Filipinas

El reinicio del conflicto armado provocó el desplazamiento de más de 610.000 personas y la muerte de más de un centenar de civiles en el sur de Filipinas. Las conversaciones entre el gobierno y diversos grupos armados quedaron estancadas. La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas continuaban sin resolverse. Seguía existiendo una cultura de impunidad que alentaba los homicidios por parte de grupos parapoliciales. Los pueblos indígenas continuaban luchando por sus derechos a la tierra al incumplir el gobierno su obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para proyectos urbanísticos en sus territorios tradicionales. Las condiciones de reclusión seguían siendo crueles, inhumanas y degradantes, y las personas menores de 18 años eran objeto de abusos en los centros de detención de menores.

Conflicto armado: Mindanao

En agosto estallaron violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad gubernamentales y el Frente Moro de Liberación Islámica, al dictar el Tribunal Supremo una orden por la que se suspendía temporalmente el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales firmado previamente. El Memorando ampliaba la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y otorgaba mayores poderes económicos y políticos a los dirigentes musulmanes de la región.

El gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica cometieron abusos contra los derechos humanos e infringieron el derecho internacional humanitario durante la reanudación del conflicto. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de más de 610.000 personas, cuya situación se vio agravada por inundaciones, tifones y, según informes, el bloqueo de la ayuda por parte del ejército o gobiernos locales en algunos casos. Más de un centenar de civiles desarmados fueron víctimas de homicidio, algunos en ataques deliberados y otros en ataques indiscriminados de combatientes del Frente Moro. Al parecer, ambas partes incendiaron más de 500 casas.

• En agosto, en un ataque en la provincia de Lanao del Norte, el Frente Moro de Liberación Islámica mató al menos a 33 civiles y tomó más de 70 rehenes, entre los que había ancianos, mujeres y niños.

Según informes, el Frente Moro adiestró a niños y niñas de tan sólo 13 años para las Fuerzas Armadas Islámicas de Bangsamoro.

Las fuerzas armadas de Filipinas no protegieron a la población civil de los ataques del Frente Moro de Liberación Islámica y mataron a varios civiles en ataques terrestres y bombardeos aéreos. Al parecer, en su intento de localizar a jefes del Frente Moro, las fuerzas de seguridad torturaron a varios civiles musulmanes, de los cuales al menos dos murieron.

El gobierno armó a las milicias. En agosto, la policía anunció la distribución de 12.000 escopetas a «tropas auxiliares». Algunas autoridades locales alentaron a la población civil a proveerse de armas para su protección.

"Personas no identificadas mataron a no menos de 11 periodistas, en su mayoría comentaristas de radio, en distintos incidentes."

Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

La política nacional de contrainsurgencia no hacía diferencias entre los combatientes del Nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas, y los activistas de organizaciones legales. Continuaron las denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y presentación de causas penales contra activistas, disidentes políticos y personal de ONG por motivos aparentemente falsos.

En abril, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentó su informe, en el que afirmó: «Con esas muertes se ha eliminado a dirigentes de la sociedad civil, incluidos defensores de los derechos humanos, sindicalistas y partidarios de la reforma agraria, se ha intimidado a un gran número de agentes de la sociedad civil y se ha restringido el discurso político en el país».

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que, con el asesinato de los activistas Eden Marcellana y Eddie Gumanoy en 2003, el gobierno había violado disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y afirmó que el hecho de no investigar los homicidios constituía «una denegación de justicia».

Las investigaciones efectivas sobre denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron escasas, y en raras ocasiones se condenó a los responsables. Muchos casos no fueron enjuiciados por falta de pruebas, a menudo debido al temor de los testigos a sufrir represalias. Sólo se resolvieron dos de los cientos de casos denunciados en años anteriores, y ningún oficial de alta graduación fue procesado.

• En julio, un Tribunal Regional de la provincia de Agusan del Sur dictó una sentencia histórica al declarar al cabo de las Fuerzas Armadas Rodrigo Billones culpable del secuestro y la detención ilegal de seis personas, sospechosas de ser comunistas insurgentes, en 2000. Un testigo militar afirmó que las víctimas habían sido torturadas. Rodrigo Billones fue condenado a cadena perpetua.

• En septiembre, James Balao, activista de los derechos de los pueblos indígenas y cofundador del grupo Alianza del Pueblo de Cordillera, fue secuestrado por hombres armados que afirmaron ser agentes de policía. La Alianza del Pueblo de Cordillera creía que James Balao estaba recluido en un centro de las fuerzas de seguridad no revelado.

• En septiembre, el Tribunal de Apelaciones dictó las órdenes de amparo y hábeas corpus solicitadas por las familias de las estudiantes desaparecidas Sherlyn Cadapan y Karen Empeño, que habían sido secuestradas en 2006. El Tribunal ordenó que ambas quedasen en libertad, afirmando que la decisión se refería a «algunas personas equivocadas y con pretensiones de superioridad moral que recurren al proceso extrajudicial de anulación de quienes están en desacuerdo con el sistema democrático de gobierno del país». Sin embargo, el tribunal no permitió que se inspeccionasen centros e instalaciones militares, y continuaba sin conocerse el paradero de las estudiantes.

• En octubre, el Tribunal Supremo confirmó la orden de amparo dictada por el Tribunal de Apelaciones que concedía a los hermanos Raymond y Reynaldo Manalo protección frente al hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Los hermanos habían permanecido recluidos ilegalmente por el ejército durante 18 meses y habían sufrido tortura y trato cruel, inhumano y degradante antes de escapar, en 2007.

Libertad de expresión

Personas no identificadas mataron a no menos de 11 periodistas, en su mayoría comentaristas de radio, en distintos incidentes. Según el presidente del Tribunal Supremo, entre 2001 y 2008 murieron en torno a 70 periodistas y, de las causas abiertas por esos homicidios, sólo una se había resuelto, seis estaban siendo juzgadas y 18 se estaban investigando.

Derechos de los pueblos indígenas

A pesar de la protección que ofrecía la ley, los pueblos indígenas luchaban por que se respetasen sus derechos a la tierra y a decidir cómo querían explotar sus propios territorios tradicionales y los recursos que albergaban.

El gobierno intensificó sus intentos de atraer a empresas mineras para que invirtiesen en la enorme cantidad de recursos minerales sin explotar existentes en el país, que en su mayor parte se encontraban en territorios ancestrales de pueblos indígenas. Comunidades indígenas quedaron desplazadas y cientos de personas fueron desalojadas por la fuerza en yacimientos de todo el país. En muchos casos no se pidió el consentimiento previo, libre e informado. En octubre, el ministro de Defensa anunció que el gobierno desplegaría más tropas en zonas mineras y permitiría que las empresas mineras creasen milicias, adiestradas y supervisadas por soldados, para garantizar la defensa de sus intereses mineros contra el Nuevo Ejército del Pueblo.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión continuaban siendo crueles, inhumanas y degradantes. En las prisiones y los centros de detención seguía existiendo hacinamiento y los alimentos estaban a menudo estropeados.

A pesar de las salvaguardas legislativas y procesales, los menores permanecían recluidos junto con adultos en condiciones deficientes y continuaban corriendo peligro de sufrir abusos físicos y sexuales.

Los medios de comunicación pusieron de relieve la discriminación existente en las prisiones e informaron de la existencia de 6.000 celdas privadas especiales –según informes en algunos casos con servicios como camas grandes y televisores LCD– a disposición de personas ricas e influyentes.