Panamá
Jefe del Estado y del gobierno
Ricardo Martinelli
Pena de muerte
abolicionista
Población
3,5 millones
Esperanza de vida
76 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
27/20 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
93,5 por ciento

La violencia contra las mujeres y la discriminación de comunidades indígenas y afropanameñas suscitaron preocupación. Cuatro personas perdieron la vida en enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

Información general

En noviembre se evaluó el historial de derechos humanos de Panamá en virtud del examen periódico universal. Algunos de los motivos de preocupación expresados se centraban en la violencia contra las mujeres y la libertad de expresión.

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Libertad de reunión

En julio hubo protestas en la provincia de Bocas del Toro contra los cambios propuestos en la legislación laboral, que se consideraban contrarios a la actividad sindical y que agravaron las tensiones entre los trabajadores y el principal empleador, una empresa bananera. Las protestas duraron unas dos semanas y desembocaron en violencia entre la policía y los manifestantes. Cuatro manifestantes resultaron muertos y hubo varios centenares de heridos.

La comisión especial establecida por decreto presidencial para investigar los hechos concluyó en octubre que más de 56 agentes de policía y 700 manifestantes habían resultado heridos; 55 sufrían lesiones permanentes en los ojos como consecuencia del uso de gas lacrimógeno por parte de la policía. Concluyó además que, de los cuatro manifestantes fallecidos, dos habían muerto por heridas de arma de fuego y los otros dos por lesiones asociadas al empleo de gas lacrimógeno. La comisión recomendó incorporar a las directrices nacionales los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. También recomendó que las autoridades retiraran los cargos formulados contra unos 350 manifestantes por “delitos contra la seguridad interna del Estado”, pero que los actos de violencia no quedaran impunes. Al final del año nadie había sido acusado en relación con las muertes de los cuatro manifestantes.

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Violencia contra mujeres y niñas

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aplaudió el plan del gobierno para hacer frente a la violencia contra las mujeres, aplicado desde 2004, y algunas reformas de la legislación destinadas a incrementar la protección de las víctimas de la violencia intrafamiliar. También manifestó su preocupación por la elevada incidencia de casos de violencia contra las mujeres y por la falta de protección y apoyo adecuados a las víctimas, así como por la ausencia de campañas de sensibilización. En un informe entregado al Comité, el gobierno señalaba que, entre 2005 y 2009, la Fiscalía Especial de la Ciudad de Panamá había registrado 17.067 denuncias de violencia contra mujeres y 1.198 de violencia contra niñas.

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Derechos de los pueblos indígenas

En mayo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la persistencia de la discriminación racial y la marginación, el empobrecimiento y la indefensión de las comunidades indígenas y afropanameñas. Entre otras recomendaciones, el Comité instó a adoptar mecanismos adecuados que garantizasen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas por proyectos de desarrollo, a poner fin a los desalojos forzosos de estas comunidades y a promulgar legislación que prohibiese la discriminación racial.

  • En junio, los naso, comunidad indígena de 4.500 miembros de la provincia de Bocas del Toro, elevaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que denunciaban, entre otras cosas, que el Estado no les había otorgado el debido reconocimiento y en cambio había apoyado a los ganaderos responsables de llevar a cabo desalojos forzosos en 2009 con motivo de una disputa que persistía sobre la propiedad de la tierra.
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