Perú
Jefe del Estado y del gobierno
Alan García Pérez
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
29,5 millones
Esperanza de vida
73,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
38/27 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,6 por ciento

Se siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo e informado a los proyectos de desarrollo que les afectaban. Las autoridades no garantizaron justicia para las víctimas de los sucesos de Bagua de 2009. Pese a algunos avances, persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se continuaron negando los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, especialmente a las indígenas y a las mujeres de ingresos bajos.

Información general

Hubo protestas generalizadas contra el impacto social y ambiental de diversos proyectos de desarrollo en gran escala, como las realizadas en junio por un vertido de petróleo en el río Marañón, en la Amazonía peruana, y por otro de residuos tóxicos en el río Escalera, en la provincia de Huancavelica, así como las manifestaciones de septiembre por la construcción de una presa que afectaría al derecho al agua de la población del distrito de Espinar, en Cusco. En respuesta, el presidente Alan García promulgó en septiembre un decreto ley que permitía el despliegue del ejército para controlar las protestas civiles, lo que suscitó preocupación por la posibilidad de que aumentara el número de incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

Se recibieron informes de enfrentamientos armados en la región andina entre miembros del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y el ejército y la policía.

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Derechos de los pueblos indígenas

En junio, el presidente García se negó a promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, histórica ley que se había redactado con la participación de las comunidades indígenas y que había sido aprobada por el Congreso en mayo. Las autoridades tampoco cumplieron una resolución dictada en junio por el Tribunal Constitucional en la que se pedía la creación de un marco para garantizar la consulta de los pueblos indígenas afectados por proyectos de desarrollo, con arreglo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se otorgaron decenas de nuevas concesiones a empresas para la explotación de petróleo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Impunidad

Centenares de personas heridas y las familias de las 33 personas que perdieron la vida –entre ellas 23 policías– en los enfrentamientos ocurridos en 2009 en un corte de carretera en Bagua, en la región amazónica, seguían esperando a que se hiciera justicia. Se formularon cargos contra 109 civiles, en su mayoría indígenas, y al menos 18 agentes de policía. Al concluir el año, los jueces aún no habían determinado si existían pruebas suficientes para iniciar procedimientos contra los agentes.

  • El dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chota, acusado en relación con la protesta de Bagua, permaneció detenido durante un día a su regreso del exilio en mayo y luego fue puesto en libertad bajo fianza. Al finalizar el año seguían pendientes los cargos penales formulados contra él y otros cuatro dirigentes indígenas.
  • Dos sacerdotes extranjeros corrían el riesgo de ser expulsados del país debido a su labor de defensa de los derechos de las comunidades locales frente a proyectos económicos en gran escala. Uno de ellos, el padre Bartolini, acusado de delitos contra la seguridad pública, fue absuelto en diciembre. En el mismo juicio, cinco dirigentes indígenas y comunitarios fueron declarados culpables y condenados a penas condicionales de cuatro años de prisión. Al parecer, todos los cargos se formularon para obstaculizar la labor de derechos humanos de los acusados. Al finalizar el año estaban pendientes los recursos contra las condenas.
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Derechos laborales

Los sindicalistas Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo fueron puestos en libertad condicional en julio, después de permanecer siete meses en prisión en espera de juicio por el cargo aparentemente infundado de matar a un policía durante una huelga minera en 2008 en la provincia de Huaronchiri. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso contra la decisión de liberarlos.

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Uso excesivo de la fuerza

En abril, cinco manifestantes murieron en Chala, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa, durante una operación policial para controlar una manifestación contra unas medidas legislativas sobre la minería informal que, según los manifestantes, limitarían sus actividades. Se formularon cargos contra el oficial al mando de la operación.

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Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres, y especialmente las indígenas y las mujeres de ingresos bajos residentes en zonas rurales, siguieron teniendo obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Aunque el Ministerio de Salud recurrió la sentencia de 2009 del Tribunal Constitucional por la que éste había resuelto que el Estado no debía suministrar la píldora del día siguiente, no se reanudó la distribución de dicho anticonceptivo. Las autoridades no facilitaron a los profesionales de la salud ningún protocolo sobre el aborto terapéutico, que era legal cuando corrían peligro la vida o la salud de la mujer.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el hecho de que el Estado no aplicara un acuerdo de 2003 para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a más de 2.000 mujeres sometidas a esterilización forzada durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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Mortalidad materna

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó de un descenso significativo de la tasa de mortalidad materna, anteriormente una de las más elevadas de la región. Sin embargo, suscitó preocupación el hecho de que la tasa no hubiera disminuido en las zonas rurales. Las cifras oficiales mostraban también que no había mejorado la situación de las mujeres de las zonas rurales que tenían problemas de transporte para llegar a centros de salud distantes.

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Impunidad: violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

En septiembre se promulgaron varios decretos ley que, en la práctica, redujeron los avances para abordar la impunidad alcanzados los 10 años anteriores. El Congreso votó a favor de revocar el decreto ley 1097, que representaba una amnistía de hecho para los autores de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, no fueron modificados otros dos decretos que permitían que los miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos fueran juzgados por tribunales militares.

Siete años después de que se concluyera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y pese a que hubo algunos progresos, se avanzaba con lentitud en garantizar la verdad, la justicia y la reparación.

Al finalizar el año seguían pendientes las reparaciones individuales, incluida la formalización de la propiedad de las tierras concedidas a familiares y víctimas; esta última era una prioridad acordada por el gobierno en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta al ex presidente Alberto Fujimori en 2009. En octubre, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron declarados culpables del homicidio de 15 personas en 1991, así como de la desaparición forzada de 9 campesinos en la provincia de Santa, en la región de Ancash, y de Pedro Yauri en la provincia de Huaura, región de Lima, en 1992. Sin embargo, millares de casos más seguían sin resolverse.

En noviembre comenzaron los juicios contra varios soldados acusados de matar a 69 personas en 1985 en Accomarca, provincia de Vilcashuamán. Se descubrió una nueva fosa situada en terrenos del cuartel Los Cabitos, provincia de Huamanga, y comenzaron las excavaciones en las fosas comunes de la provincia de Huanta, en el lugar donde se cometió la masacre de la Navidad de 1984 en la que murieron 25 miembros de la comunidad indígena de Putka.

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Condiciones de reclusión

Seguía abierta la prisión de Challapalca, en la provincia de Puno, situada a 4.600 metros sobre el nivel del mar, que estuvo clausurada entre 2005 y 2007. Pese a las garantías de las autoridades de que se iba a clausurar, en octubre aún albergaba a 131 reclusos. La inaccesibilidad de la prisión limitaba la capacidad de los presos para ejercer su derecho a recibir visitas de abogados y médicos.

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Los derechos humanos región a región

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Visitas

  • Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general visitó Perú en octubre y se reunió con autoridades de los Ministerios de Salud, Justicia y Relaciones Exteriores, así como con miembros del Congreso.