al gobierno federal. El informe de la comisión estaba clasificado como secreto al finalizar el año.

Había centenares de hombres en paradero desconocido, aparentemente tras haber estado bajo la custodia de los servicios de inteligencia o del ejército. La mayoría de los casos se produjeron en Baluchistán. Cientos de peticiones de hábeas corpus seguían pendientes de ejecución en los tribunales superiores provinciales, pero los servicios de inteligencia se negaban a acatar las órdenes judiciales. Algunas familias de personas desaparecidas recibieron amenazas por hablar sobre ellas.

  • Se ignoraba el paradero de dos miembros del Frente Nacional Baluchi, Mahboob Ali Wadela y Mir Bohair Bangulzai. El primero fue aprehendido el 2 de abril por la policía de Maripur en un autobús en el barrio de Yousuf Goth de la ciudad de Karachi; Mir Bohair Bangulzai fue detenido el 1 de abril por unos policías uniformados cuando estaba en su vehículo en Quetta. La policía de Maripur y la de Quetta se negaron a registrar la denuncia de los familiares de ambos hombres.
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Libertad de expresión

Agentes del Estado y miembros de grupos armados antigubernamentales hostigaron, maltrataron y mataron a periodistas. Los agentes estatales no protegían a los periodistas de los ataques de los grupos armados: fueron víctimas de homicidio 19 trabajadores de medios de comunicación, lo que convirtió a Pakistán en el país más peligroso para estos profesionales en 2010, según el Sindicato Federal de Periodistas de Pakistán y el Comité para la Protección de los Periodistas. Las autoridades bloquearon algunos sitios web de noticias.

  • Umar Cheema, periodista de The News, denunció que el 4 de septiembre un grupo de personas lo habían secuestrado y retenido durante seis horas. Se lo llevaron con los ojos vendados a las afueras de la capital, Islamabad, lo desnudaron, lo colgaron boca abajo y lo golpearon. Sus agresores le advirtieron de que no criticara al gobierno. El primer ministro Gilani ordenó una investigación judicial, y el Tribunal Superior de Lahore abrió de oficio un procedimiento sobre el caso, pero al finalizar el año nadie había respondido de los hechos.
  • Misri Khan Orakzai, de 50 años, periodista del Daily Ausaf en la ciudad de Hangu, provincia de Khyber Pakhtunkhwa, murió por disparos de unos desconocidos el 13 de septiembre después de haber recibido varias amenazas de muerte de los insurgentes.
  • El 8 de noviembre, la Autoridad de Telecomunicaciones paquistaní bloqueó el sitio web de noticias Baloch Hal por la presunta publicación de material “antipaquistaní”. El sitio informaba de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas.
  • El 18 de noviembre aparecieron en la ciudad de Turbat, Baluchistán, los cadáveres de Abdul Hameed Hayatan, periodista del Daily Karachi y de Tawar, y Hamid Ismail. Ambos habían sido detenidos en un control de las fuerzas de seguridad cerca de la ciudad de Gwadar el 25 de octubre y se desconocía su paradero desde esa fecha. Los cuerpos presentaban señales de tortura. Junto a ellos se encontró un mensaje que decía: “Regalo de Eid para el pueblo baluchi”.
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Discriminación: minorías religiosas

El Estado no impidió ni enjuició la discriminación, el hostigamiento y la violencia contra las minorías religiosas, que afectó de forma creciente también a los musulmanes suníes moderados. Se agredió y mató a ahmadíes, chiíes y cristianos en claros ataques de violencia interreligiosa. Según informes, grupos religiosos vinculados a los talibanes atacaron impunemente a chiíes, ahmadíes y sufíes. Se siguieron aplicando las leyes sobre la blasfemia contra ahmadíes y cristianos, así como contra musulmanes chiíes y suníes.

  • El 28 de mayo, 93 miembros de la comunidad ahmadí murieron y 150 resultaron heridos en atentados cometidos contra dos mezquitas ahmadíes de Lahore. El gobierno provincial había hecho caso omiso de las peticiones de mejora de la seguridad realizadas tras haberse recibido amenazas de grupos armados. El 31 de mayo, unos hombres armados irrumpieron en el hospital donde recibían tratamiento las víctimas y mataron a seis personas más, algunas de las cuales trabajaban en el centro.
  • El 1 de julio, 42 personas murieron y 175 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba contra el santuario sufí de Data Darbar, en la ciudad de Lahore.
  • El 1 de septiembre, al menos 54 fieles chiíes murieron y unos 280 resultaron heridos en el ataque de un comando suicida contra una procesión en Lahore.
  • El 3 de septiembre, un atentado suicida causó la muerte de al menos 65 personas en una concentración de chiíes en Quetta y dejó heridas a otras 150; los talibanes reivindicaron la responsabilidad del atentado.

Persistió el uso abusivo de las leyes sobre la blasfemia. Al menos 67 ahmadíes, 17 cristianos, 8 musulmanes y 6 hindúes fueron acusados formalmente de blasfemia, y varios casos se desestimaron tras acusaciones discutibles o investigaciones inadecuadas de las autoridades, según la Comisión Nacional de Justicia y Paz.

  • El 8 de noviembre, Aasia Bibi, cristiana de 45 años y madre de cinco hijos, fue acusada formalmente de blasfemia y condenada a muerte en un juicio injusto. Había tenido un altercado con otras mujeres de su localidad que consideraban “impuro” el recipiente en el que transportaba agua. La policía la había salvado de la violencia multitudinaria que se había desencadenado posteriormente, pero Aasia Bibi había sido detenida el 19 de junio de 2009. Había un recurso de apelación pendiente.

El Estado no protegió de ataques posteriores a varias personas contra las que se habían presentado cargos de blasfemia.

  • El 19 de julio, dos hermanos cristianos –Rashid, pastor protestante de 32 años, y Sajid Emanuel, de 27– contra quienes se habían presentado cargos de blasfemia, murieron abatidos a tiros delante de un tribunal en la ciudad de Faisalabad. La policía no los protegió adecuadamente a pesar de que habían recibido amenazas de muerte creíbles.
  • El 11 de noviembre, Imran Latif, de 22 años, murió abatido por disparos en Lahore tras haber quedado en libertad bajo fianza el 3 de noviembre. El tribunal había encontrado pocas pruebas que corroboraran el cargo de blasfemia formulado contra él cinco años antes.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia de género –incluidas violaciones, matrimonios forzados, homicidios en nombre del “honor”, agresiones con ácido y otras formas de violencia en el ámbito familiar– se cometía impunemente, pues la policía era reacia a registrar e investigar las denuncias. Según la línea de ayuda telefónica Madadgaar, a finales de noviembre habían sido asesinadas 1.195 mujeres, 98 de las cuales habían sido violadas antes de su muerte. Las cifras de Madadgaar mostraban un total de 321 mujeres violadas y 194 violadas en grupo.

El 22 de diciembre, el Tribunal Federal de la sharia (ley islámica) decidió revocar varias disposiciones de la Ley de Protección de la Mujer de 2006. Con este fallo se trataba de restablecer unas disposiciones de la Ordenanza (islámica) Hudud de 1979 que eran sumamente discriminatorias para las mujeres.

  • El 29 de abril, tres hermanas –Fatima, de 20 años; Sakeena, de 14, y Saima, de 8– fueron desfiguradas por el ácido lanzado contra ellas en la población de Kalat, Baluchistán, aparentemente por desobedecer la prohibición de salir de casa sin un acompañante varón.
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Pena de muerte

Continuó la moratoria no oficial de las ejecuciones declarada a finales de 2008. Sin embargo, se impuso la pena de muerte a 356 personas, una de ellas menor de edad, en la mayoría de los casos por asesinato. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, había unas 8.000 personas condenadas a muerte.

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