Se avanzó en la resolución de las reclamaciones de tierras de los sawhoyamaxa y los
kelyenmagategma, pero se siguió negando a otros pueblos indígenas el derecho a sus
tierras tradicionales. Las autoridades intentaron socavar y tergiversar la labor de
los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En octubre se decretó un estado de emergencia de 60 días en los departamentos septentrionales
de Concepción y San Pedro, tras dos ataques atribuidos al Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP), grupo armado de oposición.
En febrero se evaluó, en el marco del examen periódico universal de la ONU, la actuación
de Paraguay en materia de derechos humanos. Los Estados expresaron preocupación por
los derechos de los pueblos indígenas, la impunidad, los derechos de las mujeres
y la discriminación por motivos de raza, origen étnico y orientación sexual.
Tras una visita realizada en marzo, el relator especial de la ONU sobre la libertad
de religión o de creencias expresó preocupación por los retrasos en la promulgación
de leyes contra la discriminación, por la falta de implementación de mecanismos contra
la discriminación, sobre todo en la región del Chaco, y por la escasa presencia y
capacidad de las instituciones del Estado.
En mayo se aprobó un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, tal como
exige el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura.
Se avanzó en la resolución de las reclamaciones de tierras de algunas comunidades
indígenas, aunque se siguió negando a otras el derecho a sus tierras tradicionales.
En septiembre, cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
dictase sentencia a su favor, los sawhoyamaxa firmaron un acuerdo con el gobierno
y los actuales propietarios de las tierras para iniciar el proceso de devolver a la
comunidad sus tierras tradicionales. En virtud de este acuerdo, un organismo gubernamental
iba a comprar una parcela de 14.404 hectáreas a dos empresas radicadas en Puerto Colón
antes de finalizar el año.
En agosto, las autoridades reconocieron formalmente la reclamación de tierras de los
kelyenmagategma y les transfirieron oficialmente la propiedad de 8.700 hectáreas,
que permitieron a la comunidad recuperar parte de su territorio tradicional. La comunidad,
que inició el proceso legal para reclamar parte de sus tierras en el año 2000, había
sufrido amenazas y actos de intimidación que las autoridades no investigaron.
No hubo ninguna resolución sobre las reclamaciones de tierras de los yakye axa ni
de los xámok kásek; tampoco hubo avances significativos en las investigaciones sobre
el presunto rociado con pesticidas en 2009 de las comunidades indígenas de Itakyry.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial examinó la actuación
de Paraguay en agosto y recomendó la adopción de reformas para garantizar que el sistema
de justicia protegía los derechos de los pueblos indígenas. Entre las reformas propuestas
se incluían mecanismos efectivos para presentar quejas y reclamaciones sobre tierras,
lograr la restitución de tierras tradicionales y reconocer plenamente los derechos
sobre las tierras de los indígenas de un modo coordinado y sistemático.
Las autoridades intentaron socavar la labor de quienes defendían los derechos humanos.
En julio, los abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
presentaron una acción de hábeas data en la que solicitaban al fiscal general que
demostrase las acusaciones que había realizado en la prensa, en las que afirmaba que
los abogados de la coordinadora mantenían contacto telefónico con el EPP. Esas acusaciones
se habían realizado en el contexto de la decisión, anunciada por el juez Gustavo Bonzi
a finales de junio, de poner en libertad a 14 personas a las que las autoridades acusaban
de prestar apoyo al EPP en un caso de secuestro; la decisión del juez se basaba en
que los fiscales no habían presentado pruebas sobre la implicación de los acusados.
Los abogados de la CODEHUPY, que representaban a seis de los acusados, habían denunciado
violaciones de las garantías del proceso debido en estos casos. El Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados pidió la suspensión del juez Bonzi por excederse en sus funciones al
poner en libertad a los 14 acusados y, en agosto, el Tribunal de Apelaciones de Concepción
anuló la decisión del juez. Al finalizar el año estaba pendiente una acción de inconstitucionalidad
presentada contra la decisión del Tribunal de Apelaciones.
Cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie, ONG que trabajaba para proteger los derechos
de los grupos indígenas ayoreo, que vivían aislados de la civilización en la región
del Chaco paraguayo, fueron enjuiciados por diversos cargos, entre ellos “lesión de
confianza”. Las investigaciones sobre la organización comenzaron después de que ésta
declarase públicamente su oposición a una expedición científica llamada “Chaco Seco
2010” alegando que podía dañar los derechos de los indígenas aislados de la civilización,
y seguían en curso al final del año.
En julio, Norberto Atilio Bianco, médico militar del centro clandestino de detención
de Campo de Mayo, ubicado en Argentina y que estuvo en funcionamiento en la década
de 1970, fue extraditado desde Paraguay por segunda vez para ser juzgado por apropiación
de bebés nacidos de mujeres que habían sido víctimas de detención ilegítima y desaparición
forzada.
En septiembre, las autoridades informaron de que los restos hallados en una fosa excavada
en una comisaría de policía de Asunción podrían pertenecer a víctimas de violaciones
de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar del general Alfredo Stroessner
(1954-1989). Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en agosto
de 2008, durante el régimen militar al menos 59 personas habían sido ejecutadas,
y otros 336 detenidos fueron víctimas de desaparición forzada.
El sistema de justicia militar investigaba las denuncias de tortura formuladas por
al menos cuatro reclutas de la Academia Militar Francisco Solano López (Academil)
de Capiatá.
