Polonia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Polonia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Polonia is now live »

Jefe del Estado
Lech Kaczyński
Jefe del gobierno
Donald Tusk
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
38,1 millones
Esperanza de vida
75,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
9/7 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,3 por ciento

Los resultados de una investigación sobre la presunta participación de Polonia en el programa de entregas (transferencias ilegales de sospechosos de terrorismo entre países) y detención secreta dirigido por Estados Unidos seguían siendo información clasificada. Polonia fue remitida al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber incorporado a su derecho interno la legislación de la Unión Europea que prohíbe la discriminación basada en el género. Organismos internacionales criticaron los impedimentos que obstaculizaban el acceso de las mujeres a ciertos servicios de salud reproductiva, como el aborto, incluso cuando sus vidas corrían peligro. Se criticó a Polonia por utilizar legislación que tipificaba la difamación como delito de derecho penal.

Seguridad y medidas antiterroristas

El fiscal general continuó investigando las denuncias de que Polonia albergaba un centro secreto de detención donde la CIA había interrogado a “detenidos de alto valor” en 2002 y 2003. En abril, Roman Giertych, ex presidente de una comisión parlamentaria, dijo que había presentado pruebas documentales de posibles actos delictivos al gobierno en 2006. Las conclusiones de la comisión seguían siendo información clasificada. El ex presidente Aleksander Kwasniewski y otros ex cargos públicos negaron las acusaciones pero reconocieron que la cooperación entre la CIA y el servicio de inteligencia polaco seguía existiendo.

También en abril, la emisora de televisión TVP y el periódico Rzeczpospolita difundieron información sobre nuevos indicios de la implicación de Polonia, entre ellas un libro de registro de vuelos del aeropuerto de Szymany, donde, según los informes, aviones estadounidenses habían aterrizado periódicamente en 2002 y 2003.

En julio, el fiscal general comunicó a Amnistía Internacional que en marzo de 2008 su oficina había iniciado una investigación sobre posibles abusos de superioridad por parte de funcionarios públicos en relación con las operaciones secretas de la CIA en Europa, pero, por tratarse de información clasificada, no se harían públicos el ámbito y alcance de dicha investigación ni la metodología utilizada.

Discriminación

En mayo, la Comisión Europea remitió a Polonia al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber incorporado a su derecho interno la legislación de la Unión Europea que prohíbe la discriminación basada en el género en el acceso y la prestación de bienes y servicios. Al terminar el año no se había promulgado legislación contra la discriminación. No obstante, el gobierno sí elaboró un anteproyecto de ley que reforzaba las atribuciones del Defensor del Pueblo polaco para que actuara como órgano garante de la igualdad.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres tuvieron dificultades para acceder a los servicios de aborto del sistema de salud incluso en los casos legalmente autorizados, como cuando su vida corría peligro. No se exigieron responsabilidades a los proveedores de servicios médicos y las instituciones de salud por negar el acceso a unos servicios de salud legítimos, ni por las consecuencias de esa negación para la vida y la salud de las mujeres. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU criticó a Polonia por no garantizar servicios básicos de salud sexual y reproductiva, como la contracepción y la planificación familiar.

El Parlamento aprobó la Ley sobre los Derechos del Paciente y el Defensor de los Derechos del Paciente, que permitía a cualquier paciente presentar una objeción contra la opinión o la decisión de un médico. La ley se promulgó a raíz de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitida en 2007 en la causa Tysiąc v. Poland, según la cual Polonia había violado el derecho al respeto de la vida privada porque no proporcionaba medios oportunos y efectivos a las mujeres para poder recurrir contra la decisión médica de negarles acceso a los servicios de aborto. No obstante, la nueva ley exigía al Consejo Médico que emitiera una decisión sobre una queja en el plazo de 30 días, plazo que podía suponer una demora excesiva para ciertos tratamientos médicos y, por tanto, una violación del derecho a la salud. Además, el Consejo Médico estaba autorizado a devolver sin respuesta la queja de un paciente si éste no era capaz de citar la base jurídica de los derechos u obligaciones reclamadas. La necesidad de contratar los servicios de un abogado tenía un gran efecto disuasorio en los pacientes que procedían de grupos sociales con ingresos medios o reducidos.

  • En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió al gobierno que esclareciera las circunstancias de la muerte de Z., una mujer de 25 años embarazada que había fallecido en septiembre de 2004. Meses antes se le habían diagnosticado una colitis ulcerosa y un absceso que había requerido tres operaciones para su extirpación. Aunque estuvo ingresada en varios hospitales, en ninguno de ellos la sometieron a una endoscopia completa y otras pruebas diagnósticas por temor a poner en peligro la vida del feto, a pesar de los ruegos de la familia. Z. perdió a su hijo el 5 de septiembre, en el quinto mes de embarazo, y murió el 29 de septiembre a causa de un choque séptico.

Sistema de justicia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una resolución sobre la detención preventiva y el hacinamiento en las cárceles de Polonia.

  • En febrero, en la causa Kauczor v. Poland, el Tribunal concluyó que el gran número de casos de detención preventiva excesivamente prolongada evidenciaba el “mal funcionamiento del sistema de justicia penal polaco”, que afectaba a muchísimas personas.
  • En la causa Jamrozy v. Poland, el Tribunal resolvió en septiembre que la excesiva duración de la detención previa al juicio –más de dos años– vulneraba el derecho de las personas a ser juzgadas en un tiempo razonable o quedar en libertad en espera de juicio.
  • En octubre, el Tribunal resolvió que Polonia había violado la prohibición de tortura o trato degradante. Krzysztof Orchowski había permanecido la mayor parte de su condena en una celda cuyo espacio habitable era inferior a 3 metros cuadrados y, en ocasiones, a 2 metros cuadrados. El gobierno reconoció que el hacinamiento en los centros penitenciarios era sistémico.

Libertad de expresión

Penalizar la difamación, delito punible con hasta dos años de cárcel para los periodistas (artículo 212 del Código Penal) tuvo, al menos en un caso, efectos perjudiciales para la libertad de expresión.

  • En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Polonia había violado el derecho a la libertad de expresión. En el año 2000 se había declarado al periodista Jacek Długołęcki culpable de insultos a un político en aplicación del artículo 212 y se le había impuesto una multa. El fallo del Tribunal Europeo señalaba que la pena impuesta había constituido una forma de censura y que era probable que la condena hubiese disuadido a los periodistas de contribuir al debate público o de desempeñar su labor de vigilancia pública.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Refugiados y solicitantes de asilo siguieron teniendo dificultades de acceso a los servicios de asistencia médica y al mercado laboral. En diciembre, unos 200 solicitantes de asilo, de Georgia y Chechenia en su mayoría, viajaron hasta Estrasburgo sin billete ni documento de identidad en señal de protesta por las condiciones de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Polonia.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar