Seguían siendo insuficientes las salvaguardias de los derechos humanos de los pueblos
indígenas, sobre todo en el contexto de los grandes proyectos de infraestructura construidos
en tierras indígenas. Suscitaron preocupación las restricciones a la libertad de expresión.
En diciembre, Francia extraditó al ex jefe de facto del Estado Manuel Noriega, que cumplía una pena de prisión por blanqueo de dinero.
En 2010, Manuel Noriega había terminado de cumplir en Estados Unidos una condena de
20 años por narcotráfico, blanqueo de dinero y delincuencia organizada. Durante este
tiempo fue juzgado y condenado in absentia por los tribunales panameños por la muerte de varios adversarios políticos –como el
mayor Moisés Giroldi Vera, muerto en octubre de 1989 tras liderar un golpe de Estado
fallido, y Hugo Spadafora, ex viceministro de Salud, muerto en 1985–, así como por
otros delitos, entre ellos el de detención ilegal. Estaba previsto que también fuera
juzgado por la desaparición forzada y ejecución en 1970 del sindicalista Heliodoro
Portugal. La participación de Noriega en muchas otras violaciones de derechos humanos
cometidas durante su gobierno y antes de él estaba aún sin investigar.
En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a Panamá a que mejorase la
protección de las mujeres y las niñas y, en concreto, a que combatiera la trata de
personas, la violencia en el ámbito familiar y la discriminación. El Consejo pidió
asimismo una investigación sobre los actos violentos ocurridos en julio de 2010 durante
las protestas de la provincia de Bocas del Toro, en los que murieron 4 manifestantes
y resultaron heridos 56 policías y al menos 700 manifestantes. Al finalizar el año
no había habido ningún avance en la implementación de estas recomendaciones.
La ausencia de consultas y la inexistencia de garantías de un consentimiento libre,
previo e informado por parte de los pueblos indígenas respecto a los proyectos de
desarrollo fueron motivo de preocupación.
Durante el año hubo protestas contra una ley de minería que facilitaba la realización
de nuevos proyectos mineros en las tierras tradicionales de los pueblos indígenas
sin incluir salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni garantizar una consulta
adecuada con las comunidades locales. En febrero, el relator especial de la ONU sobre
los pueblos indígenas pidió un diálogo entre el gobierno y los pueblos indígenas,
así como un proceso auténtico de consulta sobre el proyecto de ley. La ley se aprobó
en febrero, pero fue revocada en marzo tras las protestas en la capital. En octubre
se presentó un nuevo proyecto de ley, que suscitaba preocupación por su posible impacto
negativo en las comunidades indígenas. Al finalizar el año aún no se había aprobado.
En mayo comenzó la inundación de tierras en el distrito de Changuinola, provincia
de Bocas del Toro, para construir la represa de Chan-75, en medio de denuncias de
que no se había consultado con los indígenas ngöbe que vivían en la zona afectada.
Cuando se inició la inundación, algunos miembros de la comunidad ngöbe vivían todavía
en sus casas y mantenían negociaciones sobre su reubicación.
Dos periodistas que habían criticado la política gubernamental fueron expulsados del
país. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por los casos
de intimidación a la prensa y pidió a las autoridades que no ejercieran una presión
política indebida sobre los medios de comunicación.
En febrero, Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato, periodistas españoles con residencia
permanente en Panamá y miembros activos de una organización de derechos humanos, fueron
detenidos y expulsados con la prohibición de volver a entrar en el país. Ambos habían
informado de las protestas contra las políticas mineras y a favor de los derechos
laborales, y el gobierno los había acusado de manipular a los indígenas.
