Polonia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Polonia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Polonia is now live »

Jefe del Estado : Lech Kaczyński
Jefe del gobierno : Donald Tusk (sustituyó a Jarosław Kaczyński en noviembre)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 38,5 millones
Esperanza de vida : 75,2
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 10/9 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,8 por ciento

Polonia negó las acusaciones según las cuales había permitido la existencia de centros estadounidenses de detención secreta en su territorio y rechazó varias peticiones para que se reabriera una investigación sobre el asunto. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguían siendo objeto de discriminación e intolerancia. Existían motivos de preocupación sobre las condiciones de reclusión de los solicitantes de asilo y sobre los derechos que asistían a las personas con permiso de «estancia autorizada».

Información general

El Parlamento (Sejm) votó a favor de su disolución el 7 de septiembre, tras perder la coalición gobernante la mayoría debido a la retirada de uno de los partidos que la formaban, y en octubre se celebraron elecciones parlamentarias anticipadas. El índice de participación en los comicios fue el más elevado desde las primeras elecciones de la era poscomunista, celebradas en 1991. La hasta entonces opositora Plataforma Cívica ganó las elecciones y formó gobierno en noviembre. El nuevo gobierno continuó con la política de su predecesor de oponerse a la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la legislación polaca.

«Guerra contra el terror»

La presunta implicación de Polonia en el programa estadounidense de detenciones secretas y vuelos para «entregas extraordinarias» siguió siendo motivo de preocupación. En febrero, la Comisión Temporal del Parlamento Europeo sobre la Presunta Utilización de Países Europeos por la CIA para el Transporte y la Detención Ilegal de Presos concluyó que Polonia no había investigado debidamente las denuncias según las cuales Estados Unidos tenía instalaciones de detención secreta en territorio polaco, que las investigaciones no se habían realizado de manera independiente y que las declaraciones del gobierno polaco a la delegación de la Comisión Temporal eran contradictorias y comprometedoras.

En abril, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Polonia a revelar detalles de su investigación parlamentaria sobre la presencia de centros de detención secreta de la CIA en el país. En sus observaciones finales, publicadas en julio, el Comité expresó su preocupación por las persistentes denuncias sobre la participación de Polonia en entregas extraordinarias. Cuando le preguntaron por el asunto, el entonces primer ministro, Jarosław Kaczyński, manifestó que el gobierno consideraba tales denuncias un «asunto cerrado».

En junio, Dick Marty, relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las detenciones secretas, hizo público un segundo informe en el que revelaba nuevas pruebas sobre la reclusión de detenidos «de alto valor» bajo custodia estadounidense en centros clandestinos instalados en Polonia y Rumania durante el periodo 2002-2005. Un acuerdo secreto firmado en 2001 entre los miembros de la OTAN proporcionó la base para estas y otras actividades ilegales de la CIA en Europa, según el informe del relator.

También en junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa comentó que se había podido establecer ya, con un elevado índice de probabilidad, que durante algunos años habían existido en Polonia y Rumania centros de detención secreta gestionados por laCIA como parte de su programa de detenidos «de alto valor». La Asamblea Parlamentaria hizo un llamamiento a la vigilancia democrática de los servicios de inteligencia extranjeros que actuaban en ambos países, y también solicitó investigaciones transparentes e indemnizaciones para las víctimas de detención y traslado ilegales. Polonia negó toda relación con los centros de detención secreta.

En respuesta a esta negativa, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, escribió en julio al gobierno para recordarle que, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tenía la obligación de esclarecer si las denuncias eran ciertas. En 2005, el comisario había advertido a los Estados miembros que podían ser sancionados –incluso con la suspensión del derecho de voto en la Unión Europea– si se demostraba que habían participado en el sistema de detención secreta de la CIA. Al terminar el año, Polonia no había respondido.

En septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes denunció el uso de la detención secreta y las entregas extraordinarias en la lucha contra el terrorismo.

Discriminación por la orientación sexual

Persistieron las actitudes discriminatorias hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Políticos que ocupaban cargos de máxima responsabilidad, entre ellos el presidente, Lech Kaczyński, y el entonces viceprimer ministro y ministro de Educación, Roman Giertych, seguían utilizando expresiones abiertamente homófobas.

También suscitaron preocupación las propuestas anunciadas en marzo por el gobierno destinadas a «prohibir la promoción de la homosexualidad y otras desviaciones» en las escuelas polacas y a sancionar a quienes promoviesen «la homosexualidad o cualquier otra desviación de índole sexual en entornos educativos». El incumplimiento de estas medidas podría ser causa de despido, multa o encarcelamiento.

Aunque estas medidas no llegaron a ponerse en práctica debido a la disolución del Parlamento, las instituciones europeas advirtieron que tales medidas supondrían el quebrantamiento de las obligaciones internacionales de Polonia, la Constitución polaca y los compromisos contraídos por Polonia al ingresar en la Unión Europea en 2004. Además, significarían la institucionalización de la discriminación en el sistema educativo polaco y la criminalización de cualquier persona que promoviese la igualdad.

El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea, Vladimir Špidla, afirmó que la Comisión Europea emplearía todas las atribuciones e instrumentos a su disposición para combatir la homofobia. Por su parte, el Parlamento Europeo expresó su indignación y preocupación por el aumento de la intolerancia hacia la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en toda Europa y, señalando en particular a las autoridades polacas, les pidió que condenasen públicamente las declaraciones de altos cargos públicos que incitaban a la discriminación y el odio basados en la orientación sexual y que adoptasen medidas para atajarlas.

En junio, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa expresó su profunda preocupación por algunos aspectos de la postura del gobierno polaco con respecto a la comunidad delesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. El comisario consideró que el retrato y la descripción que se hacían de la homosexualidad eran ofensivos y no conformes a los principios de igualdad, diversidad y respeto por los derechos humanos de todas las personas. También expresó su preocupación por las medidas propuestas para penalizar la presunta promoción de la homosexualidad en las escuelas. El comisario deploró «todos los casos de apología del odio hacia los homosexuales» y pidió a las autoridades polacas que secundaran su postura.

Libertad de expresión

En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó un recurso de Polonia contra su fallo inicial, dictado en mayo, en favor de los activistas de los derechos de la comunidad delesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Polonia. Los activistas habían impugnado con éxito la prohibición de celebrar la Marcha por la Igualdad en Varsovia en junio de 2005 por quien entonces era alcalde de Varsovia y en 2007 presidente del país, Lech Kaczyński. El tribunal sostuvo su decisión unánime inicial de que la prohibición era ilegal y discriminatoria.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las personas con permiso de «estancia autorizada», muchas de las cuales eran chechenas procedentes de la Federación Rusa, siguieron siendo excluidas de los programas de integración, a los que sólo tenían acceso los refugiados reconocidos como tales.

Hubo denuncias según las cuales en algunos centros de detención los solicitantes de asilo no recibían asistencia médica adecuada. El Comité de la ONU contra la Tortura también expresó su preocupación por las condiciones imperantes en las zonas de tránsito y los centros de detención para las personas de nacionalidad extranjera que estaban en espera de expulsión.

  • A pesar de las peticiones en ese sentido, las autoridades no contestaron a las preguntas relacionadas con la muerte de un ciudadano checheno procedente de la Federación Rusa, Isa Abubakarow, ocurrida en octubre de 2006, al parecer por no recibir la asistencia médica adecuada. Lo habían enviado al centro de detención para refugiados de Lesznowola tras su devolución a Polonia desde Bélgica en junio de 2006. El Defensor del Pueblo de Polonia presentó ante el fiscal regional de Grójec una denuncia en relación con las condiciones de acogida y la falta de asistencia médica en el centro de Lesznowola, que seguía pendiente de resolución al terminar el año.

Pena de muerte

Aunque el gobierno se opuso en septiembre a las propuestas del Consejo de Europa para instaurar el Día Europeo contra la Pena de Muerte, el nuevo gobierno anunció en diciembre su apoyo a la iniciativa.

Discriminación contra las mujeres

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el rechazo reiterado del Parlamento a una ley integral sobre igualdad de género, y también por la abolición en 2005 del cargo de Plenipotenciario del Gobierno para la Igualdad entre el Hombre y la Mujer. El nuevo gobierno rehusó restablecer el cargo pese a los llamamientos de las ONG.

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