Benigno “Noynoy” Aquino III inició su segundo año como presidente en junio. Continuaban
saliendo a la luz casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas,
y seguían sin resolverse centenares de casos registrados en el pasado. En septiembre
comenzó el primer proceso penal por tortura celebrado hasta la fecha. Hombres y mujeres
continuaron sufriendo graves restricciones a su derecho a la salud sexual y reproductiva,
incluido el acceso a métodos anticonceptivos. En agosto, Filipinas ratificó el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional.
En febrero, el gobierno comenzó las conversaciones de paz con los dos principales
grupos armados de oposición: el Frente Moro de Liberación Islámica y el Partido Comunista
de Filipinas-Nuevo Ejército del Pueblo. Tras una disminución de las hostilidades,
los enfrentamientos estallaron de nuevo meses después.
En octubre comenzaron las hostilidades entre las fuerzas armadas y el Frente Moro
de Liberación Islámica en la isla meridional de Basilan, en lo que constituyó el peor
enfrentamiento desde el conflicto de 2008-2009 en la isla de Mindanao. Se encomendó
al comité conjunto para el cese de hostilidades la tarea de investigar la afirmación
del ejército de que el Frente Moro de Liberación Islámica había capturado y ejecutado
sumariamente a 6 de los 19 soldados muertos en el enfrentamiento. Una incursión militar
para apresar a miembros del grupo armado Abu Sayyaf recurrió a bombardeos aéreos y
ataques por tierra, lo que provocó el desplazamiento de hasta 30.000 civiles. Según
los informes, al menos un civil perdió la vida.
En octubre, fuerzas del Nuevo Ejército del Pueblo atacaron explotaciones mineras privadas
en la provincia de Surigao del Norte, en el norte de Mindanao, y mataron a tres guardas
de seguridad. Como respuesta, el presidente Aquino aprobó la política del gobierno
anterior de aumentar la seguridad en las explotaciones mineras privadas recurriendo
a los servicios de milicias civiles. Estas milicias, que actuaban sin rendición de
cuentas ni la necesaria disciplina militar, habían participado en casos de tortura,
detención arbitraria y homicidios de líderes indígenas locales.
Periodistas y activistas políticos continuaban siendo víctimas de homicidios por motivos
políticos. En noviembre, Estados Unidos anunció que retiraría parte de su ayuda militar
hasta que Filipinas avanzase en la resolución de las ejecuciones extrajudiciales.
En febrero, unos hombres que afirmaron pertenecer a la Agencia de Control de Drogas
de Filipinas secuestraron a Rodel Estrellado, miembro del partido político de izquierdas
Bayan Muna, cerca de su casa en la provincia de Albay. Tras dos días de búsqueda,
su familia encontró su cadáver en un tanatorio; lo habían registrado con un nombre
falso. Varias horas antes del secuestro, las fuerzas armadas habían hecho pública
una declaración en la que afirmaban que una persona con ese mismo nombre había muerto
en un enfrentamiento armado en otra provincia. En mayo, el ejército confirmó que nueve
soldados, incluidos dos oficiales, habían sido acusados de su asesinato.
Al menos tres periodistas fueron víctimas de homicidio. Uno de ellos fue Gerardo Ortega,
que murió en enero. Ortega trabajaba como locutor radiofónico en la isla de Palawan
y se había opuesto a las operaciones mineras en la isla. La policía detuvo a un presunto
pistolero y rastreó el arma hasta llegar a un ex empleado del gobernador provincial
Joel Reyes, al que Ortega había criticado por corrupción. En junio, el Departamento
de Justicia retiró los cargos de asesinato contra el gobernador.
Transcurridos dos años desde los hechos, continuaron los juicios de los presuntos
autores de la matanza de Maguindanao, en la que un grupo armado mató a 57 personas
que acompañaban a una caravana electoral en la isla de Mindanao. La policía había
detenido al menos a 93 sospechosos, incluidos varios ex funcionarios locales, pero
al final del año no se había condenado a nadie.
Seguían sin resolverse centenares de casos de desapariciones forzadas. Según cifras
publicadas en agosto por la organización Familias de Víctimas de Desaparición Involuntaria,
el promedio anual de desapariciones forzadas apenas había cambiado desde el derrocamiento
de Ferdinand Marcos en 1986. El número de casos documentados durante sus 21 años de
gobierno ascendía a 875, mientras que en los 25 años transcurridos desde entonces
se habían registrado 945.
En julio, el Tribunal Supremo ordenó a las fuerzas armadas que entregasen a Jonas
Burgos, activista al que habían secuestrado en un centro comercial de Manila en 2007,
en un automóvil del que previamente se había incautado el ejército. En su informe
al tribunal, la Comisión de Derechos Humanos recomendó que se presentasen cargos penales
contra un comandante al que un testigo había implicado en los hechos. En junio, al
ver que el gobierno no había presentado cargos contra el comandante, la madre de Burgos
interpuso una querella.
En julio, el Senado aprobó un proyecto de ley histórico para tipificar como delito
las desapariciones forzadas. El proyecto, que se había presentado por primera vez
en 1995, estaba pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes.
Por primera vez se procesó a miembros de las fuerzas de seguridad con arreglo a la
legislación penal contra la tortura. Sin embargo, continuaron recibiéndose denuncias
de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. El procesamiento
de presuntos delincuentes seguía dependiendo en gran medida de testimonios individuales,
incluidas confesiones obtenidas bajo coacción.
En septiembre, la fiscalía abrió la primera causa penal con arreglo a la Ley contra
la Tortura de 2009. El Departamento de Justicia recomendó que se presentasen cargos
penales contra un inspector superior de policía y seis agentes. En un vídeo grabado
con un teléfono móvil en 2010 se veía al sospechoso de robo Darius Evangelista retorciéndose
de dolor mientras el inspector de policía tiraba de un cordón atado al pene del detenido;
el vídeo fue emitido en un programa informativo de televisión en agosto de ese año.
En agosto, cuatro soldados de una unidad especial del ejército fueron detenidos en
relación con las presuntas torturas infligidas a Abdul Khan Ajid en julio. Fueron
acusados de rociarlo con gasolina y prenderle fuego para obligarlo a confesar su pertenencia
a Abu Sayyaf. Los cuatro soldados, incluido un oficial, fueron relevados de sus obligaciones
en la provincia de Basilan, en espera de ser imputados.
Los activistas pacíficos corrían peligro de ser hostigados, detenidos y recluidos
por las fuerzas armadas en zonas en donde se habían desplegado batallones.
En febrero, oficiales del ejército detuvieron al periodista Ericson Acosta en la provincia
de Samar. Durante el interrogatorio al que lo sometieron en un campamento militar
lo amenazaron de muerte si no confesaba ser dirigente del Partido Comunista de Filipinas,
que ya no era ilegal. Posteriormente, los militares presentaron cargos contra Acosta
por un delito que no admitía la posibilidad de fianza: posesión ilegal de explosivos.
Aunque la Ley de Juicios Rápidos establecía un máximo de 180 días desde la vista incoatoria
hasta la celebración del juicio, al terminar el año, cuando ya habían transcurrido
10 meses, el periodista continuaba encarcelado sin juicio.
Las políticas del gobierno sobre control de la natalidad discriminaban a las mujeres
y vulneraban su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, al restringir
su acceso a los métodos anticonceptivos y a la información sobre planificación familiar.
El aborto siguió penalizado en todas las circunstancias, a menos que una junta médica
certificase que el embarazo ponía en peligro la vida de la mujer. Continuó en el Congreso
el debate acerca del proyecto de ley sobre salud reproductiva, que pretendía eliminar
los obstáculos y las prohibiciones existentes en relación con los servicios y la información
relativos a la salud reproductiva.
En enero, las autoridades de un distrito de Manila aprobaron una ordenanza que prohibía
la educación sexual, los preservativos, las píldoras anticonceptivas y otros dispositivos
anticonceptivos. La ordenanza exigía prescripción facultativa para la compra de preservativos,
e imponía sanciones por anunciar métodos de control de la natalidad.
En marzo, el presidente Aquino reconoció en un discurso la magnitud de los abortos
ilegales realizados en condiciones de riesgo en Filipinas y afirmó que cada año se
practicaban 300.000 “abortos provocados”.
Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero continuaban siendo objeto de violencia
y discriminación; según Philippine LGBT Hate Crime Watch, en la primera mitad de 2011
se cometieron 28 homicidios motivados por prejuicios contra este colectivo. El proyecto
de ley contra la discriminación presentado en 1999 continuaba bloqueado en el Congreso.
